Arranca el debate para sacar de aprietos a las Fuerzas Armadas

El Congreso de la Unión arrancó el debate de las iniciativas para crear una Ley de Seguridad Interior, que brinde un  marco legal a las Fuerzas Armadas en su lucha contra la inseguridad y el crimen organizado en un estricto marco de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Senadores, diputados federales y especialistas analizarán en las próximas semanas y en su caso dictaminarán las cuatro iniciativas que se han presentado en los últimos meses en busca de establecer con claridad los alcances en la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado donde se busca establecer que el Ejército y la Marina intervendrían sólo cuando las capacidades de los tres órdenes de gobierno sean insuficientes para contrarrestar las amenazas.

Asimismo se puso sobre la mesa que la falta de normatividad en la materia no sólo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas, sino que resta seguridad jurídica a los ciudadanos.

En presencia del consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, señaló que en esta ley se busca definir las bases de coordinación para preservar la gobernabilidad y los derechos humanos.

Una de las preocupaciones básicas sobre todo del PAN fue la necesidad de dejar en claro que no se vincule ley de seguridad con estados de excepción en caso de una amenaza o emergencia en cuestión de seguridad.

NO HAY CHEQUE EN BLANCO. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz advirtió que la falta de normatividad en la materia “no sólo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas, sino que resta seguridad jurídica a los ciudadanos”.

En ese sentido aclaró que no se dará un “cheque en blanco” a las Fuerzas Armadas con esta ley, y menos se busca establecer condiciones para un eventual estado de emergencia.

“Tenemos que regularizar la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad nacional y seguridad pública”, pero no se trata de un cheque en blanco, y en modo alguno se trata de un estado de excepción, se tiene que dar un marco legal que otorgue  certeza a los uniformados y a los ciudadanos de que los derechos humanos estarán a buen recaudo”, sostuvo.

Al explicar los detalles de su iniciativa, el senador Roberto Gil detalló que en su propuesta no  implica declaratoria de excepción o de emergencia, ni otorga a las Fuerzas Armadas funciones de investigación o de procuración de los delitos.

“No suple con militares las tareas de los policías, y cierra el margen actual de discreción sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas”, abundó.

Aseveró que en cuatro años la presencia de militares en tareas de seguridad en el país se ha duplicado:  En 2012 había 75 bases militares mixtas de seguridad pública, con mil 680 efectivos militares desplegados; para 2016 son 142, con tres mil 386 elementos permanentes.

Por: Redacción
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