Siguen y seguirán bordándose a través de diversos medios de comunicación, informaciones sesgadas y análisis prejuiciados sobre la Nueva Reforma Educativa ya vigente para hacer interpretaciones a modo de quienes desde posiciones ideológicas pero sobre todo políticas y/o facciosas insisten en defender la fallida Reforma Educativa de 2013 (Peñanietista).
No solo se ataca para descalificar al actual gobierno de la Republica, sino que también se llevan “entre los pies” al Magisterio Nacional de Educación Básica y Media Superior y sus legítimos derechos de organización gremial y corresponsabilidad profesional en el ejercicio y en el ámbito de su materia de trabajo que es la Educación Pública.Esto último en una estrategia –que no es de ahora- que no logra esconder el verdadero objetivo de debilitar el aprecio y reconocimiento de la sociedad –particularmente de las madres y padres de familia- a los maestros, pues saben que estos son el valladarprincipal en su pretensión de regresar –ellos si- a la Educación Pública y los principios –como la Educación LAICA, GRATUITA, OBLIGATORIA, del artículo 3° constitucional- a tiempos anteriores a la época de la Reforma (siglo XIX) y a la Revolución Mexicana (siglo XX). Aquí habría que recordar que el artículo 3° constitucional contiene 3 clases de principio filosóficos:
Acuden los impugnadores a toda clase de interpretaciones y generalizaciones maliciosas, “olvidando” o evadiendo que el fracaso de la “Fallida y supuesta reforma educativa del 2013” fue por su origen un pacto político cupular (Pacto de México) que en realidad iba por el debilitamiento y pulverización del Sistema de Educación Pública y del Magisterio como gremio, para individualizar a los maestros en su relación con el Estado y regresarlos a las épocas superadas de simples “enseñadores”, sujetos a la manipulación del poder político como correas de trasmisión y de conformismo social con las comunidades y segmentos de la sociedad.
Esta fallida Reforma pues, solo generó rechazo social y magisterial por su carácter represivo laboral y administrativo con los pretextos principales de la “rectoría del estado” “y la evaluación” mecánica forzada y convertida de evaluación a simple “medición de conocimientos” para situar al magisterio en una condición de indefensión laboral y atemorizamiento; así, el rechazo se generalizó por encima de banderas políticas y político-sindicales.
Valgan algunos ejemplos de la manipulación en medios:
….en el 1er artículo transitorio se establece que la CONTRAREFORMA EDUCATIVA impulsada por AMLO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
El texto real del transitorio primero dice:
“El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación”.
Queda evidente el sesgo informativo. Hay que repetirlo, no hay tal contra-reforma educativa; lo que se da es una verdadera Nueva Reforma Educativa que sustituye a la fallida reforma peñanietista.
En todo caso lo que si fue una contra-reforma es la del 2013, que modificó lo dispuesto en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (del 18 de mayo de 1992), donde se estableció el Federalismo Educativo; y en la Alianza por la Calidad de la Educación (del 15 de mayo de 2008) tan criticadas pero que si establecían lineamientos para la transformación del Sistema y del Modelo Educativo, planteando políticas públicas para impulsar una mayor calidad y equidad de la educación en el país.
Esta dichosa Reforma del 2013, al mismo tiempo que criticaba al ANMEBA y a la Alianza por la Educación, replicaba en lo medular de su redacción, todos los aspectos positivos y realmente de orden educativo y académico de estos documentos para disfrazar el carácter represivo laboral – administrativo y la intencionalidad política de la “reforma” ahora cancelada.
Otra perla informativa es la que afirma que con el decreto de la nueva reforma se cancela toda evaluación a las maestras y maestros y que estos ya no estarán sujetos a evaluación en su desempeño.
Sobre esta información o interpretación falaz, hay que precisar:
“Hasta tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la carrera de las Maestras y Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.
Por tanto dentro de cuatro meses (Septiembre de 2019) podrá iniciar la aplicación plena de la nueva Reforma Educativa.
El otro pretexto/razón para descalificar al gremio magisterial, es el fetiche de la “Rectoría del Estado en la Educación (como le llama la investigadora TATIANA COLL).
Desde luego que corresponde (por definición constitucional) al Estado la Rectoría de la Educación, pero en sentido amplio y general para garantizar la aplicación y cumplimiento de los fines y principios establecidos por la propia constitución en su artículo 3°; y no solo como lo pretenden interpretar algunos, al control administrativo y funcional del Sistema Educativo Nacional en cuanto al manejo de la Educación Básica y Media Superior, con dedicatoria a injerencias de los grupos de dirigencia gremial en las decisiones de carácter administrativo, técnico y académico. En realidad la intención ha sido marginar a las representaciones sindicales de su legítimo derecho a defender no solo los intereses y derechos laborales del profesorado, sino a afrontar el abuso y el manejo discrecional de diversos niveles de autoridad en el ejercicio de sus funciones, en detrimento de los derechos fundamentales de las maestras y maestros en su desempeño “como agentes fundamentales del proceso educativo así como en el respeto a sus atribuciones y garantías laborales en su materia de trabajo.
Este tema tan debatido para descalificar al magisterio, vale decir que se politizó por los funcionarios de la anterior administración Gubernamental y sus personeros, alegando la supuesta pérdida de la Rectoría del Estado en la Educación; exigiendo su “recuperación” y terminar con la “injerencia” de las organizaciones sindicales (SNTE y corriente Sindical de CNTE) en la administración Educativa; pero por otro lado se defendió y justificó la entrega de la Rectoría del Estado en el desarrollo nacional y específicamente en la Economía, con la Reforma Energética de E. P.N. y la privatización de actividades fundamentales de PEMEX y CFE, con sesudos argumentos sobre la apertura de la Economía Nacional al Mercado Internacional, profundizando la “colonización” de los grupos cupulares del Sector Empresarial (a través de sus representantes) en la administración y manejo de las empresas Estatales, en sus órganos directivos, consejos de administración y órganos auxiliares de las empresas paraestatales.
En estos temas; a las y los compañeros maestros, a los Paterfamilias y Lectores interesados en profundizar en este tema, les recomiendo acceder (a través de internet) a un documento de análisis muy completo de la investigadora TATIANA COLL LEBEDEFF, publicado en la revista “EL COTIDIANO” de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UNIDAD AZCAPOTZALCO) en su número 179, de mayo – junio de 2013, con el título de “LA REFORMA EDUCATIVA, EL PODER DEL ESTADO Y LA EVALUACIÓN”.
Se podrá estar o no de acuerdo con algunas de sus consideraciones, pero es un documento de análisis puntilloso, duro, claro y preciso, certero en el análisis crítico de una reforma educativa (la de 2013) que en realidad era instrumento de control político y no de mejora real del Sistema Educativo; y que es contundente para exhibir la intencionalidad política real de dicha reforma (fallida).
Otros textos recomendables al respecto:
DE JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.