Lo que obliga y hay que saber de la Alerta de Género

La Alerta de Violencia de Género es un instrumento que busca solventar situaciones donde las autoridades fallan de manera notoria y sistemática en la obligación de garantizar los derechos básicos —a la vida, a la libertad, a la integridad, a la seguridad, a la no discriminación— de las mujeres.

Así, la AVG es un mecanismo diseñado para subsanar las omisiones de las autoridades en torno a una violencia extrema; y por ello, es un instrumento excepcional, que solo debe utilizarse en casos extraordinarios de fallas estatales sistemáticas que redundan en una violación de derechos básicos de las mujeres.

¿Qué clase de acciones se deben implementar para cumplir con la AVG?

Según el artículo 38 Bis del Reglamento, una vez declarada procedente una AVG la declaratoria debe contener:

I. Las acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado;

II. Las asignaciones de recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género, por parte de la entidad federativa;

III. Las medidas que deberán implementarse para dar cumplimiento a la reparación del daño previsto en el artículo 26 de la Ley;

IV. El territorio que abarcará las acciones y medidas a implementar, y

V. El motivo de la alerta de violencia de género.

De aquí pueden desprenderse cinco acciones específicas que debe contener la AVG:

 1) Acciones para dar cumplimiento a la reparación del daño previsto en el artículo 26 de la Ley. Esto incluye lo siguiente:

a. Garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas;

b. Investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;

c. Investigar y sancionar a las autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad;

d. La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo;

e. El diseño e implementación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres.

2) Acciones preventivas en los ámbitos de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y/o el agravio comparado (artículo 38 Bis del Reglamento). De manera enfática se contempla que estas acciones respondan a las propuestas que determine el grupo interinstitucional y multidisciplinario (artículo 37 del Reglamento).

3) Acciones de difusión donde se indique el territorio que abarcarán las acciones y medidas a implementar y el motivo de la alerta de violencia de género (artículo 38 Bis del Reglamento).

4) Acciones de seguimiento a partir de la elaboración de reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres, que le permitan al grupo interinstitucional y multidisciplinario dar el seguimiento respectivo (artículo 23 de la Ley). 5) Garantías de implementación a partir de la designación precisa de las asignaciones presupuestales del gobierno estatal para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género (artículo 23 de la Ley).

En conclusión, la declaratoria de la AVG obliga a las autoridades a:

1) a investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos ya consumadas, lo que implica sancionar tanto a quienes violentaron a las mujeres, como a las autoridades que no procesaron esos delitos adecuadamente y actuaron de forma negligente, e,

2) implementar acciones dirigidas a prevenir este tipo de violencia, junto con la impunidad que la acompaña.

Para que esto sea posible, se tiene que

a) garantizar un presupuesto que permita, de hecho, implementar estas medidas y

b) establecer un sistema de información que le permita al grupo de trabajo evaluar los avances de la AVG. 

Por: Antonio Hernández

La Gente Opina

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