Protestar guardar y hacer guardar la Constitución

Asumir la titularidad del poder ejecutivo federal inicia con una declaración que tiene como propósito el reconocimiento expreso al orden jurídico que se ha ido construyendo en el País; una expresión de asumir el mandato de lo que consideramos como acto fundacional de un Estado, esto es el respeto a la norma suprema de la nación: la Constitución.

Así pues, la constitución resguarda las garantías individuales y organiza las instituciones del poder público; la protección de los derechos fundamentales de los individuos es una parte que tiene gran relevancia, ya que la omisión o la cancelación de estos derechos define el tipo de gobierno que está viviendo el País.

En nuestra constitución, se plasma el juicio de amparo, que es un medio legal para la defensa de los derechos y garantías individuales que tenemos todos los mexicanos ante la inexacta aplicación del derecho y la constitución federal a su favor; el juicio de amparo es uno de los medios legales para reclamar la inconstitucionalidad de actos y normas; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el juicio de amparo fue establecido por el artículo 103 constitucional, no para resguardar todo el cuerpo de la Constitución, sino para proteger las garantías individuales.

Así las cosas, ¿Por qué el Presidente de la República se incomoda por los amparos promovidos en el tema del aeropuerto?; ¿Por qué no respetar los medios que la constitución otorga para la protección de las personas?; ¿Por qué tratar de exhibir a quienes se inconforman, por la vía legal, respecto de sus decisiones?; ¿Qué no protesto guardar y hacer guardar la constitución?

La cancelación de nuevo aeropuerto de la ciudad de México, inicio con una declaración del presidente sobre la comisión de actos de corrupción en el proyecto; sin embargo, a poco más de seis meses del inicio de su mandato, no existe una sola denuncia penal ante la fiscalía general de la república que sustente su dicho; entonces, podemos estar en presencia de un capricho presidencial, que está afectando la competitividad del país y nuestra credibilidad como nación; y eso, nos está poniendo en una situación complicada en el contexto económico mundial.

Decían los personajes de Chespirito, particularmente la Chimoltrufia … “Yo como digo una cosa, digo otra” …; parece que en el Gobierno de la cuarta transformación pasa algo similar, ya que en la toma de protesta se asumió el deber de respetar y hacer respetar la constitución, cosa que esta siendo hoy negada, por la vía de los hechos, por quien realizó esa declaración el primero de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La salud de las instituciones públicas, requiere de una actitud responsable de quien las dirige; en el caso del NAICM y del Aeropuerto de Santa Lucia, parece que se ha convertido en una lucha de vencidas; sin embargo, el más perjudicado ha sido el país; reitero, si hubo corrupción pues que se presenten las denuncias; siempre habrá intereses en este tipo de proyectos, por la importancia que tienen, los intereses no necesariamente son actos ilícitos, el Gobierno debe tener el interés de consolidar la infraestructura aeroportuaria del País para estar mejor conectados con el mundo; los empresarios tienen el mismo interés para el transporte de mercancías y de personas; ambos intereses son válidos, incluso será válido el interés de una empresa constructora por participar en los procesos licitatorios de la construcción de una obra pública, lo malo sería que existiría algún privilegio para alguien, pero eso no ha sido denunciado ante el ministerio público.

La amenaza del Presidente de exhibir a quienes se han amparado contra la cancelación de NAICM y sobre aquellas personas que se amparen para que se suspenda la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia, es un acto que pone el riesgo el Estado de Derecho de nuestro país; es una amenaza al marco jurídico constitucional, porque busca cancelar el derecho de los ciudadanos a la protección de las garantías individuales; la denominada cuarta transformación no debe ser una regresión autoritaria, no creo que este conceptualizada como una forma de gobierno en donde los derechos humanos, las libertades y la posibilidad de inconformarse por la vía legal se deban de cancelar.

Mas allá de los temas económicos que pueden afectar al país en la cancelación de esta obra y la perdida de dinero publico que esto ha generado; esta en el ambiente una conducta muy peligrosa de parte del titular del poder ejecutivo federal; porque estoy seguro de que acciones legales de este tipo existirán muchas en el ejercicio de su Gobierno, y tratar de detenerlas con amenazas, con intervención en los demás poderes públicos, es muy riesgoso para un país que se considera democrático.

Es necesario recapacitar … el Estado no es el Presidente.