Gran Bretaña no enviará a Assange a algún país con pena de muerte

El gobierno de Gran Bretaña señaló que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, no será extraditado a países que pongan en riesgo su vida, por lo que envió tres cartas a funcionarios ecuatorianos en respuesta a inquietudes planteadas en meses anteriores.

En la primera misiva, del 7 de marzo de 2018, el secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido, Boris Johnson, dio respuesta a las inquietudes de Lenin Moreno, de acuerdo a publicaciones del diario El Comercio.

En el documento, indicó que de acuerdo a las leyes del Reino Unido, la extradición de una persona no puede ser ordenada a un país donde se ejecute la pena de muerte y sólo procedería si el Ministro de Estado recibe con anticipación la seguridad de que la pena de muerte no será impuesta ni llevada a cabo.

En su carta, Johnson añadió que la legislación del Reino Unido establece una protección adicional al señalar que si el Ministro de Estado “acepta una garantía que considere adecuada, la persona interesada también puede solicitar permiso para apelar ante la Corte Suprema, que examinará la garantía otorgada", refiere el diario El Comercio en su edición de este lunes.

En el mismo sentido se pronunció Jeremy Hunt, quien relevó a Jhonson en la Secretaría de Estado para Relaciones Exteriores, en una misiva fechada el 10 de agosto de 2018.

Una tercera respuesta, del día 3 del mes en curso, de la embajada británica en Ecuador al gobierno de Moreno, anotó que “un juez no debe ordenar la extradición de una persona si no es compatible con sus derechos de Convención como se establece dentro del Acta de Derechos Humanos de 1998”.

“El Acta de Derechos Humanos incorpora los derechos establecidos en la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR) dentro de la ley doméstica del Reino Unido. El Artículo 3 del ECHR prohíbe la tortura y el trato inhumano y degradante”, continuó el escrito dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Movilidad Humana y al Viceministerio de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional.

El 11 de abril, el gobierno de Ecuador retiró el asilo político y la nacionalidad ecuatoriana al fundador de WikiLeaks "por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia"; poco después fue detenido por la policía británica.

El Informador

Por: Redacción2

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Nepotismo, conflicto de interés o chisme político

El Centro de Atención y Prevención Psicológica que dirige Rosa María Hernández, no salió tan bien librado durante las revisiones y auditorías que realizó el síndico Amín Anchondo Álvarez en el periodo de enero a marzo y que presentó ayer durante su Segundo Informe de Actividades.  

Durante la revisión al organismo descentralizado, la Sindicatura identificó tres casos que encuadran en el supuesto de nepotismo, por lo que fue presentada ante el Órgano Interno de Control una carpeta, aparentemente bien sustentada para que determine las sanciones correspondientes, claro..  de ser el caso.

Se trata, detalló Anchondo Álvarez, de la contratación de tres personas que son familiares directos de dos funcionarios con poder de decisión en el Cappsi.

Y no sólo eso, sino que debido a la inquietud de la regidora Catalina Bustillos, la Sindicatura realizó una revisión al organismo para verificar sus estados financieros, lo que arrojó una observación al organismo debido a un subejercicio de tres millones 414 mil pesos, lo que tendrá que ser explicado pues representa el 25 por ciento de su presupuesto.

Al revisar la cuenta Congresos y Convenciones, se identificó el pago de una factura a un proveedor que se presume como hermano de un funcionario que se desempeña en el organismo, situación que encuadra en el supuesto de conflicto de interés, por lo que se integraron las pruebas y se turnaron al Órgano Interno de Control para que determine las sanciones correspondientes de ser el caso.

La alcaldesa Maru Campos señaló que tales afirmaciones sobre un posible caso de nepotismo o alguna otra irregularidad, son muy delicadas pues se habla de la dignidad y buen nombre de las personas, por lo que pidió que antes de hacer chisme político se investigue bien...

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, dijo Campos Galván, se encuadra en un delito cuando un servidor público de primer nivel, en este caso la alcaldesa o los directores, tiene una relación consanguínea hasta el cuarto grado con alguna persona que trabaja en la administración y en el casi del Cappsi la Directora no tiene ninguna relación familiar con ninguna de las personas que trabajan en el organismo ni con ninguna persona al interior de la Presidencia.

Habrá que esperar que Órgano Interno de Control emita una resolución en relación si existe o no sanciones administrativas por nepotismo en el Cappsi, para lo que tiene un plazo de 30 días.

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