Una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, determinó que de los hechos narrados en la denuncia que promovió Gamaliel Chávez Rentería contra la elección de los magistrados del Tribunal de justicia Administrativa: los abogados Alejandro Tavares, Gregorio Morales y Mayra Arróniz, no se actualiza delito alguno y que del posible conflicto de intereses que se denuncia no le compete conocer, al igual que de la supuesta vulneración a los principios que debieron observarse en dicho proceso.
Rebeca Franco Gutiérrez resolvió conforme al artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federal la “Facultad de abstenerse de investigar”, al determinar que no existe delito para considerar su investigación.
La demanda la interpuso Gamaliel Chávez Rentería por presunto tráfico de influencias, ejercicio ilegal del servicio público, conflicto de intereses y vulneración de principios en la elección de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, en contra de los integrantes de la Comisión de Selección, en contra de los diputados Jesús Villarreal y Jorge Soto, del Consejero Jurídico, Jorge Espinoza y de los magistrados Pablo Héctor González, Leo David Alvarado y Rafael Quintana Ruiz, así como de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa electos.
La agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Rebeca Franco Gutiérrez, resolvió “Que no corresponde a la Fiscalía Especial Anticorrupción conocer y mucho menos pronunciarse sobre posibles irregularidades que vulneran los principios que debieron regir el proceso de selección de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa”. Agrega que “resulta insuficiente para encuadrar las descripciones típicas de delito de tráfico de influencias y/o ejercicio ilegal del servicio público los hechos expuestos en la denuncia. Como se desprende de los mismos hechos narrados por el denunciante, el proceso de selección ocurrió en razón del desarrollo de 9 tapas, de las que además se advierte participación de los integrantes de la Comisión Estatal para la Elección de Magistraturas, la Jucopo y el pleno del Congreso del estado, órganos colegiados y diversos los funcionarios que participaron en la elección y finalmente designación de los tres magistrados”.
“No se puede decir que todos los involucrados tuvieron el interés de beneficiar a los electos, o bien que los tres magistrados designados fueron electos previo al inicio del proceso por las personas con supuesto interés en beneficiarlos y que eso fuera suficiente para que resultaran nombrados magistrados, como se ha dicho ya, de existir el conflicto de interés que alude la denuncia no constituye por sí mismo un delito, por lo que en su caso quién debe conocer el autoridad administrativa correspondiente”.
Gamaliel Chávez Rentería señaló que:
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Leo David Alvarado Roldán, fue superior jerárquico, socio de despacho jurídico, más no comercial de Alejandro Tavarez.
Leo David Alvarado ha tenido relación laboral en el Poder Judicial del Estado y sociedad jurídica en despacho privado con Alejandro Tavarez.
Alejandro Tavarez, laboró como secretario de sala del 15 de diciembre el 2015 hasta el 19 de septiembre del 2018 en la Tercera Sala Familia y de Control Constitucional del Distrito Judicial Morelos como subalterno de Leo Alvarado.
Alejandro Tavarez laboró del 17 de septiembre del 2018 hasta el 30 de mayo del 2019 como secretario de sala bajo el mando de Pablo Héctor González.