Reuters
Bogotá, Colombia.- Un líder de la desmovilizada guerrilla de las FARC fue capturado el viernes cuando se disponía a salir de una cárcel de la capital de Colombia, dos días después de que un tribunal de paz ordenó su libertad y negó su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, informó la Fiscalía General.
La recaptura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, que podría golpear la credibilidad del acuerdo de paz, se produjo a la salida de la Cárcel de La Picota, en el sur de Bogotá, por decisión de un juez que tuvo en cuenta nuevas evidencias que presuntamente probarían la responsabilidad del ex negociador de la guerrilla en un plan para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político que surgió de la otrora guerrilla tras el acuerdo de paz firmado en 2016 para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260 mil muertos y millones de desplazados, protestó con la nueva captura de su militante e insistió en que se trata de un montaje.
"Como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte", dijo la Fiscalía General en un comunicado.
"Con fundamento en lo anterior el día de ayer se solicitó a un juez de control de garantías de Bogotá la emisión de una orden de captura contra Hernández Solarte, la cual fue dispuesta por el funcionario judicial y ya se hizo efectiva", explicó.
El ex negociador en Cuba y líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no se pudo posesionar como congresista por su captura en abril de 2018.
La decisión de negar la extradición adoptada por la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, provocó el miércoles la renuncia del Fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
En reacción al fallo de la JEP, un tribunal producto del acuerdo de paz, el Presidente Iván Duque convocó para el lunes a una reunión a los principales partidos políticos para buscar mecanismos que permitan mantener la extradición como una herramienta de cooperación internacional para combatir el narcotráfico.
Duque prometió en la campaña hacer ajustes al acuerdo de paz y en marzo presentó ante el Congreso objeciones a la ley estatutaria de la JEP, pero la Cámara de Representantes las rechazó y el Senado también las negó con una votación estrecha y en medio de una polémica jurídica cuya legalidad en el trámite deberá definir la Corte Constitucional.
Colombia aún está dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de las FARC después del acuerdo de paz y los sectores más conservadores, que quieren ver a los ex combatientes tras las rejas por haber participado en la violenta confrontación que ha dejado 260 mil muertos en más de cinco décadas.
Miles de personas, incluidos ex combatientes de las FARC, efectivos de las Fuerzas Armadas, civiles y ex funcionarios del Gobierno acusados de haber apoyado escuadrones paramilitares de ultraderecha, han manifestado su intención de someterse a la JEP que contempla penas más benévolas que la justicia ordinaria.