Admite Corte reclamo educativo de Michoacán

Cd. de México (22 marzo 2019).- Un Ministro admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Michoacán para liberarse de la obligación de impartir educación básica, que además impugna las reglas de distribución de recursos federales para pagar a los maestros.

La Suprema Corte de Justicia notificó hoy la admisión, acordada desde el 4 de marzo por el Ministro Juan Luis González Alcántara, quien dio 30 días hábiles al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que contesten la demanda.

Mientras se tramita el juicio, que puede tomar más de un año, están vigentes todas las normas y regulaciones impugnadas por Michoacán, que no solicitó suspensión.

La Administración de Silvano Aureoles pidió a la Corte anular el Artículo 13, fracción 1, de la Ley General de Educación, que asigna a los Estados la obligación de impartir de manera exclusiva la educación inicial, básica incluyendo la indígena, y normal para formación de docentes.

Michoacán también solicitó invalidar los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de recursos federales para la educación, así como dos oficios de la Secretaría de Educación Pública, emitidos en el marco de la disputa con la CNTE por deudas con los profesores.

Según la demanda, los oficios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, fechados el 26 de noviembre y 14 de diciembre, fueron actos de aplicación de las leyes que ahora reclama.

Eventuales sentencias favorables de la Corte sobre la inconstitucionalidad de estas leyes sólo tendrán efectos para Michoacán, que el 26 de noviembre anunció que se retira del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por carecer de recursos para pagar la nómina magisterial

Ese Acuerdo, firmado en 1992, descentralizó la educación básica hacia los Estados, pero la obligación de Michoacán en esta materia no deriva sólo del Acuerdo, en el que participaba voluntariamente, sino de la Ley General de Educación vigente desde 1993.

El anuncio del 26 de noviembre fue seguido por una crisis provocada por bloqueos de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, que reclama pagos pendientes.

Michoacán también es el único Estado que, en otra controversia, pidió a la Corte invalidar las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública que resultaron en la creación de los "superdelegados" que representan al Presidente Andrés López Obrador en los Estados, y de las "supercomisiones" que el Ejecutivo puede crear casi para cualquier propósito.

Sobre este último tema, ya estaban en trámite en la Corte cuatro acciones promovidas por diputados y senadores de Oposición, por lo que la demanda de Michoacán fue turnada al Ministro Luis María Aguilar, quien ya conocía del caso.

 

Víctor Fuentes | Reforma

Por: Redacción

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Nepotismo, conflicto de interés o chisme político

El Centro de Atención y Prevención Psicológica que dirige Rosa María Hernández, no salió tan bien librado durante las revisiones y auditorías que realizó el síndico Amín Anchondo Álvarez en el periodo de enero a marzo y que presentó ayer durante su Segundo Informe de Actividades.  

Durante la revisión al organismo descentralizado, la Sindicatura identificó tres casos que encuadran en el supuesto de nepotismo, por lo que fue presentada ante el Órgano Interno de Control una carpeta, aparentemente bien sustentada para que determine las sanciones correspondientes, claro..  de ser el caso.

Se trata, detalló Anchondo Álvarez, de la contratación de tres personas que son familiares directos de dos funcionarios con poder de decisión en el Cappsi.

Y no sólo eso, sino que debido a la inquietud de la regidora Catalina Bustillos, la Sindicatura realizó una revisión al organismo para verificar sus estados financieros, lo que arrojó una observación al organismo debido a un subejercicio de tres millones 414 mil pesos, lo que tendrá que ser explicado pues representa el 25 por ciento de su presupuesto.

Al revisar la cuenta Congresos y Convenciones, se identificó el pago de una factura a un proveedor que se presume como hermano de un funcionario que se desempeña en el organismo, situación que encuadra en el supuesto de conflicto de interés, por lo que se integraron las pruebas y se turnaron al Órgano Interno de Control para que determine las sanciones correspondientes de ser el caso.

La alcaldesa Maru Campos señaló que tales afirmaciones sobre un posible caso de nepotismo o alguna otra irregularidad, son muy delicadas pues se habla de la dignidad y buen nombre de las personas, por lo que pidió que antes de hacer chisme político se investigue bien...

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, dijo Campos Galván, se encuadra en un delito cuando un servidor público de primer nivel, en este caso la alcaldesa o los directores, tiene una relación consanguínea hasta el cuarto grado con alguna persona que trabaja en la administración y en el casi del Cappsi la Directora no tiene ninguna relación familiar con ninguna de las personas que trabajan en el organismo ni con ninguna persona al interior de la Presidencia.

Habrá que esperar que Órgano Interno de Control emita una resolución en relación si existe o no sanciones administrativas por nepotismo en el Cappsi, para lo que tiene un plazo de 30 días.

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