La salud financiera del ISSSTE

Variables
Jacinto Gómez Pasillas

Como referente del tema, hay que recordar que el Sistema de Salud Mexicano, está constituido por 2 Sectores: el Público y en Privado. Este último lo constituyen Instituciones Hospitalarias y Empresas Aseguradoras con prestación tanto de servicio médico (Ej. Seguros de Gastos Médicos Mayores) como de ahorro y planes privados de fondos para el retiro. Está dedicado a atender a la población con capacidad de pago, empleados de confianza y ejecutivos de nivel medio y superior de las empresas privadas.

El Sector público lo constituyen las instituciones creadas por el Estado Mexicano para atender a los dos sectores mayoritarios de la población, que son:

Los trabajadores asalariados de empresas privadas y públicas, así como de las dependencias de gobierno y sus familias; y los trabajadores integrados a la “Economía Informal” o no asalariados, así como las personas sin trabajo fijo o de Sectores y Regiones marginadas y sus familias, sin ingreso fijo o de plano sin empleo alguno. Para estos se crearon programas específicos como el actualmente denominado “Seguro Popular” (próximo a ser sustituido por otro programa similar) y los “Centros de Salud” de la Secretaría de Salud coordinados con los Servicios Estatales de Salud.

En este marco el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) SON LAS INSTITUCIONES EMBLEMÁTICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO,  PARA LOS TRABAJADORES REGIDOS POR LOS APARTADOS A y B respectivamente del artículo 123 de la Constitución Mexicana y sus familias, con la salvedad de los militares y los trabajadores de PEMEX, que tienen sus propios sistemas de Seguridad Social. Ambas Instituciones tienen como función proporcionar a sus afiliados (Derecho-Habientes y beneficiarios) servicios de salud como prestaciones sociales,  económicas y culturales.

Derivados del Modelo del ISSSTE, en la segunda mitad del Siglo XX, se crearon en diversos estados de la República instituciones que con diversos nombres tienen la función de otorgar los Servicios de Seguridad Social y de Salud (Pensiones y jubilaciones, Servicios Médicos y de Préstamos personales e Hipotecarios como los principales) a los trabajadores de cada gobierno estatal, a los cuales se fue incorporando en muchos casos a trabajadores de las Universidades Públicas Locales e incluso de muchos municipios.

Sin embargo, en otras entidades los Gobiernos Locales optaron por convenir con el Gobierno Federal la incorporación al ISSSTE de sus trabajadores para recibir los Servicios de Salud, particularmente los servicios médicos. Lo mismo hicieron muchos municipios de estos estados, sobre todo los más importantes y de mayor capacidad de ingresos presupuestales.

El financiamiento de estas Instituciones paradigmáticas proviene, en lo que respecta al IMSS, de las aportaciones tripartitas de los empleadores y los empleados  (que significan en conjunto la mayor aportación) y del Gobierno Federal; y en lo que respecta al ISSSTE, de las aportaciones del empleador (que es el Gobierno Federal) y de sus trabajadores como empleados, incluyendo las aportaciones correspondientes en los mismos términos y proporciones de empleadores y empleados) de los Gobiernos Estatales y Municipales que tienen convenios de servicios con el ISSSTE.

Viene lo anterior al caso, porque de muchos años atrás (diríamos que desde el principio) las aportaciones de estados y municipios adheridos al ISSSTE, que deberían ser entregados puntualmente cada quincena o cuando mucho cada mes a este Instituto Federal, han sido tradicionalmente entregadas con gran retraso o peor aún, omitidas, constituyendo  adeudos crecientes y de gran magnitud, que se han convertido en muchos casos virtualmente en deudas casi impagables, que agregadas a los propios déficits de ingresos propios del ISSSTE, derivados entre otros factores por falta de pagos de Dependencias Directas del Gobierno Federal y/o de Empresas Paraestatales y autónomas, así como por adeudos de préstamos (personales e hipotecarios) de muchos de los propios trabajadores; que cada año se acumulan y convierten en pasivos, en el presente han detonado una verdadera crisis financiera para esta Institución fundamental del Estado, que se refleja en un agravamiento de las deficiencias de atención y carencias de suministros para una atención eficaz y efectiva en calidad, cantidad y cobertura en los servicios más sentidos y necesarios para los derecho-habientes y sus beneficiarios (o familias).

Los adeudos acumulados de Estados y Municipios al ISSSTE, son ya por su monto, un factor muy importante en la crisis de insuficiencia financiera de este Instituto para hacer frente a sus obligaciones de prestación de servicios, que cada vez se agrava más. 

Esto quedó una vez más de manifiesto en el informe que la propia institución presentó recientemente a las Cámaras del Congreso de la Unión (Senado y Cámara de Diputados) y que trascendió a la opinión pública a través de importantes medios de comunicación, los cuales destacaron algunas de las ya alarmantes cifras de las deudas acumuladas de Estados y Municipios al ISSSTE, como son:

  • El adeudo al ISSSTE por Estados y Municipios, y sus derecho-habientes, es de ¡30 mil 903 millones de pesos!
  • De este total, tan solo nueve estados concentran ¡27 mil 411 millones de pesos! (Notas del periódico Excélsior).

Las autoridades responsables en esas entidades han alegado reiteradamente que esos adeudos acumulados cada año más y más, se deben a insuficiencias presupuestales debido a la falta de suficientes ingresos propioso de participaciones federales, y tienen cierta razón, SÓLO EN PARTE; pues por lo menos en teoría, las previsiones presupuestales de cada año previstas por cada ejecutivo local y aprobadas por cada Congreso Local, deben contener las partidas suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social de sus trabajadores.

Es el caso también de algunas UNIVERSIDADES LOCALES, adheridas al ISSSTE.

Lo que omiten reconocer es que la anterior justificación aplica parcialmente para el caso de las aportaciones correspondientes al Gobierno de cada Estado, Municipio y/o Universidad (de los que tienen adeudos con la pre-citada Institución); pero no aplica de ninguna manera para las aportaciones quincenales (o mensuales) que religiosamente se descuentan a los trabajadores de su sueldos, de la misma manera que les aplican los descuentos (en nómina) por otros conceptos como pago de ISPT (impuesto federal), préstamos o faltas injustificadas.

Esas aportaciones que se descuentan a los trabajadores, y de las cuales la autoridad que hace el descuento es solo intermediaria como retenedor, deben ser (o deberían ser) enteradas de inmediato al ISSSTE. Esta es una obligación cuyo incumplimiento debe (o debería) ser sancionada. Pero lo que sucede (y ha sucedido siempre) es que de manera indebida y oculta se practica lo que se llama “Jineteo” de esos recursos económicos, para sacarles utilidades por intereses en el depósito bancario de los mismos, o lo que es peor, desviar esos recursos que debieran estar etiquetados, a otros fines o necesidades de los gobiernos en turno, incluso se habla de desvíos que implican corrupción. Pero el simple hecho de disponer de esos recursos por aportaciones de los trabajadores, es por sí mismo merecedor de sanciones jurídicas y responsabilidades.

Vale precisar que la información periodística menciona cuales son los 9 estados que concentran el mayor porcentaje de adeudo: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Pero en este porcentaje están también algunas Universidades y Municipios de esos estados. El resto del adeudo se distribuye en diferentes proporciones de menor impacto entre las restantes 23 entidades.

De lo comentado anteriormente de manera muy general se puede concluir la urgencia de que el actual gobierno de la República actúe en consecuencia. No es su responsabilidad el estado de crisis que vive el ISSSTE (entre otras instituciones) pero sí lo es actuar para remediar la situación y evitar que se siga agravando –Corresponde específicamente al poder Legislativo, generar las iniciativas de Ley y Decretos que permitan crear disposiciones legales que conviertan en delitos (graves incluso) las prácticas indebidas de disponer de recursos económicos de los cuales sean solo retenedores, para entregarlos al destinatario de los mismos, fijando límites y tiempos para los procesos correspondientes de entrega.

Creo que las mismas consideraciones aplican, sin prejuiciar nada, para los Estados que tienen sus propios Sistemas de Seguridad Social para sus trabajadores, a fin de dar mayor fluidez y transparencia al financiamiento de los mismos

(Institutos de Seguridad Social y/o Pensiones Estatales) y a la acumulación de adeudos por Entidades adheridas (Municipios, Universidades, Organismos Descentralizados, etc.).

En otro tema:

Hay una situación de orden internacional cada vez más preocupante; por lo que significa revivir la llamada “Guerra Fría”, sólo que ahora, ya no en mundo bipolar por cuanto a las Potencias Militares y Económicas, sino en un mundo multipolar y con dispersión de capacidades de armas nucleares disponibles. Lo comentamos la siguiente semana.

Agregado:

Hago mención de las interrogantes que me compartían algunos compañeros, sobre el revuelo de último momento que generó la renuncia del “Secretario de Hacienda y Crédito Público” del actual Gobierno de la República; pues les sugerí, al margen de consideraciones personales, y hago extensiva la sugerencia; releer el artículo que publicó OMNIA el pasado jueves 4 de julio, con el encabezado de “Los tremendismos y la moderación”.

Tips al momento

La transparencia tricolor

También los partidos políticos parecen aprovecharse de las trabas del sistema de transparencia para darle la vuelta a los asuntos que debieran enfrentar. Resulta y resalta que en el Revolucionario Institucional hay por lo menos 10 ex trabajadores -uno de ellos ya tenía 17 años de antigüedad- que aseguran, fueron despedidos de manera injustificada y sin un solo peso por concepto de liquidación y esa costumbre de correr a la gente parece que viene desde que Liz Aguilera estaba al frente de la dirigencia estatal y continúo hasta la actual presidencia que encabeza el diputado Omar Bazán Flores.

Total que el diputado y dirigente del PRI les respondió a los inconformes una solicitud de transparencia en donde le pedían los nombres, cargos, años de experiencia, percepción salarial y monto de la indemnización de todos los empleados que Bazán Flores ha corrido del partido y la respuesta, escuetamente fue un “no hemos corridos a ningún empleado”… si bien rumoran que a mucha gente le dejaron de renovar el contrato laboral, también se dice que a muchos los corrieron a la mala, seguramente buscan quedarse con el mínimo de plantilla laboral porque el partido ya no gana lo que antes, cuando eran la primera fuerza política pero no se vale que se deshagan de la gente que por años les ayudó sin siquiera darles la liquidación que les corresponde.

Se sabe además que el pasado 2018 hubo gente despedida cuya antigüedad llega al cuarto de siglo y que se encuentra en la misma situación...

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