Declaran en desacato a secretarios en EU

Bloomberg

Washington DC, Estados Unidos.- La Cámara de Representantes votó este miércoles para declarar en desacato al Fiscal General, William P. Barr, y al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, por negarse a entregar documentos clave relacionados con el intento de la Administración Trump de agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020.

Un funcionario bajo desacato puede ser denunciado criminalmente por el Congreso, aunque no se ha hecho algo así desde la década de 1930.

Además, la votación es en gran medida simbólica porque prácticamente no hay posibilidad de que el Departamento de Justicia emprenda acciones contra el mismo Fiscal general.

Aún así, es parte de la escalada del conflicto entre la Cámara controlada por los demócratas y el Presidente Donald Trump.

La Corte Suprema frenó el intento de la Administración Trump de agregar al censo una pregunta sobre el estatus de la ciudadanía de los habitantes.

El Presidente dijo que no insistirá en ponerla, pero ordenó a su Administración utilizar los registros gubernamentales existentes para determinar la ciudadanía para al menos el 90% de la población.

Pero los demócratas, encabezados por el presidente del Comité de Supervisión Elijah Cummings, sostienen que la Administración continúa reteniendo documentos, correos electrónicos y testimonios sobre los motivos detrás del esfuerzo por agregar la pregunta. Trump afirmó el privilegio ejecutivo sobre el material.

Cummings dijo el lunes que sentaría un mal precedente para que la Cámara no responda a este obstáculo.

"Necesitamos saber cómo y por qué sucedió, para que nunca vuelva a suceder", dijo Cummings of Maryland.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dicen que el intento de la Administración de Trump de incluir la pregunta de ciudadanía fue diseñada para suprimir la tasa de respuesta del censo de inmigrantes y no ciudadanos.

Eso podría reducir la cantidad de asientos en el Congreso, la influencia del Colegio Electoral y el financiamiento federal de algunos estados.

Ross había argumentado que el objetivo de la pregunta del censo era ayudar al Departamento de Justicia a hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación, que protege a los votantes de minorías.

Pero una Corte Suprema dividida dictaminó el 27 de junio que las razones de Ross eran "inventadas" y no podían ser cuadradas con evidencia sobre sus verdaderas motivaciones.

Por: Redacción

Tips al momento

Denuncia IP simulación federal

Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.

Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.

Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.


No entiende que no entiende

De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.

No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.

La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:

A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.

C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.

 

El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz


Justicia, solo si se la piden a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.


Coincidencias

Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".

López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?

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