Integrar el feminicidio en el artículo 19 Constitucional ¿acierto o desatino?

Columna | La perspectiva

Por Rita A. Muciño Corro

 

El papel del movimiento feminista en México, ha sido fundamental para el reconocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres, desde la posibilidad de votar en 1953, hasta la articulación de múltiples acciones estatales orientadas a garantizar el ejercicio pleno de su ciudadanía y acceso a derechos.

Uno de los logros más destacados es el que se reconozca la violencia por razón de género como falta administrativa, violación a derechos humanos y delito. Esto se debió en gran medida, al activismo surgido a raíz de la desaparición y homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En este contexto, el gobierno federal efectuó importantes acciones, entre las que destacan, la incorporación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal, al igual que en la creación de fiscalías para la investigación de dichos acontecimientos. Esto fue considerado como un avance significativo tanto por el Estado mismo, como para la sociedad civil y comunidad internacional.

Si bien es pertinente asegurar que las autoridades investiguen con perspectiva de género los hechos en torno a la muerte violenta de una mujer, la prevención, atención y erradicación de este problema, no ocurrirá con el solo recrudecimiento y tratamiento exclusivo por la vía penal.

Recientemente la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución, para aumentar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, entre ellos, el de feminicidio. El procedimiento de deliberación, fue precedido por una serie de audiencias en las que organizaciones de la sociedad civil y personas expertas, explicaron desde los enfoques de género y derechos humanos, la inconveniencia de engrosar este listado. 

Entonces, ¿cuáles son los peligros de ampliar el catálogo de delitos? ¿por qué no incluir el de feminicidio?

Al respecto Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostiene que la prisión preventiva oficiosa, violenta los derechos humanos, específicamente a la libertad personal y la presunción de inocencia; pone en riesgo a las personas frente al abuso de poder y no incentiva la realización de una investigación diligente.

Por lo que hace al uso del derecho penal para atender temas de género, se advierte que, la “elevación de penas como si éste fuera el mecanismo idóneo para conseguir una mayor protección de las mujeres”, es “un estilo de discurso feminista que no comparte las dudas ni las reticencias originarias del movimiento feminista respecto de la intervención del derecho penal”. En torno a este debate, Lucía Núñez Rebolledo expone que:

la legislación penal ha sido redactada desde la visión dominante de los hombres, (…) lo que no sólo ignoró las condiciones sociales donde se prohíja la violencia contra las mujeres sino que también promovió una especial protección hacia ellas como irremediablemente débiles y de poco entendimiento” .

De manera similar Jael Arias y Sebastian Elía, aseguran que el abordaje penal no es el idóneo para resolver un conflicto social complejo, manifestando que deben instaurarse “medidas que se constituyan como alternativas a la inflación penal que puedan dar al menos algunas respuestas a la situación que vive la mujer”.

Otra circunstancia que pone en duda la eficacia del punitivismo, es el escaso impacto que la tipificación del feminicidio ha tenido para desincentivar su comisión. De acuerdo con información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las indagatorias por este delito, han incrementado en los últimos tres años, de la siguiente manera:

Presuntos delitos de feminicidio

Año

2016

2017

2018

Total

585

736

845

 *Tabla comparativa de elaboración propia con información obtenida del reporte “Información sobre violencia contra las mujeres”, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Poner fin a la violencia contra las mujeres, implica comprender la construcción del individuo como ser social, conocer los procesos que llevan a la persona a infringir un daño y demás aspectos vinculados con este fenómeno.

Es necesario que el Estado cuente con una agenda articulada y eficiente, ya que mientras continúe privilegiando la reacción sobre la prevención, difícilmente se podrá alcanzar la conformación de una sociedad pacífica.

Jarab, Jan, “Seis mitos sobre la prisión preventiva oficiosa”, en Animal Político, 19 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/seis-mitos-sobre-la-prision-preventiva-oficiosa/

Larrauri Pijoan, Elena. Criminología Crítica y violencia de género. Página 56. Editorial Trotta.

Núñez Rebolledo, Lucía. Contribución a la crítica del feminismo punitivo. Página 189. En: Huacuz Elías, María Guadalupe (coordinadora). La bifurcación del caos. Reflexiones interdisciplinarias sobre violencia falocéntrica. Universidad Autónoma Metropolitana (2011).

Arias Shcron, Jael & Elía, Sebastián. Activismo de género y poder punitivo: Aspectos edificantes de la perspectiva de género y consideraciones críticas del punitivismo como alternativa de resolución de conflictos. Página 30. (2015), disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/03/doctrina43005.pdf

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Nepotismo, conflicto de interés o chisme político

El Centro de Atención y Prevención Psicológica que dirige Rosa María Hernández, no salió tan bien librado durante las revisiones y auditorías que realizó el síndico Amín Anchondo Álvarez en el periodo de enero a marzo y que presentó ayer durante su Segundo Informe de Actividades.  

Durante la revisión al organismo descentralizado, la Sindicatura identificó tres casos que encuadran en el supuesto de nepotismo, por lo que fue presentada ante el Órgano Interno de Control una carpeta, aparentemente bien sustentada para que determine las sanciones correspondientes, claro..  de ser el caso.

Se trata, detalló Anchondo Álvarez, de la contratación de tres personas que son familiares directos de dos funcionarios con poder de decisión en el Cappsi.

Y no sólo eso, sino que debido a la inquietud de la regidora Catalina Bustillos, la Sindicatura realizó una revisión al organismo para verificar sus estados financieros, lo que arrojó una observación al organismo debido a un subejercicio de tres millones 414 mil pesos, lo que tendrá que ser explicado pues representa el 25 por ciento de su presupuesto.

Al revisar la cuenta Congresos y Convenciones, se identificó el pago de una factura a un proveedor que se presume como hermano de un funcionario que se desempeña en el organismo, situación que encuadra en el supuesto de conflicto de interés, por lo que se integraron las pruebas y se turnaron al Órgano Interno de Control para que determine las sanciones correspondientes de ser el caso.

La alcaldesa Maru Campos señaló que tales afirmaciones sobre un posible caso de nepotismo o alguna otra irregularidad, son muy delicadas pues se habla de la dignidad y buen nombre de las personas, por lo que pidió que antes de hacer chisme político se investigue bien...

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, dijo Campos Galván, se encuadra en un delito cuando un servidor público de primer nivel, en este caso la alcaldesa o los directores, tiene una relación consanguínea hasta el cuarto grado con alguna persona que trabaja en la administración y en el casi del Cappsi la Directora no tiene ninguna relación familiar con ninguna de las personas que trabajan en el organismo ni con ninguna persona al interior de la Presidencia.

Habrá que esperar que Órgano Interno de Control emita una resolución en relación si existe o no sanciones administrativas por nepotismo en el Cappsi, para lo que tiene un plazo de 30 días.

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