Gobierno federal promulga Estrategia Nacional de Seguridad

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobado por el Senado y que establece como objetivos erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos.

También la regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; la recuperación y dignificación de los Centros Penitenciario y Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz.

El gobierno federal define como su visión de la Seguridad Nacional que al término de la presente administración “se encuentren ya instaladas todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y una estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar las condiciones que garanticen la integridad territorial y la soberanía nacional”.

Señala que dicha visión de la Seguridad Nacional “implica la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de las condiciones de justicia, paz y seguridad, que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible para la nación”.

Para ello establece estrategias específicas en el nuevo modelo policial; prevención del delito; estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana; nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad; una estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos, una estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita (mejor conocido como lavado de dinero o lavado de activos), defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estos delitos.

Además, las estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia; para combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras y para abatir el tráfico de armas.

Por mandato constitucional se informará anualmente sobre el estado que guarde dicha estrategia.

 

He aquí el texto íntegro del decreto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

 

 

DOF: 16/05/2019

 

DECRETO por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.

 

 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DECRETA:

"ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que, con fundamento en lo previsto en el tercer párrafo del artículo 69 constitucional, presentó el Presidente de la República el primero de febrero de 2019 y modificada con el Adendum enviado el día quince de abril de 2019, complementario a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública."

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Sen. Antares Vázquez Alatorre, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

ÍNDICE

MARCO JURÍDICO DIAGNÓSTICO

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

  1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración dejusticia
  2. Garantizar empleo, educación, salud ybienestar
  3. Pleno respeto y promoción de los DerechosHumanos
  4. Regeneración ética de lasociedad
  5. Reformular el combate a lasdrogas
  6. Emprender la construcción de lapaz
  7. Recuperación y dignificación de los CentrosPenitenciarios
  8. Seguridad Pública, Seguridad Nacional yPaz ESTRATEGIASESPECÍFICAS

A). Nuevo Modelo Policial B). Prevención del Delito

C). Estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana

 

D). Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad E). Estrategia de combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos

  • Estrategia de combate al uso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor conocido como lavado de dinero o lavado de activos), defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estosdelitos
  • Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a ladelincuencia
  • Estrategia para combatir el Robo a autotransporte y pasajeros en carreteras I). Estrategia para abatir el tráfico dearmas

MARCO JURÍDICO

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se presenta la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para los efectos conducentes, de la cual se informará anualmente sobre el estado que guarde.

En nuestro máximo ordenamiento jurídico se establece en el artículo 21 que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 Constitucional, establece que la Seguridad Pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Ésta comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y la de sus habitantes con el objeto de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y el mantenimiento del orden constitucional.

 

Aunado a ello, el 10 de febrero de 2014, se realizó una reforma integral a la Constitución Política, que busca, entre otras cosas, fortalecer aspectos como la planeación estratégica a mediano y largo plazos para el desarrollo nacional, el sistema de contrapesos y la coordinación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la rendición de cuentas, la procuración de justicia, la autonomía del Ministerio Público, así como restaurar las reglas electorales para fortalecer la democracia del Estado mexicano. El proceso legislativo de la reforma mencionada, partió de la idea de que la planeación es uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, ya que permite identificar problemas y proponer soluciones, al mismo tiempo que se ordenan prioridades.

Esta reforma busca también propiciar la integración de un gobierno que trabaje para la salvaguarda de los intereses de la Nación en su conjunto, y que permita tanto al Legislativo como al Ejecutivo cooperar en el ámbito de sus atribuciones, sin vulnerar el principio de división de poderes, promoviendo una mayor gobernabilidad y transparencia. De esta forma se faculta al poder Legislativo, para darle seguimiento y evaluar el cumplimiento de los programas y planes que elabore el Poder Ejecutivo.

Por ello, con la reforma se establecen canales adecuados de correspondencia entre los dos poderes indicados, para que exista un balance de facultades y responsabilidades, y obligue a que de manera conjunta trabajen por el bien común, generando una nueva etapa de estabilidad prolongada, con programas y planes realmente eficaces y eficientes.

Por lo anterior, parte de la reforma indicada se reflejó en adiciones a los artículos 69 y 76 constitucionales, que incorpora como una obligación del Presidente de la República el presentar ante la Cámara de Senadores, para su análisis y aprobación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública previa comparecencia del titular de la Secretaría del ramo, lo que además fortalece el Pacto Federal.

Es de resaltar que, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se presenta en un claro marco de transparencia y publicidad, pues al ser la sociedad quien de manera directa resulta afectada o beneficiada, se le da la oportunidad de conocer los aspectos que se atacarán y la manera en la que se encauzarán las soluciones propuestas. No debe perderse de vista que como Gobierno se tiene la obligación de responder

 

las demandas ciudadanas a través de políticas públicas que se puedan llevar a cabo mediante acciones que aseguren que la sociedad disfrute del respeto a sus derechos y que cuente con mejores condiciones de vida.

Para cumplir ese objetivo, es prioritario poner en práctica una estrategia integral que permita, en un marco de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

Actualmente, no basta con identificar la problemática de seguridad, sino que se requiere plantear una Estrategia Nacional de Seguridad Pública que devuelva a la sociedad la paz y tranquilidad a la que tiene derecho, lo que incluso, ha permeado en la redistribución de competencias, conforme a lo establecido en el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, en virtud de que se da vida jurídica a una autoridad especializada en la materia, capaz de plantear propuestas para resolver los temas en materia de seguridad, surgiendo así la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual se le transfirieron la totalidad de las atribuciones que estaban asignadas a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública y seguridad nacional, sin que eso signifique que dejen de trabajar de manera coordinada en beneficio de la sociedad.

A partir de la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se dio inicio a los trabajos para la consolidación de la reforma que permitiera establecer un marco constitucional que permitiera avanzar en la construcción de una institución de seguridad pública con objetivos claros:

ü Salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y

ü Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Es así que el 26 de marzo de 2019, fue publicado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

El contenido de esta modificación crea la Guardia Nacional como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional, cuyo eje fundamental es la coordinación con los Estados y municipios en pleno respeto a su soberanía en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta reforma constitucional también mandata a vincular este nuevo cuerpo policial a las acciones, programas y políticas en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 21 constitucional.

Dicha institución deberá atender a los más altos estándares internacionales en su formación y desempeño, regida bajo principios de servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Este nuevo paradigma jurídico va acompañado de parámetros constitucionales para la emisión de diversos cuerpos normativos en las materias de uso de la fuerza; registro de detenciones; y la constitución de un Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública mediante la modificación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Atento a ello, deben atenderse bajo esta nueva concepción jurídica los planteamientos constitucionales, en observancia con los parámetros siguientes:

La Ley de la Guardia Nacional, debe atender y establecer lo siguiente:

ü La coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios, y

ü Estructura jerárquica, regímenes de disciplina, responsabilidades, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades, aspectos que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza debe atender y establecer lo siguiente:

ü Alcances del uso de la fuerza pública;

ü Derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública;

 

ü    El uso de la fuerza atento a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad;

ü   Los niveles para el uso de la fuerza;

ü   La actuación con relación a personas detenidas, y

ü   Adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.

La Ley Nacional del Registro de Detenciones debe atender y establecer:

ü   Las características del registro y los principios que rigen su conformación, y

ü   Tratamiento de los datos personales y niveles de acceso.

Todo lo anterior constituye el marco jurídico de actuación en que se deberán conducir las acciones vinculadas con la seguridad pública hacia la construcción de la paz y que deberán reflejarse en los ordenamientos que tenga a bien emitir el Congreso de la Unión.

Atento a lo expuesto, estas acciones que se plantean en la presente Estrategia, deberán ir alineadas a las diversas disposiciones que se vinculan con la Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Derechos Humanos, Protección Civil, Responsabilidad Hacendaria, Sistema de Justicia Penal, instrumentos Internacionales, y todas aquellas relativas a las atribuciones de la Administración Pública Federal.

DIAGNÓSTICO

La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos.

 

Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado.

Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad. Millones de personas han modificado sus patrones de vida para protegerse y muchos han debido emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad.

La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia. Desde hace varios lustros nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. La dimensión del problema no puede reducirse al fenómeno del narcotráfico, porque éste sólo representa una de las actividades del crimen organizado y tampoco nos revela la profundidad y extensión de la violencia, que recae cotidianamente sobre las personas. Todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia.

Más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común. En el hogar, en el barrio, en el traslado al lugar de trabajo, en la escuela y al circular por las calles, los mexicanos viven en constante miedo.

En esta circunstancia de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social como la falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, disfuncionalidades y anacronismos del marco legal e incluso la persistencia de añejos conflictos intercomunitarios, agrarios y vecinales. Esta complicación dificulta la comprensión misma del problema y lleva a una discusión en la que se entremezclan y confunden los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, la prevención, la criminalidad, el estado de derecho y la "paz interior" mencionada en la Constitución y en otros textos legales. Ante semejante complejidad salta a la vista la necesidad de esclarecer definiciones y términos y dejar de lado la fantasía de que es posible superar la circunstancia de inseguridad y violencia mediante soluciones únicas y unidimensionales, como la estrategia represiva policial-militar, práctica básica y casi única en los últimos dos sexenios.

 

Suele asumirse, por ejemplo, que el fenómeno delictivo se circunscribe a los llamados delitos violentos robo a mano armada, asalto a casa habitación, secuestro, lesiones, homicidio y a algunas expresiones de criminalidad organizada principalmente, el narcotráfico y el tráfico de personas, pero se deja de lado los llamados "delitos de cuello blanco" como el desvío de recursos, la defraudación, el cohecho, la malversación y las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, así como infracciones penales cometidas específicamente por servidores públicos como la prevaricación, el abuso de autoridad, el uso de recursos públicos con fines electorales, la suplantación de funciones y otros relacionados con la violación de derechos humanos.

Entre unos y otros existen, sin embargo, vasos comunicantes y redes de complicidad evidentes o discretos pero en todo caso insoslayables: por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezca un margen de protección e impunidad; además y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México sólo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente aunque no en forma exclusiva en los aparatos de prevención y combate de la delincuencia, procuración e impartición de justicia. Así, si la persistencia y el incremento de la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud se encuentran en la base del auge delictivo que enfrenta el país, la corrupción prevaleciente es la razón primaria de su descontrol, de su crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo.

De las reflexiones anteriores y del fracaso manifiesto de políticas que han incrementado los problemas que pretendían combatir, se desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública, que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente, radicales, en el sentido de que deben ir dirigidas a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en estas materias.

En lo que se refiere a la seguridad pública, la prevención, la procuración e impartición de justicia y el trato oficial a delincuentes presuntos o sentenciados, es necesario abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos y combate a la impunidad. Además de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, es necesario ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los infractores. Se debe transitar de una autoridad vengativa a una autoridad justa, de un estado de persecución a un estado de bienestar y de la ley de la jungla al imperio de la ley.

Para hacer realidad estos propósitos y cumplir con la justa exigencia social de vivir en un país pacífico, seguro, sujeto al imperio de la legalidad y arbitrado por la justicia, se ha elaborado esta Estrategia Nacional de Seguridad para el periodo 2018-2024 en el que se enuncia un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores. Con la convicción de que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación regular a los derechos humanos que padece el país es el síntoma de una crisis más profunda, resulta obligado mencionar en este documento, que son elementos necesarios para restablecer el estado de derecho y reorientar el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción y las políticas sociales de bienestar del nuevo gobierno federal, los procesos de pacificación por los que se deberá transitar, la utilización de mecanismos e instrumentos de justicia transicional, una nueva práctica penitenciaria, la regeneración ética de la sociedad, la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública con base en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en las reformas publicadas el 26 de marzo de 2019, y consecuentemente la necesaria expedición de la Ley de la Guardia Nacional; Ley Nacional del Uso de la Fuerza; Ley Nacional del Registro de Detenciones; y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este enfoque integral y transversal es la consecuencia lógica de una certeza: que así como la inseguridad y la violencia hacen imposible la consecución del bienestar, la paz social no puede conseguirse sin bienestar y sin justicia, y el gobierno federal que entró en funciones el 1 de diciembre actuará y ha actuado a partir de esa premisa.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se buscará alinear todos los esfuerzos en materia de seguridad para enfrentar óptimamente los enormes desafíos que tenemos en esa materia. Se garantizará la adecuada coordinación entre las diversas instancias federales y estatales para impulsar esta Estrategia en las entidades federativas y regiones del país, con pleno respeto al federalismo.

La tarea de garantizar la seguridad a los mexicanos es de una interdependencia sin precedentes. En esta etapa de emergencia que vive el país en materia de inseguridad, es una obligación política elemental

 

promover el entendimiento, la voluntad y la identificación en fines comunes entre los tres niveles de gobierno para contener, reducir y eliminar la espiral de violencia criminal que azota al país. No se trata de privilegiar los intereses de un partido o del gobierno, sino de la República. Mientras alguna autoridad se debata en conflictos políticos, el crimen avanza de manera organizada.

La seguridad pública es un derecho humano, no un mecanismo de control social. Por tal razón las fuerzas de seguridad jamás serán utilizadas para reprimir a la ciudadanía. Se hará uso de la fuerza legítima del Estado en un marco de legalidad, de principios democráticos y de respeto profundo a los derechos humanos. No vamos a mejorar la seguridad pública reprimiendo la inconformidad social.

La violencia política y social solo se resolverá con diálogo, racionalidad y transparencia, y con decisiones públicas que respondan las demandas sociales. Al ciudadano no le interesa la separación de responsabilidades entre federación, estados y municipios, ni si los delitos son del orden federal o del fuero común. Lo que demandan es que el gobierno en su conjunto le garantice su seguridad y la de su familia. Por ello, en estrecha coordinación con los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México, focalizaremos los esfuerzos en el combate a los delitos que más afectan a la población. En las zonas de más alta incidencia delictiva incrementaremos el estado de fuerza.

Dada la emergencia que vive el país, es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano, que involucra a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno.

 

Enfrentaremos el reto de la inseguridad, coordinadamente con las autoridades estatales y municipales. Sin repartir culpas ni eludir responsabilidades, sumaremos a las y los gobernadores de los estados y a las y los presidentes municipales en un trabajo conjunto, coordinado, eficaz y permanente con el propósito de garantizar mejores condiciones de seguridad en todos los niveles, con independencia del ámbito federal, estatal o municipal en que los delitos que se cometan.

Orientaremos la seguridad hacia una disminución real y sostenida tanto en los delitos del fuero federal como del fuero común, más que por la efímera popularidad de un golpe espectacular.

Combatiremos con carácter prioritario aquellos rubros de la criminalidad que acumulan el mayor daño social; concentraremos en su combate los mayores recursos públicos disponibles. En el otro extremo del fenómeno delictivo, la fuerza pública dará prioridad al combate de las expresiones más violentas del crimen organizado.

En materia de seguridad, asumimos la responsabilidad en el peor escenario posible. Citaremos solo un par de estadísticas: una del Instituto Nacional Estadística y Geografía que refiere que en nuestro país se cometen más de 31 millones de delitos al año; cerca del 99% de ellos quedan impunes. Con frecuencia alcanzamos hasta 100 homicidios dolosos al día.

Otra información del Índice de Paz Global señala que en las condiciones heredadas nuestro país es percibido por la comunidad internacional como uno de los más corruptos, violentos e inseguros.

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa la posición 138 de 180 países, obteniendo una calificación de 28 puntos sobre 100.

En realidad, no necesitamos que nos digan que la violencia en México ha sobrepasado los límites de la imaginación. Todos sabemos que el miedo, la pérdida de vidas, las desapariciones, el robo a casas habitación y vehículos, los secuestros y la extorsión, entre muchos otros delitos y hechos de violencia han lastimado profundamente el corazón de los mexicanos.

El justo reclamo de la sociedad ha encontrado eco en el nuevo gobierno, y por eso se presenta esta Estrategia. Para ello, es imperativo: (i) alinear la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; (ii) generar la mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla (iii) imponer orden en el gobierno para terminar con el bandidaje oficial, la corrupción, la impunidad y el influyentismo; (iv) impulsar la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad; (v) generar una sólida coordinación con cada estado y municipio

  • con base en la nueva institución de seguridad pública creada por la reforma constitucional que da vida jurídica a la Guardia Nacional, y otorga un marco de referencia en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, lo que se materializará en la expedición de las leyes secundarias que al efecto se expidan.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

  1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración dejusticia

 

El abandono de la procuración de justicia a partir de 2006, la descomposición institucional y la falta de probidad de muchos servidores públicos, tienen efectos desastrosos para la funcionalidad de las corporaciones de seguridad pública, las instituciones encargadas de la procuración y las instancias judiciales responsables de impartirla. Para conseguir la impunidad a cualquier clase de infracción es suficiente con elevar el monto del cohecho a las autoridades, con la protección del compadrazgo o el amiguismo, con la pertenencia a redes de complicidad e intercambio de favores. El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos.

Si se pretende resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia la delincuencia común y la delincuencia organizada es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos. Es indiscutible que la impunidad florece gracias a la corrupción y que ésta termina desarticulando todo esfuerzo del Estado en el combate al delito. La supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante de este gobierno, tendrá, por sí misma, un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos. Debe impedirse por todos los medios legales la asociación entre delincuencia y autoridad.

 

Con base en la reciente reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, que incorpora diversos delitos, sin duda es otro paso más en un esfuerzo compartido entre el poder legislativo y ejecutivo para sentar las bases en el combate eficaz contra la delincuencia. Esta incorporación constitucional de delitos de mayor impacto, sin duda detendrá en buena medida "la puerta giratoria" de personas que entran al sistema de justicia penal y la percepción de impunidad que tiene la sociedad.

Si bien se sigue estableciendo la prisión preventiva como una medida cautelar de carácter excepcional en la Constitución, se incluyen al catálogo del 19 constitucional determinados delitos que más afectan a la población, para evitar que las personas que se logran detener por estos delitos sean liberados de manera inmediata. Estos delitos son:

Abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Hay que considerar, que no obstante persiste el principio de presunción de inocencia, se deben de garantizar también uno de los objetivos fundamentales del proceso penal, que consiste en procurar que el culpable no quede impune. Esto nos obliga a revisar y evaluar las normas constitucionales para determinar la pertinencia de su aplicación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre las bases de desempeño, eficacia, implementación, mecanismos alternativos y de solución de controversias; todo enfocados en los actores principales del sistema penal desde el ámbito de la procuración y administración de justicia.

Vamos a proponer, entre otros aspectos, la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, limitar las adjudicaciones directas y en su caso propiciar su revisión por parte de los órganos fiscalizadores, investigar y clausurar las empresas denominadas fantasma, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Es necesario centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, así como ampliar el radio de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, desde su creación en 2004, se ha concentrado en detectar la evasión fiscal, por lo que se tiene la finalidad de eficientar, en esta administración, su actuación que permita debilitar los esquemas de financiamiento del crimen organizado, considerando que el lavado de dinero se estima en 30 mil millones de dólares anualmente.

El combate al lavado de dinero es una prioridad de la presente Estrategia. Mediante el uso de la inteligencia financiera, se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica.

Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo las actividades vinculadas al narcotráfico. Concentraremos nuestros esfuerzos en atacar los esquemas financieros de manera paralela a los llamados objetivos prioritarios.

 

Con el apoyo del Congreso de la Unión se promoverán las acciones legislativas, operativas, orgánicas, presupuestales para consolidar una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se orientará a la Policía Cibernética a la plena operatividad. En general, se enfatizará la capacitación y actualización en el uso de nuevas tecnologías.

Se fortalecerán asimismo los mecanismos para detectar y sancionar conforme a derecho las diversas modalidades de evasión fiscal, una práctica que causa graves daños al erario y reduce severamente el margen del gobierno para procurar el bienestar colectivo.

Por otra parte, proponemos como parte de esta Estrategia Nacional que las diferencias de salarios entre un agente ministerio público federal, un miembro de una institución policial federal y un juez federal, actualmente abismales, sean mínimas, dependiendo del rango y los niveles. Se requiere de una reforma histórica para que a los mejores abogados les resulte igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que sus remuneraciones y carrera no sean tan distintas; al mismo tiempo deben revisarse las condiciones salariales y demás prestaciones de los integrantes de las instituciones policiales.

 

 

En países donde los nuevos modelos de justicia han funcionado, tales servidores públicos no solo tienen percepciones similares, sino que se capacitan en el mismo lugar, con troncos comunes, homologando procesos. Esa parte de descoordinación es una de las causas de la impunidad en el país, existe un grave problema en materia de formación, capacitación y formación de los principales actores dentro del sistema de justicia en nuestro país.

Se analizará el establecimiento de mecanismos institucionales y disposiciones legales para evitar que efectivos policiales sometidos a proceso o sancionados por la comisión de delitos sean recontratados en otras corporaciones, por ello el mandato constitucional es el establecimiento de un Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, en el cual es indispensable la participación de las entidades federativas y los municipios en la construcción urgente de este nuevo modelo de información con acceso a todos los actores involucrados en materia policial y de procuración y administración de justicia.

No se puede entender un eficaz combate a la delincuencia, si no existe un mecanismo de información útil, ágil y confiable. En este punto debemos exhortar a los tres órdenes de gobierno a trabajar de manera conjunta, coordinada y sin regateos, de lo contrario todos los esfuerzos institucionales pudieran derivar en acciones ineficaces.

2.    Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

La generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país atacarán las causas profundas del auge delictivo, reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el colectivo. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase.

Además de los programas de desarrollo y de bienestar sectoriales, regionales y coyunturales (Jóvenes Construyendo el Futuro, creación de Escuelas Universitarias, Pensión Universal para Adultos Mayores, cobertura universal de salud para todos, reforestación, modernización y ampliación de la red carretera, Zona Especial de la Frontera Norte, construcción del Tren Maya, Corredor Transístmico, reconstrucción, entre otros) el gobierno federal tiene como prioridad fortalecer el sector social de la economía (cooperativas, talleres familiares, micro empresas) en la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los servicios y auspiciar su surgimiento en los ramos de la energía y las telecomunicaciones.

3.    Pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos

La tentación de restablecer una supuesta legalidad con métodos violatorios de los derechos humanos es absurda, moralmente inaceptable y contraproducente por diversas razones. Una autoridad que pretenda imponer la ley por medios ilegales incurre en una contradicción flagrante y pierde rápidamente el respeto y la credibilidad entre sus gobernados. La infracción a los derechos de la población por parte del poder público genera cinismo social, impulsa las conductas delictivas que se pretendía combatir y siembra las semillas de la ingobernabilidad.

Las violaciones a los Derechos Humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad. Cada atropello no esclarecido, sancionado y reparado fomenta la repetición y la expansión de la arbitrariedad, el abuso de autoridad, la extralimitación de los servidores públicos, la vulnerabilidad de la población y el rencor hacia las instituciones.

 

Es necesario, por ello, realizar las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos los incumplimientos graves de recomendaciones de las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos y garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales. Asimismo, se incorporará el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares y se difundirá la cultura de Derechos Humanos, tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias de gobierno.

Se pondrá en libertad, en observancia de las formalidades legales que correspondan, a todas aquellas personas que, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, y se buscarán las vías para dejar sin efecto los actos procesales de vinculación al proceso y los juicios penales originados por la participación de los acusados en actos de protesta legal y pacífica.

 

 

Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder, y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos.

4.    Regeneración ética de la sociedad

En el ciclo neoliberal el poder público no sólo abandonó a su suerte a la población para ponerse al servicio de las grandes fortunas nacionales y extranjeras sino que, en conjunto con los poderes económicos, emprendió desde hace tres décadas un sistemático adoctrinamiento de la sociedad para orientarla hacia el individualismo, el consumismo, la competencia y el éxito material como valores morales supremos, en detrimento de la organización gregaria, los valores colectivos, el bien común y los lazos de solidaridad que han caracterizado a la población mexicana y que hunden sus raíces históricas en el modelo civilizatorio mesoamericano. Particularmente entre los jóvenes, la exaltación del dinero y las posesiones materiales y superfluas, aunado a un entorno que les niega espacios educativos y plazas laborales, ha generado frustración y facilitado actitudes antisociales.

La crisis de valores y de convivencia que constituye uno de los componentes del estallido de violencia y criminalidad se origina, a su vez, en buena medida, en el resentimiento social a causa de la pobreza, la marginación, la negación regular de derechos básicos y la falta de horizontes de realización derivada de la supresión de mecanismos de movilidad social. El estilo de vida inducido por la cultura neoliberal y consumista, en el que lo fundamental es el dinero, lo material y lo superfluo, ha generado frustración social, particularmente entre los jóvenes.

Esa crisis se ha ahondado como consecuencia de la contraproducente estrategia de persecución y represión de la delincuencia, en la cual autoridades de los tres niveles de gobierno han usado el "combate al narcotráfico" como justificación para minimizar y soslayar, si no es que promover, actos ilegales y violaciones a los derechos humanos.

Ante este panorama, la regeneración moral es, al mismo tiempo, un medio y un propósito que persigue este nuevo gobierno. Con independencia de crear una Constitución Moral que proponga nuevas actitudes en la relación entre individuos y entre éstos y el colectivo, además de enfatizar la cultura cívica y ética en los programas de estudio y en la comunicación oficial, la regeneración ética es la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior; será, asimismo, una convocatoria permanente a toda la sociedad para retomar principios gregarios y remontar el grave deterioro del tejido social.

Las estrategias de penalización en la lucha contra las adicciones, el recurso a la violencia gubernamental para enfrentar la violencia delictiva y el énfasis carcelario en el sistema de justicia han fortalecido en la sociedad la idea de que existe en los seres humanos una inclinación innata al mal, que la desconfianza es una actitud correcta de la autoridad hacia los ciudadanos, que son más pertinentes las prohibiciones que las libertades y que el propósito de la justicia no es la reinserción sino el castigo de los infractores. En el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, la regeneración ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas.

5.    Reformular el combate a las drogas

La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible. Para empezar, la potestad del Estado para determinar qué sustancias pueden ser consumidas por los ciudadanos y cuáles no carecen de justificación moral y atenta contra los derechos de

 

las personas al libre desarrollo de la personalidad y a su autodeterminación sin injerencia de las autoridades. Por otra parte, las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, la mariguana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico, pero no afectan la producción y la comercialización de alcohol, tabaco, bebidas con contenido de taurina y cafeína y el consumo, regulado o no, de ciertos antidepresivos y somníferos.

Además, tal prohibición es ineficaz desde el punto de vista de la salud pública: así como la prohibición de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos entre 1920 y 1933 no tuvo una incidencia apreciable en el fenómeno del alcoholismo, en la mayor parte de los países las estrategias de la prohibición de diversos estupefacientes no se ha traducido en una reducción del consumo.

 

El modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores, en la medida en que los empuja a la marginalidad social, los deja a merced de los vendedores, los impulsa a incorporarse al narcotráfico como sujetos activos, a delinquir para satisfacer su consumo de estupefacientes y los condena al uso de sustancias carentes de todo control de producción y de calidad agravando los problemas de salud. Por añadidura, en el paradigma de la prohibición las personas adictas ven enormemente limitadas sus probabilidades de reinserción y rehabilitación, por cuanto el negocio de las drogas ilegales los necesita para mantener y ensanchar su mercado.

Desde una perspectiva estrictamente económica, el negocio principal del narcotráfico no reside en traficar con estupefacientes sino en burlar la prohibición correspondiente, pues ésta representa diversas oportunidades para agregar valor a sus productos, muy por encima de los costos reales de cultivo/producción, transporte y comercialización: el paso de fronteras y puestos de control, los sobornos a policías, funcionarios y políticos, la conformación de cuerpos armados y de estructuras de inteligencia, comunicaciones y lavado de dinero, entre otras, explican el enorme diferencial entre los costos de producción de las drogas prohibidas y su precio en los mercados finales; y explican, también, los enormes márgenes de utilidad y rentabilidad que caracterizan al narcotráfico.

En cambio, la "guerra contra las drogas" ha escalado el problema de salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública, en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional, en la medida en que la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles se ha incrementado de manera sostenida.

El combate al comercio y consumo de "Cristal" tendrá por su parte la mayor prioridad como problema social de salud pública y de seguridad, dada la violencia que su consumo genera.

La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados.

Ciertamente, en la medida en que el narcotráfico es un negocio transnacional en el que nuestro país desempeña el papel tanto de productor de mariguana, amapola y metanfetaminas como de territorio de tránsito de la cocaína sudamericana y, secundariamente, de mercado de diversas drogas, debe plantearse la idea de levantar la prohibición de algunas de ellas que actualmente son ilícitas y tiene implicaciones internacionales insoslayables. De entrada, México limita al norte con Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas en el mundo, con 27 millones de consumidores habituales y decenas de miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis.

En Estados Unidos los costos sociales de las adicciones, incluido el alcohol, son enormes. La necesidad de cambiar de enfoque salta a la vista: la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación.

6.    Emprender la construcción de la paz

Se promoverá la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la autoridad, se pretende que sean vistos como elementos consustanciales a la estrategia de seguridad. El construir la paz requiere cambiar el paradigma ante el victimario, quien deberá asumir, como condicionantes, la plena colaboración con la justicia, la manifestación inequívoca de arrepentimiento, la garantía de no repetición de los crímenes cometidos y la reparación del daño. Se enfatiza al respecto, que perdonar no significa renunciar a la justicia, sino a la venganza privada. El estado luchará al lado de las

 

víctimas para, antes que nada, se busque obtener la verdad, así como para reivindicar la justicia y la reparación de cualquier daño.

A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, los miles de millones de dólares invertidos, los recursos consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la "guerra contra las drogas", el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable. Invariablemente, los grandes y publicitados golpes al narco capturas o muertes de capos, decomisos, "aseguramientos" de bienes se traducen en un recrudecimiento de la violencia, en violaciones a los derechos humanos y a la postre, en procesos de fragmentación de las organizaciones criminales que multiplican la inseguridad y los padecimientos de las poblaciones. La aplicación de políticas de persecución deriva de manera ineludible en la descomposición creciente de las corporaciones públicas involucradas y de dependencias de los tres niveles de gobierno, y en una imparable erosión en la confianza y la credibilidad de las instituciones ante la sociedad.

Por otra parte, la estrategia policial y belicista aplicada en los últimos doce años ha dejado una tragedia humana y social de dimensiones incalculables: más de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mil que se encuentran desaparecidas de las que casi cinco mil son menores de edad, un número difícilmente calculable de desplazados por la violencia y millones de personas que han debido modificar sus patrones de vida para protegerse. No sólo se alentó la espiral de violencia desde el poder público sino que instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como lo documentan miles de denuncias recabadas por organizaciones oficiales y sociales de Derechos Humanos. Bajo la estrategia actual, México ha sido convertido en un país de víctimas.

Como ha quedado claro en la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional, a la enorme mayoría de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados no se les ha hecho justicia y los delitos correspondientes han quedado impunes. Las políticas de violencia dejan, así, una enorme deuda social en materia de procuración que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los cauces institucionales ya existentes. En el caso de los desaparecidos se llegará hasta lo humanamente posible para esclarecer su paradero y se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos.

De cara a las medidas de pacificación, debe señalarse que la regulación desde un punto de vista distinto del consumo de estupefacientes actualmente prohibidos puede incidir en una reducción significativa de las adicciones y en una mejoría en las condiciones de los adictos pero, sobre todo, permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia, la inseguridad y el extendido quebrantamiento del estado de derecho, pero no sería suficiente por sí misma: la mera supresión de las estrategias prohibicionistas puede llevar a los grupos delictivos a una "repenalización" con el propósito de conservar su negocio y su mercado y no resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas y organizadas, con una considerable capacidad de infiltración institucional y corrupción de servidores públicos, y dueñas del control en diversos puntos del territorio. De operar una mera regulación de las drogas, esas organizaciones podrían fácilmente cambiar de giro delictivo y permanecer como un gravísimo desafío

Por: Redacción

Tips al momento

Insuficientes los golpes de realidad en Morena

Dice el diputado coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua Miguel Colunga que no hay ninguna denuncia en contra del súperdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa por nepotismo ¿Pues qué más quiere, si la realidad la tiene frente a sí?

Para empezar la Secretaría de la Función Pública federal ordenó la suspensión de todos los involucrados y al parecer ésto no fue del conocimiento -convenientemente- del diputado aspirante a presidente municipal? ¿O es que el legislador en el momento más álgido del tema no comprobó por sí mismo la nómina transparente del gobierno federal? ¿Qué no vio con sus propios ojos los nombres de sobrinos, tíos, amigos, similares y conexos tanto de Loera como de otros servidores públicos federales en Chihuahua, Parral, Ojinaga, Delicias?

¿Qué más quiere el diputado? Quizá es demasiado pedir que sea él mismo quién exija una exhaustiva investigación a fondo, en vez de pretender que se ignoren los hechos de nepotismo -quién sabe si de algún otra irregularidad- en la 4T, la realidad para algunos aunque les golpee en el rostro, no es suficiente.


Pifia de la Fiscalía en TSJE

La absolución del ex auditor Esparza por el delito de abuso de atribuciones en su función pública, que a decir de Jorge Soto tiene que ver con borrar y ocultar información que no pudieron acreditar los Ministerios Públicos por estar más clavados en comprobar el peculado, tiene implicaciones serias al interior del Poder Judicial.

Cómo estará el tema de la absolución de Esparza  para que el magistrado presidente del Poder Judicial, Héctor Pablo González piense en crear tribunales especiales en materia penal para  atender única y exclusivamente los casos de la Operación Justicia Chihuahua, púes al parecer falta capacitación en esta nueva legislación para los juzgadores y  que atiendan únicamente casos que involucren a personajes que sigan teniendo influencia política y económica.


A tapar el pozo...

No dejará Loera que la “Marcha por el Hambre” organizada por indígenas de la Sierra Tarahumara llegue a la capital del Estado.

Hoy mismo se adelantó en el camino para encontrarlos en su viaje de San Juanito a la comunidad Las Cebollas para ofrecer el inicio de mesas de trabajo. El súper delegado federal ya sabía que comunidades indígenas se organizaban para una caravana desde Creel a Chihuahua y tal parece que no hizo nada hasta que no tuvo el problema enfrente.

Habrá que ver si los manifestantes ceden ante el súper delegado federal o si proceden con su marcha de 22 días hasta Chihuahua pues lo que ellos demandan está más claro que el agua: acceder a los apoyos del programa “Sembrando Vida” ¿A poco para eso se necesita armar mesas de trabajo?

Lo delicado de este tema es que se dejó crecer, se dieron "avisos" si se le quiere llamar de esta manera, sobre la inconformidad de los indígenas y ahora que se les salió de las manos al gobierno federal es menester que lo atiendan a satisfacción de los quejosos, porque es un asunto que si llega a escalar a otras dimensiones pudiera escapársele no solo a Loera de Chihuahua, sino a la titular del bienestar y al propio López Obrador, donde el concierto internacional ya tiene puestos sus ojos en esta humilde región de país que es Bocoyna y los municipios de la alta serranía chihuahuense.

¿Dónde está la congruencia de la 4T para con los más desprotegidos? O como dijo Javier Corral "Para los que menos tienen, los que menos saben y los que menos pueden"


¿Será?

Extraño ha parecido a las organizaciones que impulsan la realización del plebiscito el que a partir del pasado jueves que la alcaldesa María Eugenia Campos acudió a votar a favor de que se realice la consulta ciudadana, la afluencia de chihuahuenses para firmar se haya incrementado significativamente, pues el fin de semana contabilizaron hasta 400 personas, cuando anteriormente si mucho acudían 20 personas al día.

Otro aspecto que llama la atención es la notoria presencia de empleados del Municipio entre los firmantes.

Nayo Rodríguez, representante de la organización Wikipolítica, señalo que si bien la intención es realizar una consulta libre e informada, la gente llega sin tener conocimiento de lo que se trata, lo que ha hecho pensar que se trata de "acarreados".

"Vemos bien que la gente llegue y al mismo tiempo pensamos que no son las formas en un proceso como éste, pues en la democracia participativa las formas son fondo".

En tanto, la alcaldesa María Eugenia Campos ha rechazado que se obligue a los empleados del Ayuntamiento a que firmen a favor de que se realice el plebiscito y aclaró que  gente que ha asistido es porque tiene quieren un mejor alumbrado para la capital...  ¿Será?

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