Corre riesgo periodismo de investigación

El País

Londres, Inglaterra (13 abril 2019).- Animar a una fuente a que entregue más información, hacer lo posible para que su identidad no trascienda, y usar un sistema encriptado para que la transferencia de documentos o material sensible no deje huella tres acciones son parte del día a día de un periodista de investigación, de su rutina a la hora de contactar y establecer vínculos con personas dispuestas a filtrar documentos.

La novedad es que desde el jueves también pueden servir para armar un caso penal en Estados Unidos, tal y como se desprende del texto de los fiscales en el que el fundador de Wikileaks, Julian Assange es imputado por conspiración.

"Esto constituye un riesgo considerable para los periodistas estadounidenses, porque significa que el Departamento de Justicia puede ir detrás de ti por hacer cosas que son muy habituales", explica en conversación telefónica Matthew Ingram del Columbia Journalism Review.

Tras hacerse público el texto de la imputación contra Assange, media docena de organizaciones en defensa de las libertades civiles alzaron la voz alertando de los peligros que para los periodistas en EU entraña y el precedente que sienta.

Aunque no hay cargos contra Assange por difundir la información clasificada (esto habría abierto un frente complicado porque si así hubiera sido todos los medios que publicaron ésos documentos también podrían ser imputados), sus interacciones con su fuente en 2009, el soldado Chelsea Manning, se presentan en el texto legal como parte de una conspiración criminal.

Las especulaciones sobre cómo y en base a qué juzgar a Assange y la implicación que esto tendría para los medios y los periodistas llevan largo tiempo sobre la mesa. La Administración Obama estudió con detalle la posibilidad de abrir cargos contra el fundador de Wikileaks y decidió abstenerse, en parte por los conflictos que podría plantear a la libertad de prensa.

El temor expresado en editoriales y artículos durante este tiempo ha sido que la acusación contra Assange se basara en el Acta de Espionaje, una ley aprobada en 1917 para castigar traiciones en tiempo de guerra y filtraciones, que criminaliza la difusión de secretos de Estado potencialmente dañinos para la seguridad del país. Durante más de 90 años, hasta 2009 esta ley solo se usó en tres casos, pero en la última década suma ya 11 imputados, todos ellos empleados de la Administración, ninguno periodista.

En 2010 el Committee to Protect Journalists (CPJ) dirigió una carta al Fiscal general y al entonces Presidente Obama pidiendo que no se usara el Acta de Espionaje en el caso contra Assange y que la acusación no fuera por la publicación y difusión de documentos clasificados.

Assange ha sorteado los cargos basados en el Acta de Espionaje por el momento (aún podrían ampliarse los delitos que le imputan antes de la extradición), pero esto no ha despejado la preocupación en los medios estadounidenses.

"No es el peor escenario posible porque la acusación central es de hacking y esto escapa a las tareas de un periodista, pero el texto legal de la acusación detalla la relación que Assange mantuvo con su fuente: sitúa en un marco conspirativo actividades normales para un periodista", apunta al teléfono Alexandra Ellerbeck del Commmittee to Protect Journalists.

"¿La acusación trata de ir a por Assange por publicar información clasificada y usa el asunto del hacking como excusa? ¿Qué modelo crea esto?".

El caso contra Assange acaba de empezar y la respuesta de los medios ha sido rápida y firme en defensa de las libertades, pero Ingram de CJR se muestra escéptico sobre una mayor implicación de los periodistas en su defensa.

El polémico abogado y periodista Glenn Greenwald sostenía en un artículo que Assange es "el verdadero test" para comprobar realmente qué postura se tiene realmente en temas como la transparencia, la libertad de expresión y la libertad de prensa.

La reticencia de algunos medios a salir en defensa de Assange, asegura, se basa en una falsa dicotomía entre Wikileaks y el verdadero periodismo.

"Esta distinción es peligrosa. Si sólo el verdadero periodismo es defendido por la Primera Enmienda, alguien tendrá que decidir qué es verdadero periodismo", dijo Greenwald.

La polémica en torno a los cargos contra Assange va mucho más allá de los titulares.

Por: Redacción

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Nepotismo, conflicto de interés o chisme político

El Centro de Atención y Prevención Psicológica que dirige Rosa María Hernández, no salió tan bien librado durante las revisiones y auditorías que realizó el síndico Amín Anchondo Álvarez en el periodo de enero a marzo y que presentó ayer durante su Segundo Informe de Actividades.  

Durante la revisión al organismo descentralizado, la Sindicatura identificó tres casos que encuadran en el supuesto de nepotismo, por lo que fue presentada ante el Órgano Interno de Control una carpeta, aparentemente bien sustentada para que determine las sanciones correspondientes, claro..  de ser el caso.

Se trata, detalló Anchondo Álvarez, de la contratación de tres personas que son familiares directos de dos funcionarios con poder de decisión en el Cappsi.

Y no sólo eso, sino que debido a la inquietud de la regidora Catalina Bustillos, la Sindicatura realizó una revisión al organismo para verificar sus estados financieros, lo que arrojó una observación al organismo debido a un subejercicio de tres millones 414 mil pesos, lo que tendrá que ser explicado pues representa el 25 por ciento de su presupuesto.

Al revisar la cuenta Congresos y Convenciones, se identificó el pago de una factura a un proveedor que se presume como hermano de un funcionario que se desempeña en el organismo, situación que encuadra en el supuesto de conflicto de interés, por lo que se integraron las pruebas y se turnaron al Órgano Interno de Control para que determine las sanciones correspondientes de ser el caso.

La alcaldesa Maru Campos señaló que tales afirmaciones sobre un posible caso de nepotismo o alguna otra irregularidad, son muy delicadas pues se habla de la dignidad y buen nombre de las personas, por lo que pidió que antes de hacer chisme político se investigue bien...

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, dijo Campos Galván, se encuadra en un delito cuando un servidor público de primer nivel, en este caso la alcaldesa o los directores, tiene una relación consanguínea hasta el cuarto grado con alguna persona que trabaja en la administración y en el casi del Cappsi la Directora no tiene ninguna relación familiar con ninguna de las personas que trabajan en el organismo ni con ninguna persona al interior de la Presidencia.

Habrá que esperar que Órgano Interno de Control emita una resolución en relación si existe o no sanciones administrativas por nepotismo en el Cappsi, para lo que tiene un plazo de 30 días.

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