Asumirían entidades gastos de GN y universidades militares, señala Jáuregui

El Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles señaló que aunado a los gastos operativos que la Federación busca asignarle a las entidades federativas y municipios, cada Estado deberá construir y sostener universidades militares.

Dijo que la iniciativa de Ley para la Guardia Nacional señala que los Estados deben disponer del espacio, la infraestructura, el plan educativo, los docentes y la nómina que conlleven el tener una universidad para los elementos que se capacitarán en dicho organismo de seguridad.

Mencionó que en el caso de Chihuahua, se ha hecho saber al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo que la entidad no tiene los recursos financieros para asumir dicho, aunque sí se mencionó que en Ciudad Juárez existen un conjunto de aulas propiedad de la UACJ que no se utilizan y podrían destinarse para tal universidad militar.

Respecto a los gastos operativos que buscan deslindarse a las entidades federativas y los municipios, el Secretario General de Gobierno consideró que resulta un despropósito por parte de la Federación pues esta erogación viene a agravar aún más las finanzas de los gobiernos.

Refirió que dentro de la iniciativa de Ley para la Guardia Nacional se han visto trastocados algunos principios de un proyecto que tuvo el consenso casi unánime de la Cámara de Diputados como la responsabilidad de los gastos de manutención y el establecimiento de universidades militares.

“Nos parece un despropósito que se venga a agravar todavía más las precarias finanzas de los Estados y Municipios que se han visto afectadas con los recortes de todo tipo de programas”.

En este sentido, Jáuregui Robles mencionó que tales aspectos debieran de exponerse con objetividad y valentía por la Conago ante el presiente Andrés Manuel López Obrador pues los gastos operativos de la Guardia Nacional tendrían que asumirse por quien tuvo la idea de llevar a cabo dicho proyecto.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, César Peniche Espejel estimó que el gasto de la estadía por los elementos de la Guardia Nacional sería de 150 pesos diarios más hospedaje por cada elemento que se envíe a la entidad.

Por: Yuriana Cárdenas

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Nepotismo, conflicto de interés o chisme político

El Centro de Atención y Prevención Psicológica que dirige Rosa María Hernández, no salió tan bien librado durante las revisiones y auditorías que realizó el síndico Amín Anchondo Álvarez en el periodo de enero a marzo y que presentó ayer durante su Segundo Informe de Actividades.  

Durante la revisión al organismo descentralizado, la Sindicatura identificó tres casos que encuadran en el supuesto de nepotismo, por lo que fue presentada ante el Órgano Interno de Control una carpeta, aparentemente bien sustentada para que determine las sanciones correspondientes, claro..  de ser el caso.

Se trata, detalló Anchondo Álvarez, de la contratación de tres personas que son familiares directos de dos funcionarios con poder de decisión en el Cappsi.

Y no sólo eso, sino que debido a la inquietud de la regidora Catalina Bustillos, la Sindicatura realizó una revisión al organismo para verificar sus estados financieros, lo que arrojó una observación al organismo debido a un subejercicio de tres millones 414 mil pesos, lo que tendrá que ser explicado pues representa el 25 por ciento de su presupuesto.

Al revisar la cuenta Congresos y Convenciones, se identificó el pago de una factura a un proveedor que se presume como hermano de un funcionario que se desempeña en el organismo, situación que encuadra en el supuesto de conflicto de interés, por lo que se integraron las pruebas y se turnaron al Órgano Interno de Control para que determine las sanciones correspondientes de ser el caso.

La alcaldesa Maru Campos señaló que tales afirmaciones sobre un posible caso de nepotismo o alguna otra irregularidad, son muy delicadas pues se habla de la dignidad y buen nombre de las personas, por lo que pidió que antes de hacer chisme político se investigue bien...

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, dijo Campos Galván, se encuadra en un delito cuando un servidor público de primer nivel, en este caso la alcaldesa o los directores, tiene una relación consanguínea hasta el cuarto grado con alguna persona que trabaja en la administración y en el casi del Cappsi la Directora no tiene ninguna relación familiar con ninguna de las personas que trabajan en el organismo ni con ninguna persona al interior de la Presidencia.

Habrá que esperar que Órgano Interno de Control emita una resolución en relación si existe o no sanciones administrativas por nepotismo en el Cappsi, para lo que tiene un plazo de 30 días.

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