Evaluaron a tirador de Christchurch en 2017

EFE

Christchurch, Nueva Zelanda (22 marzo 2019).- La Policía neozelandesa visitó en 2017 al australiano Brenton Tarrant, presunto autor de la masacre contra dos mezquitas de hace una semana, para la evaluación de su solicitud de licencia de armas, informaron autoridades.

"Según la información disponible en ese momento, los equipos siguieron un proceso correcto durante la solicitud para la licencia de armas, que data de septiembre de 2017", apuntó la policía en un comunicado reproducido por los medios locales.

Un mes después, en octubre, un agente visitó el domicilio de Tarrant, en la ciudad de Dunedin, a unos 300 kilómetros de Christchurch, localidad donde el pasado viernes tuvo lugar el ataque que dejó 50 muertos y 48 heridos.

Durante la visita el policía entrevistó al acusado e inspeccionó su propiedad.

El atacante aportó entre los documentos dos referencias, ambas de residentes en el país, después de entregar previamente la de un familiar que fue invalidada al no vivir en Nueva Zelanda.

"La regulación (sobre la licencia de armas) establece que la persona de referencia debe residir en Nueva Zelanda. El solicitante proporcionó después dos referencias que cumplían con los requisitos y ambas fueron entrevistadas cara a cara por un oficial", señala el escrito.

Tarrant, quien comparecerá el 5 de abril ante el Tribunal Superior de Nueva Zelanda por asesinato, tenía cinco armas, dos semiautomáticas aparentemente modificadas, con las que el día 15 asaltó las mezquitas Al Noor y Linwood, ambas en Christchurch.

El jueves, la Primera Ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de las armas militares semiautomáticas y rifles de asalto, así como los cargadores de alta capacidad y las piezas que puedan convertir armas en rifles militares semiautomáticos, ley que espera sea aprobada a mediados de abril.

En Nueva Zelanda, unas 250 mil personas poseen licencias estándares de categoría A para portar armas, lo que permite a las personas mayores de 16 años poseer y usar rifles y escopetas tras superar unas pruebas policiales.

Por: Redacción

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Nepotismo, conflicto de interés o chisme político

El Centro de Atención y Prevención Psicológica que dirige Rosa María Hernández, no salió tan bien librado durante las revisiones y auditorías que realizó el síndico Amín Anchondo Álvarez en el periodo de enero a marzo y que presentó ayer durante su Segundo Informe de Actividades.  

Durante la revisión al organismo descentralizado, la Sindicatura identificó tres casos que encuadran en el supuesto de nepotismo, por lo que fue presentada ante el Órgano Interno de Control una carpeta, aparentemente bien sustentada para que determine las sanciones correspondientes, claro..  de ser el caso.

Se trata, detalló Anchondo Álvarez, de la contratación de tres personas que son familiares directos de dos funcionarios con poder de decisión en el Cappsi.

Y no sólo eso, sino que debido a la inquietud de la regidora Catalina Bustillos, la Sindicatura realizó una revisión al organismo para verificar sus estados financieros, lo que arrojó una observación al organismo debido a un subejercicio de tres millones 414 mil pesos, lo que tendrá que ser explicado pues representa el 25 por ciento de su presupuesto.

Al revisar la cuenta Congresos y Convenciones, se identificó el pago de una factura a un proveedor que se presume como hermano de un funcionario que se desempeña en el organismo, situación que encuadra en el supuesto de conflicto de interés, por lo que se integraron las pruebas y se turnaron al Órgano Interno de Control para que determine las sanciones correspondientes de ser el caso.

La alcaldesa Maru Campos señaló que tales afirmaciones sobre un posible caso de nepotismo o alguna otra irregularidad, son muy delicadas pues se habla de la dignidad y buen nombre de las personas, por lo que pidió que antes de hacer chisme político se investigue bien...

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, dijo Campos Galván, se encuadra en un delito cuando un servidor público de primer nivel, en este caso la alcaldesa o los directores, tiene una relación consanguínea hasta el cuarto grado con alguna persona que trabaja en la administración y en el casi del Cappsi la Directora no tiene ninguna relación familiar con ninguna de las personas que trabajan en el organismo ni con ninguna persona al interior de la Presidencia.

Habrá que esperar que Órgano Interno de Control emita una resolución en relación si existe o no sanciones administrativas por nepotismo en el Cappsi, para lo que tiene un plazo de 30 días.

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