Esperan 11 años por una sentencia en BC
Mexicali (18 abril 2019).- Cinco acusados de tres homicidios cumplieron 11 años en prisión preventiva sin que se les haya dictado sentencia, es decir, no se ha podido comprobar su culpabilidad en los casos.
El litigio está atorado debido a la burocracia del sistema penal tradicional.
Las audiencias se han retrasado en el Poder Judicial por diversos motivos, desde que cambiaron el caso de juzgado al pasar al nuevo sistema de justicia penal hasta por la ausencia de los testimonios de agentes que hicieron las detenciones.
Los abogados Alma Araujo y Rubén Amaya ganaron ya un amparo indirecto el 14 de diciembre de 2018 por violación a los derechos humanos debido al excesivo tiempo de prisión preventiva.
Un juez de distrito le ordenó a la jueza única de lo penal "culminar el proceso a la brevedad posible".
"Al resultar indudable la violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que engloba el precepto 17 constitucional", indica la resolución del juez federal.
El 28 de mayo de 2007, cinco personas fueron acusadas de homicidio calificado, agravado por pandillerismo, de tres personas en Mexicali y el caso fue enviado al juez cuarto penal.
Doce agentes ministeriales detuvieron a los señalados en diversos lugares.
En algunos casos forzaron puertas y ventanas, los sacaron de sus domicilios con sábanas en la cabeza y los llevaron a un lugar desconocido para golpearlos, según el amparo interpuesto.
Sin embargo, los agentes aseguraron en el parte informativo que realizaron la detención de todos juntos en la vía pública.
La ausencia de los agentes ministeriales en las comparecencias, la tardanza en el desahogo de pruebas de inspección, la carga de trabajo argumentada por el Poder Judicial e incluso la suspensión de labores de esa autoridad por un sismo de abril de 2010 han retrasado el caso.
Los agentes ministeriales comparecieron en el juicio hasta cuatro años y dos meses después de ocurrida la detención para llevar a cabo una inspección judicial, es decir, una sola prueba.
Los careos procesales de los testigos de cargo y descargo se ordenaron hasta el 22 de agosto de 2014, pero solo se celebraron algunos porque no todos los agentes se presentaron.
Desde el 11 de junio de 2007, a los cinco presuntos implicados se les dictó auto de formal prisión.
"Los procesados están en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de El Hongo cuando realmente deben de estar en un centro más cercano al juzgado donde se lleva el proceso para garantizar la presencia de ellos en el juicio, lo contrario es una violación más al debido proceso", planteó Araujo.
Los abogados subrayan que la Constitución señala el derecho a una justicia pronta y expedita, sin que esto se cumpla.
"La dilación en el trámite del proceso ha obedecido a causas no imputables a nuestra defensa, se ha retrasado por las fechas distantes señaladas por el juez para el desahogo de pruebas", dice la petición de amparo.
Los abogados piden a la autoridad que los acusados puedan llevar su proceso penal en libertad.
Un dictamen pericial del Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California, que aplicó el examen de acuerdo al Protocolo de Estambul, determinó secuelas psicológicas compatibles con tortura en uno de los acusados del triple homicidio.
"Encuentro que sí hay elementos suficientes para considerar afectación del sistema nervioso que se manifiesta como depresión y ansiedad crónicas, insomnio y ataques de pánico, para considerar positivo el dictamen de tortura y malos tratos en la detención del paciente", establece el peritaje del 28 de noviembre de 2018.
"Las lesiones provocadas por la tortura se identifican con una cicatriz en tórax de 10 centímetros, cicatrices en ambas muñecas, dolores en dos probables hernias inguinales que concuerdan con el relato de tortura".
El perito menciona en su informe que el hombre refirió una detención arbitraria por parte de varios agentes, que le provocaron lesiones por contusiones en tórax y abdomen, así como cefalea, depresión, insomnio y ataques de ansiedad desde 2007 a la fecha.
Tips al momento
Cerrará López Obrador con el mayor déficit fiscal en cuatro sexenios
De acuerdo con Yolanda Morales, en su colaboración para el periódico El Economista, el actual gobierno tendrá el 2024 el mayor déficit fiscal en un año electoral y el más alto en al menos cuatro sexenios, según informa con base a datos del Fondo Monetario Internacional.
Destaca que la actual administración Federal tendrá un déficit de 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al considerarlo el más alto, cuando menos, desde el año 2000, al señalar, que el antecedente más cercano de un déficit mayor al 4 por ciento, lo tenía Enrique Peña Nieto, en el 2014, cuando llegó al 4.54 por ciento del PIB.
Según expone en su texto, luego de que se mantuvo como uno de los gobiernos más prudentes en el manejo de cuentas fiscales durante la pandemia, el actual, terminará con el déficit fiscal más alto.
Con Felipe Calderón, según lo expone, el mayor déficit presupuestario fue en 2019 y alcanzó el 4.3 por ciento del PIB; mientras que con Vicente Fox, en 2003, llegó al 2.36 por ciento del Producto Interno Bruto.
Lo anterior, señala, que de acuerdo a un reporte del Fondo Monetario Internacional, en el último año, la deuda del gobierno, promediará 55.6 por ciento del PIB, menor a 58.5 por ciento del Producto Interno Bruto que representó en 2020, en plena pandemia.
Señala que los expertos del FMI proyectan que la deuda general del gobierno mexicano se mantendrá estable durante 2025 y 2026. no obstante, tenderá al alza en 2027 para alcanzar, según expuso, un máximo del 56.1 por ciento del PIB para el 2029, aumento que atribuye al pago de intereses. Así los pronósticos.
IEE en turismo político
Varios vieron inconveniente la presencia de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto en un evento del Plan Estratégico de Juárez y esto debido a que en este mismo encuentro hubo actores políticos de los que dicen, sólo salen a hacer ruido en cada proceso electoral.
La inconformidad de esta asistencia de la consejera del IEE llegó a grado de señalar que el proceso electoral ya inició y que si bien todo lo esta manejando el INE, al menos el IEE debería revolver un poco de trabajo al glamour y al turismo político.
A esto añaden que mientras el personal, la magistrada y magistrados del Tribunal Estatal Electoral se encuentran encerrados las 24 horas tratando de sacar adelante las impugnaciones por las inconformidades en el registro de candidaturas, por su parte los consejeros y consejeras del IEE disfrutan del tiempo electoral.
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Según expone en su texto, luego de que se mantuvo como uno de los gobiernos más prudentes en el manejo de cuentas fiscales durante la pandemia, el actual, terminará con el déficit fiscal más alto.
Con Felipe Calderón, según lo expone, el mayor déficit presupuestario fue en 2019 y alcanzó el 4.3 por ciento del PIB; mientras que con Vicente Fox, en 2003, llegó al 2.36 por ciento del Producto Interno Bruto.
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Señala que los expertos del FMI proyectan que la deuda general del gobierno mexicano se mantendrá estable durante 2025 y 2026. no obstante, tenderá al alza en 2027 para alcanzar, según expuso, un máximo del 56.1 por ciento del PIB para el 2029, aumento que atribuye al pago de intereses. Así los pronósticos.
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