El SAE no puede subastar la casa de Emilio Lozoya: abogado
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) está impedido para subastar la casa de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Lomas de Bezares y que permanece asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Mediante un comunicado, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, recordó que un juez de amparo concedió una suspensión definitiva para evitar que la FGR disponga y remate el inmueble, ubicado en la calle Ladera, número 20, interior 11, Lomas de Bezares, Ciudad de México.
El juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal ordenó que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran.
Es decir, que la casa "no se remate, disponga, enajene, transmite o transfiera en favor de terceras personas", según lo establecido en el acuerdo dictado el 1 de julio pasado.
EL UNIVERSAL informó que este lunes el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (hoy SAE), Ricardo Rodríguez aseguró que se trabaja para que la casa de Lozoya pase a manos de la nación y sea subasta por el gobierno federal.
"La Fiscalía está declarando el abandono de la casa de Lozoya, pero se está apenas trabajando, recuerden que ese proceso tarda 90 días, que son tres meses. Se está trabajando para que se incaute y se declare en abandono", dijo el funcionario.
Al respecto, Coello Trejo afirmó que esto es infundado e imposible.
"Es claro que lo declarado por el Director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado (SAE), el Lic. Ricardo Rodríguez, es infundado e imposible, toda vez que existe un mandato de un Juez Federal, que lo impide, y de contravenir dicha resolución (suspensión definitiva), se estaría cometiendo un delito federal", precisó el jurista.
El Informador
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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua
La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.
Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.
"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.
Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.
Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez
El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.
El 04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.
El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble
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