Proyecto Miroslava: la verdad no muere en México

La periodista mexicana Miroslava Breach fue asesinada a balazos, afuera de su casa, cuando esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela. Esa mañana del 23 de marzo de 2017 dos personas esperaron a que estuviera en su camioneta para asesinarla.

Breach era una periodista del norteño estado de Chihuahua y se dedicó durante años a investigar la corrupción de políticos y la violencia de grupos criminales. Solía decir que “el silencio es complicidad” y su muerte dejó inconclusa una investigación sobre la banda delictiva de “Los Salazares”. Hasta hoy, que el Colectivo 23 de Marzo publicó esta serie de investigaciones para mantener vivo el trabajo que provocó su asesinato.

Fue una de los 12 periodistas asesinados en 2017 y una de los más de 50 asesinados en los últimos cinco años. Sus asesinos sabían que la impunidad que impera en México —incluida aquella en la violencia contra periodistas— los protegería. Sabían que podían matar a una periodista porque los crímenes anteriores transcurrieron sin castigo. Confiaron, con razón, en que las autoridades no harían su trabajo.

Hoy, periodistas mexicanos y extranjeros han asumido el papel que los gobiernos federal y estatal no quieren tomar, y buscan con esta investigación que conozcamos los indicios sobre quiénes querían silenciar a Breach y por qué. Han visto durante años cómo decenas de colegas han sido amenazados, torturados, espiados y asesinados con impunidad porque hay criminales, políticos o jefes policiacos que no quieren la verdad expuesta.

Breach recibió en 2017, tras su asesinato, la recién creada Medalla Don Bolles de la organización Reporteros y Editores de Investigación (IRE, por sus siglas en inglés). Hay un vínculo entre Don Bolles y ella, más allá de su afán para revelar corrupción y crimen. Ambos periodistas fueron asesinados en un acto cotidiano y ordinario, cuando subían a sus automóviles. Bolles se dirigía a recoger a su esposa para llevarla al cine.

El 2 de junio de 1976 Bolles, reportero del Arizona Republic, el periódico más influyente de ese estado, investigaba actividades del crimen organizado. Cuando encendió su auto seis cartuchos de dinamita explotaron bajo su asiento. Murió 11 días después.

Los asesinos de Bolles fueron a dar a la cárcel, a diferencia de lo que pasa en otros países. Pero el crimen fue tan impactante, que de la tragedia salió una iniciativa sin precedentes que ahora han retomado los periodistas en México.

IRE, creada apenas un año antes, vio en el crimen la oportunidad de dejar claro que nadie podría matar a un periodista y salirse con la suya. 40 periodistas de 23 periódicos se reunieron en Phoenix para completar la investigación de Bolles y revelar nexos entre los más altos niveles de la política estatal y la mafia.

De aquí salió el Proyecto Arizona, que sembró la semilla para investigaciones como la que se ha hecho por primera vez en México. La alianza de periodistas Colectivo 23 de Marzo, con el apoyo de la organización de investigaciones Bellingcat (Londres), el proyecto Forbidden Stories (Francia) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), ha dedicado el último año a explorar las omisiones en la investigación del crimen a cargo de la Fiscalía Estatal de Chihuahua y la Fiscalía General de México.

Aunque sólo una persona ha sido detenida por el asesinato, la investigación exhibe los vínculos entre la política y el narcotráfico que estarían detrás y la incapacidad o renuencia de las autoridades para aceptarlos como motivo del crimen.

El Proyecto Miroslava arroja luz sobre el llamado grupo de “Los Salazares”, una organización criminal asociada con el Cártel de Sinaloa que opera el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos desde el municipio de Chínipas, en el norte de Chihuahua, y que —denunció Breach— tiene fuertes vínculos políticos con el PRI y el PAN, los dos partidos políticos que han gobernado el estado en la última década.

El espíritu del Proyecto Arizona ha animado otras investigaciones recientes en distintos países, como el Proyecto Chauncey Bailey en Estados Unidos, el Proyecto Manizales en Colombia, uno similar en Guatemala y otro en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Todos estos son esfuerzos extraordinarios para que las historias de los periodistas asesinados no se vayan a la tumba con ellos. Que este modelo se aplique por primera vez en México, uno de los países más mortíferos para la prensa, no debe pasar desapercibido. Para el poder político, económico o criminal es un recordatorio de que la muerte no será obstáculo para que se conozcan sus tramas oscuras, para la sociedad es una manera de llamar a cuentas a quienes buscan la represión y para los periodistas es una fuerza contra el silencio.

Javier Garza Ramos

The Washington Post