Proponen MP emita ficha roja contra personas que evadan la justicia

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES), plantea adicionar un párrafo al artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de facultar al Ministerio Público para que elabore y emita una ficha roja para localizar a las personas que evadan la justicia.

La iniciativa plantea que el Ministerio Público deberá solicitar una notificación roja sin demora a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), para la búsqueda, localización y aprehensión del o los probables responsables, cuando se presuma que se encuentran en el extranjero.

Con la reforma “se atacará un vicio de corrupción de quienes lucran con las órdenes de aprehensión, uno de los principios fundamentales en el combate a la corrupción, ya que cuesta al país entre el 5 y 10 por ciento del PIB de acuerdo con la OCDE”.

Datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, señalan que México tiene una calificación de 28 sobre 100 en el nivel de corrupción percibido dentro del sector público, seis puntos por debajo de hace seis años.

El documento sustenta que existe la problemática de que para aprehender a personas que andan fugitivas fuera del país, a pesar de que hay un mandamiento judicial, a veces resulta imposible su localización para extraditarlos y que respondan por los ilícitos que se les imputan.

Las fichas rojas, detalla, se elaboran hasta que existe presión por parte de las víctimas u ofendidos, o en su defecto, cuando son asuntos mediáticos que día a día son noticia en los medios de comunicación.

La iniciativa que la Comisión de Justicia analiza y dictaminará cita que es urgente legislar para que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia no tengan los expedientes en el “baúl de los recuerdos”, pues el clamor ciudadano es que no haya impunidad.

Puntualiza que es importante que la justicia se aplique a la literalidad “como lo establece la Constitución y las leyes secundarias, pues es la única manera en que se puede convencer a los ciudadanos de que el Estado tiene un auténtico Estado de derecho, razón más que suficiente para solicitar notificaciones rojas a la policía internacional, atendiendo la complejidad del hecho delictuoso que se investiga”.

La propuesta, cita el documento, no atenta en contra de los derechos humanos ni del principio de presunción de inocencia; al contrario, “se puede decir que la justicia retardada es justicia denegada, pues en efecto sólo los tribunales son los que condenan o absuelven a los inculpados que se ven inmiscuidos en un hecho delictuoso, pues la notificación roja en México se solicita cuando una autoridad judicial obsequia una orden aprehensión y toda vez que se ve dificultada su localización, es que se peticiona”.

Los parámetros de la notificación roja están establecidos, entre el mínimo de requisitos para localizar a una persona: autoridad a la que se dirige; la petición debe ser en papelería oficial; los datos de la autoridad que emitió la orden de aprehensión; los de la persona buscada; la media filiación de la persona buscada, así como cualquier otro dato de que se disponga para localizar al inculpado, y copia certificada del mandamiento de que se trate.

Constituye, asimismo, un instrumento útil pero no existe disposición legal en el Código Procedimental Federal que obligue a realizar la multicitada notificación roja, en la queda al arbitrio de la autoridad; por lo que se requiere una reforma legal.

Además, se sanarán varios vicios que hay entre corporaciones policiacas, pues en ocasiones lucran con las órdenes de aprehensión, ya que informan a los probables responsables de la existencia de un mandato judicial y a cambio de no cumplimentar dicho mandato, reciben dinero o incluso cuando es un delito de alto impacto o mediático informan a los presuntos delincuentes para que se den a la fuga, señala.

Con esta iniciativa de ley se pretende cumplir con el objetivo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se haga la reparación del daño a las víctimas u ofendidos y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho.

Pero sólo se podrá cumplir en la medida que se subsanen las lagunas jurídicas del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí la importancia del quehacer legislativo para contribuir a tener ordenamientos jurídicos acordes con las necesidades de la población, observa el planteamiento de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina.

Por: Antonio Hernández

Tips al momento

Denuncia IP simulación federal

Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.

Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.

Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.


No entiende que no entiende

De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.

No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.

La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:

A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.

C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.

 

El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz


Justicia, solo si se la piden a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.


Coincidencias

Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".

López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?

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