El diputado del PRI, Omar Bazán, propuso reforma para que se aplique hasta 7 años de cárcel al desabasto de medicinas o quien niegue surtir las recetas.
Se impondrá de seis meses a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días a quien, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:
Incluye Omar Bazán que se considerará delito a quien niegue a una persona con servicio médico con cargo al Estado la medida terapéutica ordenada por el médico o los medicamentos recetados por éste.
Quien niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y, además, se le podrá imponer suspensión, destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la sanción impuesta.
Este delito se perseguirá previa querella.
Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público quien: Teniendo un empleo, cargo o comisión en los establecimientos del sector salud a cargo del Gobierno del Estado con facultades de decisión para la adquisición de insumos y medicamentos hospitalarios fomente o propicie de cualquier forma su desabasto con hasta siete años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.
En el plan estatal anual para el abasto de insumos y medicamentos se deberá contemplar el sistema para el seguimiento y evaluación que deberá contener cuando menos:
a) la elaboración de estudios diagnósticos sobre el proceso de abasto de medicamentos en las instituciones públicas (planeación, compra y distribución) para detectar áreas susceptibles de mejora;
b) la capacitación del personal de las instituciones públicas en actividades de planeación, compra (tercerización, compra consolidada, compras rápidas), distribución (entregas en puntos de consumo) y manejo de inventarios de medicamentos;
c) el diseño de sitios en internet con información relevante para la compra de medicamentos (proveedores, precios de mercado), y
d) el monitoreo periódico de los niveles de surtimiento completo de recetas.