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Río de Janeiro, Brasil.- La Fiscalía de Brasil presentó este miércoles una demanda para intentar suspender un decreto presidencial que flexibiliza la ley sobre armas y municiones.
La Fiscalía informó que pidió la "suspensión inmediata e integral" del decreto del Presidente Jair Bolsonaro, en tanto deja vacíos legales o incluso contradice directamente lo que se estipula en la ley en vigor.
"La medida tiene un impacto inmediato en la esfera criminal", reza la demanda, que lleva la firma de cinco fiscales federales.
El decreto promulgado el 7 de mayo amplía la capacidad de los brasileños para vender, acceder y portar armas de fuego. Con el nuevo decreto, instructores de tiro, coleccionistas de armas, cazadores, cobradores de impuestos, conductores de ómnibus, camioneros, abogados, vecinos de zonas rurales, empleados de seguridad privada e incluso periodistas pueden adquirir un arma tras conseguir una autorización de la Policía Federal.
Además, el decreto incrementa la cantidad de municiones que pueden adquirir los dueños de armas, que pasa de 50 cartuchos por año a entre mil y cinco mil, según cada licencia.
Los fiscales criticaron la falta de regulación del decreto entre personas que viven en zonas rurales. De acuerdo al Instituto Igarape, un think thank brasileño especializado en políticas públicas sobre seguridad, cerca de 18,6 millones de "residentes rurales" podrían adquirir armas más fácilmente.
El caso de la Fiscalía es el segundo gran desafío legal contra la reforma.
La semana pasada, el Tribunal Supremo del país falló que Bolsonaro debía proporcionar más información. La Oposición presentó una petición diciendo que el decreto marcaba un "abuso de autoridad reguladora del Ejecutivo" y debió ser aprobada por el Congreso.
Bolsonaro tiene estrechos lazos con la banca rural en el Congreso. El Presidente, un ultraderechista ex capitán del Ejército, centró su campaña el año pasado en la promesa de combatir el crimen, prometiendo a los brasileños que les permitiría protegerse de los criminales en la nación que lidera la cantidad anual de homicidios en el mundo.
"La vida de un buen ciudadano no tiene precio", dijo Bolsonaro recientemente en el acto de apertura de un centro de inteligencia de seguridad en el estado de Paraná.
El 8 de mayo, el partido Red Sustentabilidad llevó una petición al Supremo Tribunal contra el decreto, argumentando que es inconstitucional debido a que modifica una ley, proceso que debería pasar por el Congreso.
En una entrevista televisiva con el canal local Globo, el Ministro de Justicia Sergio Moro dijo este miércoles que si hay alguna "invalidez" en el decreto, el Congreso o la Corte deberán revisarlo.