Secuestros se fijan por criterios federales no particulares, afirma Peniche

El Fiscal General del Estado, César Peniche Espejel aseguró que la estadística criminal que se da a conocer se apega estrictamente a los criterios que se marcan por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyendo el delito de secuestro.

Lo anterior en respuesta a la organización “Alto al Secuestro” luego de que se dieron a conocer los 5 casos que se tienen registrados en Chihuahua durante enero y febrero 2019.

Peniche Espejel mencionó que la estadística criminal no puede manejarse bajo la percepción o criterio de diversos actores y reiteró que la Fiscalía General del Estado se apega a los criterios específicos que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Todas las entidades del Sistema de Seguridad Pública tenemos criterios muy específicos previamente acordados y nosotros nos apegamos a esos lineamientos para estar informando de manera puntual todo lo relacionado con los temas de estadística criminal. En el tema de secuestros nosotros damos cumplimiento estricto a lo que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Este martes, “Alto al Secuestro” dio a conocer que los casos de secuestro que se tienen registrados en Chihuahua se dieron a conocer por medios de comunicación locales.

El primer caso que expone la organización es del secuestro de un joven el 7 de enero que logró escapar y dar aviso a las autoridades, por este hecho se detuvieron a dos sujetos que fueron presentados ante el juez bajo la causa penal 29/19 y están bajo prisión preventiva por un año. 

A su vez, se destaca que el 16 de enero se registró el secuestro de un estudiante de bachilleres en Cuauhtémoc que posteriormente fue localizado sin vida; ese mismo día se informa del secuestro de dos jóvenes en Camargo, uno de ellos logra escapar y el otro fue asesinado. 

El 1 de febrero la policía municipal de Ciudad Juárez detuvo a una pareja por el presunto secuestro de dos jóvenes a quienes tenían la intención de asesinar y el 27 de ese mismo mes se registra la privación de la libertad en contra del síndico de Ignacio Zaragoza que posteriormente es asesinado por sujetos armados.