Tips en Cascada, 27 de mayo 2019

RÍOS DE TINTA corren aun luego de la renuncia de Josefa Ortiz Blanco este viernes, por haber retrasado un vuelo de Aeroméxico, el cuestionamiento sobre los verdaderos motivos de dicha salida van desde la presión social que se originó en redes y encontró eco en medios de comunicación hasta la orden presidencial para nombrar en su lugar al exgobernador y senador por Chiapas, versión que tuvo como origen un trascendido de la periodista Lourdes Mendoza de El Financiero este 25 de mayo.

LAS VOCES en contra de tal posibilidad resuenan desde el interior de la propia 4T, que exigen al jefe del ejecutivo federal hacer memoria de lo que es y representa Velasco Coello para el nuevo proyecto alternativo de nación de AMLO sobre todo en lo político, la versión encontró eco luego de que desde múltiples cuentas en twitter en los días previos a la salida de la secretaria Josefa Ortiz, comenzó una “limpieza” de la imagen del político chiapaneco.

LA OPACIDAD que caracterizó en estos seis meses a Ortiz Blanco hizo surgir temas como la cancelación del NAICM en Texcoco y la consecuente deforestación que representará construir en Santa Lucía el proyecto aéreo; Dos Bocas y el tremendo impacto ambiental con emisión de gases y elementos sumamente tóxicos que se supone tendríamos que estar abandonando así como la depredación del ecosistema a lo largo de los mil 500 kilóemtros que traerá consigo la construcción del Tren Maya a los cuáles en ningún momento se opuso la funcionaria, a pesar de los múltiples señalamientos de ambientalistas y organizaciones a favor de la preservación de las áreas naturales.

HABRÁ QUE esperar a que este lunes Andrés Manuel López de a conocer el posible nombramiento o cuando menos adelante la fecha en la cuál podría ocurrir.

GERMÁN MARTÍNEZ y Josefa Ortiz son las primeras dos renuncias de más que habrán de darse, tal y como advirtió López Obrador tras la salida del Director General del IMSS  “Y vendrán más”.

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LAS ATRIBUCIONES ejercidas por la Comisión Estatal de Seguridad para contener la manifestación de los ejidatarios en Sacramento tendrán repercusiones políticas contra el gobierno de Javier Corral, pues independiente de la argumentación de haber actuado conforme a la ley para la detención de 14 personas involucradas, básicamente fue una confrontación a la oposición al gobierno que representa Morena.

DETENCIONES DE políticos como el diputado Miguel Colunga, la regidora Katalina Bustilllos y la abogada, Karen Mora, ya comenzaron a considerarse como una actitud de revanchismo del gobierno contra la oposición y el costo político se cargará hacia el PAN como partido en el gobierno, tanto que el primer asunto por el que ya se acordó la postura en contra, es el tema de las luminarias de la alcaldesa Maru Campos… Lo cual digamos que no le viene del todo mal al Nuevo Amanecer si se toma en cuenta que la alcaldesa es un obstáculo político a los intereses del grupo en el poder estatal y a los acuerdos para la sucesión gubernamental del 2021… dicho en términos rancheros, podrían ayudar casi sin querer a sacar de la jugada a Campos Galván…

LA DETENCIÓN de ejidatarios en la brecha ejidal a Sacramento y los señalamientos de abusos de la Comisión Estatal de Seguridad documentados en múltiples medios de comunicación le valieron a Javier Corral reclamos de diversos sectores de la sociedad, las redes sociales fueron el espacio dónde no le perdonaron al gobernador panista la actitud de sus elementos policiacos pues dicen que se ha volteado en contra de los que lo llevaron a donde está.

LOS DIPUTADOS también se vieron mal al no responder el llamado de los ejidatarios, quienes le pidieron estar presentes el sábado pasado al momento de que buscaran reaperturar la brecha ejidal que la Secretaría de Hacienda mandó a inhabilitar con una zanja monumental.

DE 33 legisladores que dicen representar al pueblo chihuahuense, solo Miguel Colunga estuvo presente y no podría decirse que solo estuvo de observador pues al menos intentó abogar por las personas que fueron detenidas y hasta le tocó que lo subieran a las patrullas… no por nada hasta Omar Bazán le externó su reconocimiento por apoyar a los habitantes del ejido Sacramento aunque algunos dicen que en lugar de mandar felicitaciones, mejor habría sido que se apersonara en el lugar y ¿Porqué no? llevarse consigo a Ulises Ruiz y al CDE del PRI, para disimularla tantito y parecer solidario cuando menos.

RESULTA QUE no habiendo estado presentes los otros legisladores locales en la trifulca, es el distrito 13 al que le corresponde a la diputada del PAN, Georgina Bujanda, quién totalmente ausente para mediar en alguna solución simplemente brilló por su inasistencia lo que también se puede traducir en falta de interés y quizá de oficio político porque además de ser legisladora del distrito preside la Comisión de Seguridad en el Congreso, sin embargo hay quienes  fue congruente también la legisladora pues junto con sus compañeros del PAN votó  en contra de la eliminación de la caseta a Sacramento.

A LA LUZ de la Constitución y de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los agentes estatales que participaron en la detención del diputado Miguel Colunga podrían ser sujetos de sanciones administrativas, debido a que el legislador cuenta con fuero y no sólo eso, sino que además es irrenunciable y vinculatorio en su actuación, por lo que ya se presentaron las denuncias correspondientes y se analizan aquellas de carácter interno para los afectivos como respuesta de los daños que pudieran haber recibido de manera colateral otras personas involucradas.

MORENA reprobó la actuación del Estado para con los ejidatarios de Sacramento, Martín Chaparro y Omar Holguín realizaron fuertes criticas en contra de Javier Corral responsabilizándolo de los abusos y maltratos, lo calificaron de déspota, opresor y fascista.

JAIME GARCÍA Chávez tampoco se quedó atrás y reiteró que la salida del gobernador, del Fiscal César Peniche y del Comisionado Óscar Aparicio es imperante e inclusive, amerita para ser un asunto que llegue a manos del Senado de la República, no dude usted que el activista ya prepare el exhorto.

LAS ACUSACIONES contra el gobernador Javier Corral no se hicieron esperar en sentenciar aquella promesa de la defensa de las libertades de los chihuahuenses o como él lo llama “pueblo libre y soberano”, pues junto a esta consigna aseguraba terminar con el gatopardismo contra el cambio para que las cosas sigan igual, ya que a dos años y medio de gobierno se recordaron varios episodios donde la inconformidad y manifestación se vio confrontada con el uso de la fuerza pública, hasta el “verano caliente del 86” donde los panistas tomaron casetas del Estado en protesta y que el hoy gobernador era entonces parte de la campaña de Pancho Barrio.

EL TEMA llegará no sólo al Senado como lo ha planteado Cruz Pérez Cuellar que buscará exhibir la situación social que enfrenta el gobierno de Chihuahua, sino que podría el asunto llegar incluso a afectar las finanzas estatales con la intención de que exista una respuesta del gobierno de AMLO para retirar las concesiones carreteras que se entregaron, algo que ya ha sido planteado contra otras entidades federativas y que en el caso del Estado grandes están comprometidas para pagar las bursatilizaciones, ahora la reestructura de los 48 mil millones de pesos.

DESDE 2018 que se tienen en la congeladora de la comisión de Hacienda del panista Jesús Valenciano las propuestas para exentar del costo de peaje a los ciudadanos aledaños a las casetas entre ellas los de Sacramento, es más, se ha omitido darle continuidad al proceso legislativo a una propuesta de Ley ciudadana para la exención del costo de las 11 casetas de peaje que hay en la entidad.

LA CEDH no se queda atrás si de tibieza hablamos, hasta parece que le faltan visitadores pues al conflicto en Sacramento mandó únicamente a un visitador cuando eran cientos los que estaban involucrados en el conflicto y un par de ojos evidentemente serían insuficientes para registrar todo lo ocurrido.

EL OMBUDSMAN Néstor Armendáriz tiene la obligación de considerar no solo lo que su personal dejó sentado en el acta circunstanciada pues difícilmente una sola persona pudo haber documentado todo lo que ocurrió en la brecha ejidal y claro, sería conveniente considerar que a este tipo de eventualidades debiera reforzarse la presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

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NORMA LEDEZMA dicen que está saliéndose del corral pues el posicionamiento que hizo el sábado pasado señalaba casi con todas sus letras, el desinterés del gobierno actual por el tema de feminicidios y desapariciones. Tal y cómo habían anunciado, organizaciones feministas se reunieron en la Cruz de Clavos el pasado 25 de mayo y lo que más llamó la atención fue el señalamiento de Norma Ledezma pues la activista apuntó que todos los gobiernos son iguales a la hora de atender temas de violencia de género, sin importar el partido, a todos les va y les viene el número de mujeres que resultan asesinadas, violentadas o que desaparecen para nunca más ser vistas… desde Pancho Barrio.

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POR CIERTO, 2 años y medio le tomó a la Coordinación de Comunicación Social instalar una Unidad de Género para cumplir con el Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, la responsabilidad no es solo de María José Valles pues ella tiene desde diciembre del año pasado -algunos dicen que ya estaba a cargo del despacho desde noviembre pero ese es otro cuento- mientras que Antonio Pinedo, en los dos años que estuvo a cargo de Comunicación Social parece que no tuvo tiempo de trabajar en la perspectiva de género. El problema es que parece que nadie tiene apuro en contar con centros laborales seguros para las mujeres y tampoco hay nadie que les apure a cumplir con ello pues Emma Saldaña, directora del Ichmujeres no ha hecho un solo exhorto al respecto… ya ni porque en Comunicación Social han surgido más de una denuncia en contra de funcionarios por acoso y hostigamiento sexual, por cierto, sin prisa por que se resuelvan e incluso es por varios conocido que aunque alguno ya salió de la administración estatal, aún se encuentra laborando uno que otro individuo en dicha coordinación que tienen este antecedente, lo cual habla bastante mal del interés verdader por erradicar este tipo de conductas.

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JOSÉ REYES Baeza fue acusado por Ulises Ruiz de estar manipulando a la militancia priísta en la entidad para apoyar a José Narro en su aspiración de ocupar la presidencia nacional y anunció que va por la destitución de Renato Alarcón como delegado del partido en Chihuahua pues es visto como cercano a Reyes Baeza ya que ambos eran funcionarios del ISSSTE al mismo tiempo, uno como director general y otro como titular en Veracruz.

PERO ASÍ como Renato Alarcón, hay otros 19 delegados del PRI que serán denunciados por Ulises Ruiz por estar supuestamente operando a favor de uno u otro aspirante así como un buen número de Comités Directivos Municipales, ¿cómo ve?

FERMÍN ORDÓÑEZ podría no ver reflejadas en el padrón nacional las poco más de mil afiliaciones que logró registrar como presidente municipal del PRI pues, a decir de Ulises Ruiz, hay entidades como Coahuila y Campeche con registros inusuales, que rebasan el flujo normal y que seguramente serán inhabilitados por tener posibles intervenciones de los gobernadores a favor de algún aspirante.

EL CASO es que si la comisión interna que está a cargo de las elecciones se inclina por invalidar las afiliaciones en tres o cuatro entidades, muy seguramente harán lo mismo a nivel nacional y ello incluye los registros que en Chihuahua logró obtener Fermín Ordoñez.

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EL LEGISLADOR de Encuentro Social, Misael Máynez decidió en su derecho de réplica, asegurar que no tenía comentario alguno en contra de las acusaciones que le hace su compañera de partido, Marisela Sáenz sobre presunta violencia política y despido en contra de la joven colaboradora de la fracción parlamentaria pese a padecer cáncer y tener una hija que requiere de servicio médico para operación de traqueotomía.

MARISELA SÁENZ, le tomó la palabra a Misael Máynez y habrá de iniciar esta semana con una serie de denuncias ante diversas instancias, entre ellas el instituto Estatal Electoral y la Fiscalía General del Estado, pues al parecer según la diputada, se ha visto afectada por el diputado mediante presiones, incluso que se le pretendieron negociar votos para magistrados del Tribunal Anticorrupción a cambio de permitirle ocupar oficinas en el piso 9 del Congreso.

MISAEL MÁYNEZ se mantiene despreocupado, pues considera que no hay elementos en su contra, tanto así que ha continuado con una serie de foros de un proyecto de Ley de continuidad de obras públicas en el Estado que está siendo socializada con las distintas cámaras empresariales para ser presentada en el pleno antes de concluir el año.