Acusan resistencia a cumplir 3de3

Cd. de México (22 marzo 2019).- El aplazamiento por ocho meses para que entren en funcionamiento los formatos de la declaración patrimonial y de intereses evidencia la resistencia de la clase política a asumir la demanda ciudadana de rendición cuentas, consideraron tres de los impulsores de la llamada 3de3.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que el mandato de elaborar unos nuevos formatos para las declaraciones de los servidores públicos está en la ley desde 2016 y el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que en su Administración los funcionarios transparentarían sus ingresos e intereses.

"Con este acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ni la ley aprobada en 2016, ni el compromiso del Presidente López Obrador se cumplen", sostuvo.

Ayer, en una sesión extraordinaria, el Comité Coordinador determinó aplazar por ocho meses la operabilidad de los formatos al pasar del 30 de abril al 31 de diciembre el límite máximo para que entren en uso.

El diferimiento se hizo a propuesta de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien sostuvo que los formatos son excesivos en el requerimiento de información, no son interoperables con Declaranet y no distinguen entre servidores públicos con riesgo de corrupción y los empleados del sector público.

Con el diferimiento y cambios que se pretenden hacer, consideró Max Kaiser, profesor del ITAM, se corre el riesgo deslavar o descafeinar el Sistema.

Kaiser recordó que la 3de3 fue una iniciativa ciudadana que recabó 634 mil 143 firmas y que los formatos que ahora fueron aplazados ya habían sido aprobados en el seno del propio Comité Coordinador.

"Lo que yo veo en el fondo es que hay una desconfianza a lo que se hizo en el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo lo que veo es que el nuevo Gobierno no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción, no le gusta que sea un órgano compuesto por diferentes órganos que el Gobierno no controla de manera directa", consideró.

La decisión tomada ayer, dijo Marco Fernández, académico del Tecnológico de Monterrey, resulta extraña ya que cinco de los siete integrantes del Actual Comité Coordinador fueron quienes avalaron los formatos en septiembre del año pasado y ahora modificaron su postura sin dar ninguna explicación.

"La verdad me parece lamentable esta decisión, primero, porque ya habían tenido más de un año en la discusión de los formatos. Segundo, los formatos aprobados en su momento no fue una decisión unilateral, de un Gobierno o de una institución, sino fue un acuerdo votado por los integrantes del Sistema.

"Ahora, de repente, llega un nuevo integrante y bajo el argumento que es una nueva administración y que es mucha información, se patea el bote", refirió.

Los integrantes del Comité que modificaron su postura fueron: David Colmenares, Auditor Superior de la Federación; Francisco Javier Acuña, presidente del INAI; Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Lo mismo que José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien no pertenecía al Comité Coordinador en septiembre pasado, pero dentro del CPC avaló los formatos.

Rolando Herrera | Reforma

Por: Redacción

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El negocio de los uniformes... sí es negocio

Como se recordará, en días pasados el gobernador Javier Corral convocó a una reunión de gabinete, el la cuál estuvo incluso su representante en la Ciudad de México el dr. Agustín Basave, quien por cierto echó buenos bostezos en esa junta, donde la mayoría de los asistentes fueron captados jugando con su celular, chateando en el whatsapp mientras su jefe, el titular del ejecutivo daba instrucciones. 

También se recordará así mismo que uno de los puntos que se dio a conocer de manera pública fue que se había decidido que del presupuesto destinado a la manufactura de uniformes, el 30% fuera para empresas locales.

El dato no habría sido ni medianamente trascendente de no ser porque el propietario de una firma de uniformes con sede en Aguascalientes, vino a Chihuahua y por órdenes superiores ¿de quién? saque usted sus conclusiones, fue atendido por tres secretarios del gabinete, a quienes propuso encontrar a 40 artesanos locales que realizan hechura de uniformes... cosa curiosa porque en Chihuahua las empresas de este rubro están muy localizadas y no llegan ni a diez, a pesar de aquellas que son micro empresas.

El dato es sobresaliente porque el presupuesto para hacer uniformes es de 160 millones de pesos, lo que llamó la atención del sector empresarial de Chihuahua porque sonó muy extraño que se le diera una atención de esa manera a un tipo que, proviniendo de Aguascalientes, se llevaría al bolsillo más del 70% del presupuesto para uniformes, cuando de manera local y con la participación de empresas muy preparadas en el ramo, con gente que elaboran uniformes con gran calidad en ese tipo de proveeduría...

Así que un contrato millonario, que se gesta bajo esas circunstancias con la anfitrionía de tres secretarios de Estado a un empresario hidrocálido, llama bastante la atención y por supuesto a la suspicacia.

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