Una controversia constitucional

Columna | Diacrítico Chihuahua

Jorge Camacho Peñaloza

@Camacho_Jorge

 

El alcalde Parral, Jorge Alfredo Lozoya, presentó una controversia constitucional a propósito de las Estancias Infantiles. El documento se ha dado a conocer en la ONU. Conviene subrayar que diferentes Asociaciones Civiles chihuahuenses presentaron hace unos días el documento “Amicus Curiae” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora y Mujeres por México, en representación del Movimiento Estatal de Mujeres, firmaron el documento “Amicus Curiae” o “Amigos de la Corte”, que se presentó el viernes pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasadas las 10:00 de la mañana, con atención al exhorto promovido por el Municipio de Hidalgo del Parral, emitiendo su opinión a favor de la Controversia contra el recorte presupuestal de las Estancias Infantiles. 

Las organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua exhibieron el recurso en atención al expediente 72/2019 ya radicado en el Máximo Tribunal de la Nación, luego de ser presentado por el Alcalde, Alfredo Lozoya, y el cual ya cuenta la ampliación correspondiente contra la emisión de las reglas de operación 2019, del programa en referencia.

Parte del documento, señala a la letra: “… demostrar que la decisión del Ejecutivo a nivel Federal  constituye, en primer término , una transgresión al principio de interés superior de la niñez , pues se tomó una decisión que afecta individual y colectivamente a la población infantil, sin evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior, también transgrede gravemente el principio de progresividad de los derechos humanos; y vulnera: el derecho de prioridad; el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; y el derecho a la educación de las hijas e hijos de personas ( principalmente mujeres) que para incorporarse al mercado laboral, necesitan de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se prestaba a través del Programa de Estancias Infantiles”.

Por su parte el Municipio de Hidalgo del Parral, en voz del licenciado Francisco Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, agradeció el pronunciamiento de las tres organizaciones en representación del Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua y  reiteró el exhorto para que las personas o agrupaciones de la sociedad civil apoyen la Controversia con dicha figura procesal, mediante la que se busca revertir la afectación a las madres y padres trabajadores que hacen uso del servicio de Estancias Infantiles para el cuidado y seguridad de sus hijas e hijos y, con ello, poder seguir laborando  para llevar el sustento a sus hogares.

Estas acciones promovidas por diferentes actores muestran la necesidad de llevar a sus últimas consecuencias la defensa de un servicio, el de las Estancias Infantiles, que además de asegurar el bienestar y el desarrollo de la infancia, combate directamente la violencia intrafamiliar al hacerse con condiciones para que los padres se desarrollen en lo profesional sin recriminaciones ni culpas. En la familia, el hombre y la mujer deben de gozar de circunstancias favorables para insertarse en el mercado laboral como instancia para integrarse en la sociedad. El espíritu de superación redunda en provecho de la familia y de la sociedad. Además, la medida vela por el respeto a los derechos humanos tanto de los niños como de los padres. Los derechos humanos no sólo reconocen la dignidad del ser humano, sino que lo hacen de una manera efectiva.  

Columna | Diacrítico Chihuahua

Jorge Camacho Peñaloza

@Camacho_Jorge

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Nepotismo, conflicto de interés o chisme político

El Centro de Atención y Prevención Psicológica que dirige Rosa María Hernández, no salió tan bien librado durante las revisiones y auditorías que realizó el síndico Amín Anchondo Álvarez en el periodo de enero a marzo y que presentó ayer durante su Segundo Informe de Actividades.  

Durante la revisión al organismo descentralizado, la Sindicatura identificó tres casos que encuadran en el supuesto de nepotismo, por lo que fue presentada ante el Órgano Interno de Control una carpeta, aparentemente bien sustentada para que determine las sanciones correspondientes, claro..  de ser el caso.

Se trata, detalló Anchondo Álvarez, de la contratación de tres personas que son familiares directos de dos funcionarios con poder de decisión en el Cappsi.

Y no sólo eso, sino que debido a la inquietud de la regidora Catalina Bustillos, la Sindicatura realizó una revisión al organismo para verificar sus estados financieros, lo que arrojó una observación al organismo debido a un subejercicio de tres millones 414 mil pesos, lo que tendrá que ser explicado pues representa el 25 por ciento de su presupuesto.

Al revisar la cuenta Congresos y Convenciones, se identificó el pago de una factura a un proveedor que se presume como hermano de un funcionario que se desempeña en el organismo, situación que encuadra en el supuesto de conflicto de interés, por lo que se integraron las pruebas y se turnaron al Órgano Interno de Control para que determine las sanciones correspondientes de ser el caso.

La alcaldesa Maru Campos señaló que tales afirmaciones sobre un posible caso de nepotismo o alguna otra irregularidad, son muy delicadas pues se habla de la dignidad y buen nombre de las personas, por lo que pidió que antes de hacer chisme político se investigue bien...

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, dijo Campos Galván, se encuadra en un delito cuando un servidor público de primer nivel, en este caso la alcaldesa o los directores, tiene una relación consanguínea hasta el cuarto grado con alguna persona que trabaja en la administración y en el casi del Cappsi la Directora no tiene ninguna relación familiar con ninguna de las personas que trabajan en el organismo ni con ninguna persona al interior de la Presidencia.

Habrá que esperar que Órgano Interno de Control emita una resolución en relación si existe o no sanciones administrativas por nepotismo en el Cappsi, para lo que tiene un plazo de 30 días.

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