Orillan a migrantes al riesgo

Cd. de México (14 julio 2019).- Ante el endurecimiento de la política migratoria en México, los extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos se han visto obligados a seguir rutas en la clandestinidad que los exponen a mayores riesgos, advierten especialistas.

Una de las escenas más crueles de esta vulnerabilidad se vio en Morelos, donde un niño de 11 años fue hallado por policías abrazando el cadáver de su padre, Rudy Aroldo. Ellos, junto con el hermano de Rudy y su respectivo hijo, habían pagado a un "coyote" para que los llevara de Guatemala a Estados Unidos.

El traficante los abandonó en Veracruz, donde fueron secuestrados. Familiares de las víctimas en Estados Unidos pagaron 8 mil dólares, pero días después el cuerpo de Rudy apareció con un corte en el cuello en Ocuituco, Morelos.

Para Sandra Álvarez, subcoordinadora del área legal de la organización Sin Fronteras, este caso es un ejemplo de que los riesgos a los que se han visto orillados los migrantes no sólo están en el Río Bravo, donde un hombre y su hija de menos de dos años murieron ahogados tratando de llegar a Estados Unidos tras huir de El Salvador.

"Todo esto va orientado a esta política tomada a raíz del compromiso con Estados Unidos, que implica que el Instituto Nacional de Migración, ahora con Francisco Garduño al mando, provoca el endurecimiento de la política migratoria a través de una Guardia Nacional", dice.

"Al final de cuentas, la Guardia Nacional, pese a su estricta consolidación, no maneja mecanismos claros para saber que va a velar por los intereses de las personas, o que digan de qué manera va a operar".

En tanto, Claudia León Ang, coordinadora de Incidencia del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), advierte que la participación de la Guardia en labores de control migratorio es un retroceso en la política pública de México, pese a lo cual las personas seguirán intentando cruzar a Estados Unidos.

"Se expone mucho más a las personas a utilizar medios como los tráileres, donde viajan muchísimas personas, como ocurrió en (Ozuluama) Veracruz, lo que responde a las medidas del INM de no dejar que las personas usen los autobuses turísticos", dice.

"Esto deja en un estado de total indefensión y en mucha más vulnerabilidad a personas que vienen huyendo de la violencia en sus países y lo que necesitan es protección".

Para evitar la imposición de un arancel del 5 por ciento a todos los productos mexicanos como había amenazado el Presidente de Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard se comprometió el 7 de junio con el Gobierno estadounidense a reducir los flujos migratorios en 45 días.

A partir de entonces, México le cerró el paso a los migrantes como nunca, y la Administración de Andrés Manuel López Obrador rompió en junio los récords de detenciones, con 29 mil 153 migrantes presentados ante las autoridades, es decir prácticamente mil al día, la cifra más alta para un solo mes desde 2001, cuando se comenzó a registrar la estadística mensual en la materia.

En el mismo mes, el Gobierno mexicano deportó a sus países a 21 mil 912 extranjeros que entraron a territorio nacional de manera irregular, lo que no se veía desde 2006.

Para cumplir con el compromiso hecho a Estados Unidos, el Gobierno mexicano desplegó a 6 mil elementos de la recién creada Guardia Nacional al sur del País y transfirió a más de 650 policías federales al Instituto Nacional de Migración (INM).

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a otros 15 mil de sus elementos a la frontera norte del País para contener el tráfico de migrantes indocumentados.

El envío a México de centroamericanos que pidieron asilo en Estados Unidos para que esperen en territorio nacional su resolución, bajo el llamado Protocolo de Protección a Migrantes, también incrementó en junio, al igual que las solicitudes de refugio el País.

Del 29 de enero al 11 de julio, la Administración de Trump regresó a México a 19 mil 911 centroamericanos, de los cuales, poco menos de la mittad, 8 mil 874, fueron devueltos entre el 8 de junio y el 11 de julio, es decir, después del acuerdo migratorio con Estado Unidos.

En tanto, los migrantes que pidieron protección al Gobierno mexicanos se triplicaron en el primer semestre del año, al sumar 31 mil 355 solicitudes en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 10 mil 285.

Tan sólo en junio, cuando Ebrard concretó el acuerdo migratorio con EU, 6 mil 825 personas pidieron la protección de México, la cifra más alta para un solo mes.

Todas estas medidas parecieron tener un efecto considerable en la frontera sur de Estados Unidos, donde las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza estadounidense se redujeron en 28 por ciento.

Según datos del Departamento de Seguridad Interna de EU, en junio detuvieron a 104 mil 344 indocumentados, mientras que en mayo habían sido 144 mil 278.

Para especialistas en temas migratorios, la Secretaría de Relaciones Exteriores excede sus facultades al manejar la política migratoria del País.

"No es la institución encargada dentro de los lineamientos de la Constitución para llevar este tema, que debe depender directamente del Ejecutivo federal, y la instancia más adecuada sería la Secretaría de Gobernación", considera Sandra Álvarez, subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras.

León Ang, integrante del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, señala que los derechos de los migrantes se han vuelto moneda de cambio en negociaciones económicas.

"La política migratoria ya no se está viendo desde una perspectiva interior y soberana, sino que se lleva desde una política exterior y mediante negociaciones internacionales", lamenta.

"Relaciones Exteriores sí está excediendo sus facultades".

César Martínez

Reforma