El Estado, tiene como finalidad la obtención, en beneficio de la sociedad, de bienes públicos; así se convierte en el responsable de ir generando acciones legales, de políticas públicas y de consolidación de infraestructura que garanticen el bienestar de la sociedad.
En esta función del Estado participan, en el caso de nuestro País, los tres ordenes de Gobierno, siendo cada uno de estos responsables, desde el punto de vista legal, de generar lo que en su esfera competencial corresponde; sin embargo, la sociedad reclama de manera permanente que lo más básico sea atendido de manera pronta por parte de la autoridad.
Chihuahua tiene varios rezagos en materia de seguridad, en su infraestructura, en crecimiento económico, en generación de empleo, en mejoramiento de la educación y en materia de administración; solo, a manera de ejemplo, en el 2018 el crecimiento económico de Chihuahua fue del 1%, crecimos menos que Oaxaca, entidad federativa que tiene mayores rezagos que nosotros, pero con una estrategia más adecuada; Chihuahua esta en el lugar 22 de las 32 entidades federativas en materia de crecimiento económico, en el pasado llegamos a estar dentro de los primeros diez lugares, algo pasa que nos ubicamos de manera negativa en esta posición.
Sin embargo, la sociedad reclama de sus Gobiernos la atención de los servicios básicos; en Chihuahua la infraestructura en alumbrado público, pavimentación y mejoramiento del espacio publico son, junto con la seguridad pública, los reclamos más sentidos y los rezagos más abundantes en nuestra Ciudad.
Hoy estamos envueltos en un debate sobre el proyecto de mejoramiento del alumbrado público, iniciativa que paso por mayoría en el cabildo y que deberá ser analizada por los legisladores en el Congreso del Estado; debo asumir que el requerimiento de un mejor alumbrado publico es real, desde la administración de 1992 a 1995 no se hace una inversión integral en el mejoramiento de esta infraestructura; esfuerzos cercanos en la administración de Marco Quezada y en la de Javier Garfio, sin que se haya dado el cambio completo del sistema que conforma este servicio público.
Son 82 mil luminarias las que tiene la ciudad de Chihuahua, sin contar el medio rural, siendo cerca de 70 mil las que están en condiciones deplorables; además, la ciudad se agrupa en cerca de 14 circuitos de atención y un sin numero de cableado que requiere de atención en su actualización y mejoramiento; pero la pregunta es ¿Cuánto cuesta hacer este cambio?; ¿seis mil quinientos millones de pesos?; ese es el debate de fondo, el costo de la infraestructura, el debate no esta en si se necesita o no, el debate es transparencia, costo beneficio y temporalidad del compromiso financiero del municipio.
El reto inmediato de los legisladores locales será realizar un comparativo inmediato de los costos que en ciudades del país, con el mismo numero de luminarias, ha tenido un proyecto como el que se impulsa en Chihuahua; el municipio de torreón esta cerca de nosotros y realizo un proyecto similar, al parecer a un costo mas bajo, hecho que se tendrá que revisar en cuanto a la calidad, servicio y tiempo de entrega de la infraestructura; si revisamos el proyecto de la administración de Javier Garfio y el de la actual administración, el costo es mucho mayor, lo cual empieza por generar dudas en algunos.
Que es más urgente, prioritario o necesario, la pavimentación con un rezago de 12 millones de metros cuadrados de calles sin pavimento; el mejoramiento de los mas de 1,500 parques públicos de la ciudad; el cambio de las 81,000 luminarias o el mejoramiento de la infraestructura en materia de seguridad pública.
Aquí la escala de los satisfactores que debe garantizar el Estado también juega un papel fundamental; ya que la falta de inversión y acompañamiento del Gobierno de la Republica y del Estado en un proyecto de esta naturaleza propicia que los costos sean mayores, o bien, se de el pretexto ideal para utilizar los esquemas financieros de la actualidad, inversiones publico privadas, endeudamiento privado o concesión de un servicio público.
Veamos que desenlace tiene esta iniciativa, la claridad y transparencia en los costos son el debate; todos queremos que se mejore la infraestructura, en un costo menor, con calidad y sin sobre precios; la última palabra la tendrá el Congreso del Estado.