El ABC de la acusación contra Collado

Revelan propiedad de los ex Presidentes

Los ex Presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari son los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros, dijo Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex miembro de dicha sociedad financiera popular y denunciante de Juan Collado.

Aunque la base de sus afirmaciones son los dichos de terceras personas, el también empresario inmobiliario aseguró a la Fiscalía General de la República que el propio Peña Nieto enviaba camionetas de valores con dinero en efectivo a la empresa.

Bustamante Figueroa asegura que Jesús Beltrán González, entonces director general de la Caja Libertad, tiene documentos que acreditan las operaciones de Peña en la Sofipo.

"Me parece importante resaltar que Jesús Beltrán González tiene copias autógrafas de todos y cada uno de los contratos, los cuales me mostró, diciéndome que si (José Antonio) Rico Rico y Juan Collado no le pagaban su parte (tajada del negocio) por la venta de Libertad S.A. de C.V. S.F.P., los iba a exhibir a las autoridades, ignorando si a la fecha ya le fue pagada su parte", declaró el 20 de junio.

"Dichos contratos ligan a personajes con Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Rico Rico, Javier Rodriguez Borgio y Francisco Domínguez Servien (Gobernador de Querétaro)".

Según el querellante, el contador público Romeo Ovando era el responsable de las operaciones financieras ilícitas de la Caja Libertad y entre ellas menciona las que supuestamente están vinculadas con Peña.

"Aproximadamente en los meses de octubre o noviembre de 2014, estando yo presente, llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de Libertad, con varias cajas de efectivo; me comentó Rico que era dinero de Peña Nieto; el mismo fue recibido por personal de Libertad, es decir Romeo Ovando y otros; la verdad no supe el destino, pero en esa ocasión fue en la que José Antonio Rico Rico me comentó que Juan Collado era en realidad prestanombres de Peña Nieto", expuso a la FGR.

En un testimonio previo, del 10 de junio, Bustamante menciona que el ex presidente Carlos Salinas también es uno de los dueños de la Caja Libertad. Como en el caso anterior, su fuente es un tercero, en este caso Beltrán González.

"(Beltrán) de viva voz me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que, él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en Libertad Servicios Financieros, me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari (...)", comentó.

Simulan comprar bien

La cancelación de una renta de 852 mil pesos mensuales a un miembro de la Caja Libertad dio lugar a una denuncia penal sobre la cual la Fiscalía General de la República montó el caso que hoy tiene en la cárcel al abogado Juan Collado.

Sergio Hugo Bustamante Figueroa, miembro de la Sofipo desde 1997 y presidente de Educación de la Cooperativa en la década pasada, declaró que la empresa compró un edificio por más de 173 millones, en una operación que tiene la apariencia de una simulación.

La "auto venta" del inmueble habría servido sólo para sacar el dinero de la Caja Libertad, mismo que regresó mediante depósitos bancarios a Collado y a empresas supuestamente "fantasma" de José Antonio Rico, entonces presidente del Consejo de Administración.

El testimonio, sin embargo, expone que el propio Bustamante era parte de la trama y que no lo denunció hasta que dejó de percibir su renta.

El inmueble en cuestión es la sede de la Caja Libertad y está en el Lote 2, Manzana CS-12, en la Zona Comercial Centro Sur, entre las avenidas Fray Luis de León y Boulevard Bernardo Quintana. Hoy tiene un valor de 700 millones de pesos.

Bustamante narra que en abril de 2015 fue a ver a Rico para que reclamar su depósito mensual de 852 mil pesos, correspondiente a la renta del inmueble, pero aquel le respondió que no le iba a dar ni un peso porque ya lo habían vendido a Caja Libertad.

"(Se vendió porque) había asumido el compromiso con Javier Rodríguez Borgio de venderle el edificio de mi propiedad, esto a razón de que Javier Rodríguez Borgio pretendía comprar la administración de Libertad Servicios Financieros, poniendo como condicionante la adquisición del inmueble", dijo.

En el 2010 fue constituida Operadora de Inmuebles del Centro, la propietaria del inmueble, y Bustamante era uno de sus accionistas. Tras su venta, descubrió en desde el 2013 se había llevado una asamblea ante notario en la que sus acciones cambiaron de dueño y fue desvinculado de la Sofipo.

La Unidad de Inteligencia Financiera, basada en la denuncia de Bustamante, presume que se trató de una operación simulada, ya que José Antonio Rico, presidente de Caja Libertad, en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de la inmobiliaria.

Además, José David Aguilar Vega, Jesús Cárdenas Rico y Fanny Frías Cantú, los accionistas que en el papel se quedaron con las participaciones de Bustamante, dijeron que nunca fueron a ninguna asamblea ni eran accionistas de nada.

Otro aspecto que hace presumir la simulación es que, tras la venta del inmueble, el 10 de abril de 2015 Operadora de Inmuebles del Centro transfirió 24 millones de pesos a Collado.

También depositó 97 millones 119 mil 168 pesos a Administradora Ario; 1 millón 550 mil a Despacho Integral de Inmuebles; 493 mil a la empresa con RFC MRI110214BJA; y 50 millones 60 mil 400 pesos a Administradora Cimantorio, supuestamente ligadas a Rico.

Inyectaba efectivo Rodríguez Borgio

Javier Rodríguez Borgio, dueño de los casinos Big Bola, se hizo de la Caja Libertad a fines de 2014, tras acordar con José Antonio Rico Rico, entonces presidente del Consejo de Administración, el pago de 850 millones de pesos.

Alrededor de 400 millones fueron pagados mediante transferencias a bancos de España y Alemania, de acuerdo con el testimonio de Sergio Hugo Bustamante Figueroa.

En algún momento, esta operación estuvo a punto de caerse porque a Rodríguez Borgio le habían congelado sus cuentas por una investigación de robo de combustible y lavado que, al final, no tuvo consecuencias penales.

El casinero impuso como nuevo presidente del Consejo de Administración a Martín Díaz Álvarez, quien duró sólo unos meses en el cargo porque se ordenó su aprehensión por el escándalo de Oceanografía, donde era socio de Amado Yáñez Osuna.

"Es en este punto donde aparece la siniestra figura de Juan Collado Mocelo y así aparece, a rescatar la fallida venta, acuerdan con Rodríguez Boergio, desaparecerlo solo en el papel y acuerdan la incorporación de Juan Collado, persona que representa los intereses de Enrique Peña Nieto", dice el denunciante.

"Acordaron también para blindar su ilegal operación incorporar con una posición dentro del Consejo de Administración al señor Mauricio Kuri González, representando los intereses de Francisco Domínguez Servién".

Bustamante afirma que cuando Rodríguez Borgio era el dueño, ordenó entregarle dinero al entonces candidato a gobernador de Querétaro, a través de Marco Antonio del Prete, actual secretario de Desarrollo Sustentable del estado.

"En el caso particular de las entregas a Marco Antonio del Prete, las palabras textuales de (José Antonio) Rico fueron “Marquito, aquí esta lo que quedamos, dile a Pancho (se refería a Francisco Domínguez) que es lo que acordó con Javier (se refería a Javier Rodríguez Borgio) y conmigo, sólo dile que le diga a Pancho que con todo”, obvio se fue muy contento Marco Antonio del Prete", cuenta Bustamante.

El querellante dice que Rodríguez Borgio inyectó al menos 50 millones de pesos de las ganancias de sus casinos a la Caja Libertad, a través de dos entregas en vehículos de valores.

"Personas físicas como Javier Rodríguez Borgio, quien obtenía los recursos a través de los casinos Big Bola, depositaba los recursos a Libertad Servicios Financieros, siendo aproximadamente 50 millones de pesos, me consta porque en dos ocasiones, aproximadamente en los meses de octubre y noviembre del año 2015, la entrega de dicho dinero se llevó a cabo en las oficinas corporativas de Libertad Servicios Financieros", dice.

Financian campañas de PRI y PAN

Desde el 2006, la Caja Libertad Servicios Financieros financia campañas para presidentes municipales, senadores y gobernadores de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, declaró Sergio Hugo Bustamante Figueroa.

En los testimonios que rindió ante la FGR, dio una lista de beneficiarios que inicia con Francisco Domínguez Servién, actual Gobernador de Querétaro, a quien señala de recibir 100 millones de pesos para su campaña en 2015 y de ser uno de los dueños de la Sofipo.

También afirma que Mauricio Kuri González, líder de la bancada panista en el Senado, al que también refiere como uno de los "verdaderos propietarios" de la Caja Libertad, recibió 30 millones de pesos para la campaña en 2018.

"Jesús Beltrán González, que en ese momento era Director General de la Organización que, efectivamente Libertad Servicios Financieros había desviado recursos muy importantes, mediante esquemas de triangulación a la campaña del señor Domínguez (me habló de más de 100 millones de pesos, producto de mi parte del edificio y dinero de los ahorradores) a fin de obtener favores una vez electo", declaró Bustamante.

Pero, según su dicho, no fue el único. Relata que por órdenes de José Antonio Rico Rico, durante años presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, operaron "apoyos" millonarios para los candidatos en Querétaro y entidades del Sureste, Campeche entre ellas.

Uno de los personajes a los que señala de recibir este financiamiento es a José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador de Querétaro por el PRI de 2009 al 2015.

"En 2006, en el mes de marzo aproximadamente, se entregaron diversos apoyos a candidatos a puestos públicos, todos fueron entregados en efectivo, muchos de ellos en lo personal por mí, menciono algunos de ellos: José Hugo Cabrera Ruiz (candidato a Senador del PRI), 2 dos millones de pesos, Querétaro", enlista el ex integrante de la Caja Libertad.

"Alejandro Arteaga Cabrera (candidato del PRI a Presidente Municipal de Colón, Querétaro), 2 dos millones de pesos. José Eduardo Calzada Rovirosa (candidato a Gobernador en el Estado de Querétaro), 50 cincuenta mil pesos mensuales, Querétaro. Varios candidatos a Gobernador en algunos Estados del Sureste, Campeche en 2006, por 500 quinientos mil pesos".

Compran equipo a Cártel de Sinaloa

En el año 2002, la Caja Libertad compró a un narcotraficante del Cártel de Sinaloa el equipo de fútbol de Primera División, Gallos Blancos de Querétaro, en 7 millones de dólares, reveló el ex integrante de la Sofipo que denunció a Juan Collado.

Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien en ese entonces era presidente de Educación Cooperativa de la Caja Libertad, declaró a la FGR que el capo Tirso Martínez Sánchez "El Ingeniero" o "El Tío", extraditado a Estados Unidos, les vendió el equipo y quienes aparecieron como nuevos dueños fueron los empresarios Jorge y Alejandro Vázquez Mellado.

"Por parte de los vendedores tres personas y dos personas conocidas, el señor José Muñoz (Pepe, le decíamos) y, oh sorpresa, el señor Tirso Martínez (sí, el que está detenido en Estados Unidos), apodado 'El Ingeniero'", cuenta el denunciante.

"Con él tratamos personalmente en esa ocasión, negociando un precio de 7 millones de dólares, el esquema de pagos fue muy sencillo y fue ideado, estructurado y operado por Juan Pablo Rangel Fernández Gámez, Bardomiano González Linares, Francisco Javier González y Eduardo Campos.

Según Bustamante, se emitieron facturas por diversos servicios de construcción y remodelación a diversas empresas del narcotraficante y contra esas facturas fueron liquidando el importe.

"Nunca aclaramos quien se iba a quedar con el equipo, dado que el día de la noticia que una Institución Queretana había comprado el equipo, le hicimos ver a José Antonio Rico Rico (presidente de Caja Libertad) que, la compra de un equipo de futbol iba a ser mal vista en el ámbito social y financiero por lo que ese mismo día optamos por hablar con los hermanos Jorge y Alejandro Vázquez Mellado, a fin de que 'aparentaran' que ellos habían comprado el equipo, lo que no era cierto; al final por las sospechas que había de los verdaderos dueños del equipo, el mismo (el equipo) fue desafiliado junto con otro equipo, el Irapuato, aparentemente propiedad del citado Ingeniero Tirso", manifestó.

Agrega que Jorge Vázquez Melado en algún momento le mencionó que Diego Fernández de Cevallos hizo algunas gestiones de cobro relacionadas con el equipo, sin tener éxito.

Según este testimonio, en 2013 José Antonio Rico vendió el equipo a Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, a quien había conocido por medio de su socio Martín Díaz Álvarez, quien también fue presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad y más tarde fue perseguido por la justicia.

"Se lo vende en la cantidad de 8 millones de dólares, cantidad que, por boca de José Antonio Rico, le paga Amado Yáñez, haciendo varias transferencias a cuentas de José Antonio Rico a bancos del extranjero; esto es, que el dinero obtenido a través de Libertad Servicios Financieros y cuya propiedad lo es los miles de socios que lo conforman, pasó a ser propiedad de José Antonio Rico con la venta del equipo de futbol", acusó.

Según Bustamante, en la compraventa del club intervino un socio llamado José Luis Alvarado Tapia, empresario inmobiliario que compró el 50 por ciento de las acciones del equipo con un crédito de la Caja Libertad que nunca pagó.

 

Reforma

Por: Redacción

Tips al momento

Sorpresa...

Donde la agenda marca definición es en la renovación del Comité Directivo Municipal del PAN donde las cosas pueden presentar varias sorpresas: la principal, que Paco Navarro juegue a "La Doña" y vaya por la libre a ganar este espacio que hoy por hoy ocupa Paloma Aguirre Serna, una persona totalmente vinculada a los intereses políticos de la alcaldesa Maru Campos.

El punto es que Paco Navarro no es del grupo de Maru Campos y perder el control del Comité Municipal significaría una raya negativa ante las aspiraciones de la alcaldesa de tener los controles lógicos en la capital como los ha logrado paradójicamente en Ciudad Juárez y en otro municipio del estado como es también  Delicias.

La presidencia municipal ha tratado de mandar a ese juego político a varios prospectos, donde uno de los perfiles recae en la figura de Ramón Chávez, pero no han logrado empatar el proselitismo que ha hecho Navarro, quien de un momento a otro se espera que renuncie a su encargo dentro de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

En este escenario, una figura importante con la cual se podría empatar y buscarle ganar a Navarro sería la de Marco Bonilla, actual director de Atención Ciudadana y quién tiene una operación política importante además de ser uno de los alfiles básicos de la presidenta municipal. De ganar Paco Navarro, cambiaría el esquema de correlación interna en el PAN para lo cual significaría que dentro de los números la misma alcaldesa y su grupo que le sugiere otro tipo de acciones, pudieran pactar con Navarro y quienes lo apoyan para de este modo figurar, volver a la esencia de que el PAN puede cohabitar políticamente con figuras que no son totalmente afines principalmente cuando se acercan calendarios decisivos para la ruta hacia el 2021.

Por cierto, y ya para cerrar este dato, uno de quienes apoyan a Paco Navarro es el diputado Miguel LaTorre quién segú las últimas encuestas aparece en segundo lugar en el handicap para la candidatura a la presidencia municipal, el primero es su tocayo Miguel Riggs -en conocimiento del personaje únicamente- el tercero es Roberto Lara le sigue Marco Bonilla y ya de ahí para abajo no hay mucho para rescatar, de cualquier manera el escenario y todo lo que está ocurriendo este inicio de fin de semana puede darle una sorpresa a María Eugenia Campos...


Plebiscito intervenido...

Muy a pesar de las consideraciones en comunicación social del municipio de Chihuahua, existen registros en video de personas que acudieron a votar, en horas laborales, empleados del municipio a quienes se les exigió como prueba el que se tomaran fotos al momento de estampar las firmas que se requieren para lograr el plebiscito con motivo de la reconversión del alumbrado público.

La víspera, integrantes de Wikipolítica y Red de Participación Ciudadana denunciaron esta circunstancia y cerraron el punto de recolección de firmas hasta nuevo aviso al percatarse de que se trataba, en buena parte de los firmantes, de empleados a quienes se coaccionó para ir a dejar su rúbrica y a personas que son beneficiarias de apoyos municipales so pena de retirarles dichas ayudas en caso de no apoyar con su rúbrica.

Para Nayo Rodríguez con este tipo de acciones el Municipio busca secuestrar los mecanismo de participación ciudadana, reventarlos, desligitimar un proceso ciudadano que puede resultar contrario a sus intereses.


A buscar sombra el PES

La pérdida de registro del PES como partido traerá no sólo consecuencias políticas sino legislativas y de representación en los municipios, porqué al no existir este partido, los actuales representantes quedarían a la deriva, sin siglas y claro, con sus debidas repercusiones monetarias.

Así es, no sólo se perderían las prerrogativas para el partido del PES en el Estado, sino que los diputados y sus regidores por obvias razones no tendrían los mismos recursos con los que actualmente cuentan, en el caso de los diputados perderían recursos como fracción, pues sólo los partidos pueden integrar fracciones parlamentarias y además hay que estar muy pendientes de la sobre representación, pues no podrían sumarse a Morena y al PAN...

Habría que ver a qué árbol se arriman


100 mdp diarios gastan chihuahuenses en transporte

Los chihuahuenses gastan cerca de 100 mdp diarios para trasladarse en su vehículo particular arrojó un estudio realizado por el Instituto Municipal del Planeación (Implan).

Esta cifra surge de considerar que si los 400 mil vehículos particulares registrados fueran modelo 2019, con un uso eficiente de combustible, estándar, de cuatro puertas, sedán, gastarían por cada kilómetro 3.43 pesos, de manera que si en promedio cada persona transita 38 kilómetros diarios por el modelo de la ciudad expansiva, en promedió el total de automovilistas gastarían más de 50 mdp al día.

Al no ser todo el parque vehicular modelo 2019, el cálculo se eleva a 100 mdp diarios, lo que tiene que ver con el modelo de ciudad al que se ha apostado que es de grandes distancias para tener acceso al trabajo y  escuela y que orilla a las personas a utilizar un medio de transporte excesivamente costoso.

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