Sobre la discriminación: parte 2

La perspectiva
Rita Muciño Corro

La inquietud sobre la efectividad e idoneidad tanto del derecho como de las instituciones que derivan del mismo, para resolver problemáticas sociales, no es novedosa. Esto ya lo señalaba Zaffaroni hace algunas décadas cuando mencionaba que el Estado se encontraba limitado para solucionar la discriminación, siendo éste quien a su vez la reproduce y perpetua [1].

Basta con analizar uno de los preceptos que hasta hace poco se encontraba  establecido en la normativa, como el previsto en la Ley del Seguro Social, el cual disponía que para ser acreedor a la pensión por viudez, el viudo debía acreditar la dependencia económica e incluso la incapacidad total para trabajar, mientras que la mujer solo requería demostrar el vínculo con el trabajador fallecido.

En cuanto a este supuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que “puede apreciarse la existencia de un trato diferente, no sólo al varón, sino inclusive para la propia asegurada o pensionada fallecida”, al brindar ante una misma situación jurídica un “trato diferente a los beneficiarios viudos de las aseguradas o pensionadas, (…) sin razones válidas que lo justifiquen; cuando las que existen se basan simplemente en el sexo de la persona o la exigencia de que esté totalmente incapacitado o hubiese dependido económicamente de la asegurada o de la pensionada.” [2].

De esta manera es posible afirmar que en ocasiones, la normativa reproduce estereotipos de género, así como otras categorías sospechosas. Ante tal supuesto cabe el cuestionarse si la conformación de dispositivos basados en estos estereotipos, es lo que ha obstaculizado el logro de la igualdad sustantiva.

Al respecto, consideraría que si bien el derecho no tiene el poder para modificar por si mismo las conductas, tiene la posibilidad de regular y sancionar lo que se considera “bueno o malo”, “deseable o indeseable”, y por consiguiente, transformarse en una herramienta desde la cual se legitiman los actos u omisiones orientados a sancionar todo aquello que difiere del orden establecido en la ley.

De aquí la necesidad que se ha sostenido desde los feminismos, de replantear el derecho, de identificar desde los enfoques de género e interseccional, las disposiciones que surten efectos diferenciados e injustificados en contra de una persona o grupo de personas, basadas no solo en el sexo y/o el género, sino también en el origen étnico, condición socio económica, color de piel, entre otros.

En este sentido, la deconstrucción del derecho precisa de trabajar tres aspectos estratégicos: el componente formal normativo, la interpretación de las leyes y las reglas informales que determinan quien, cuando y como se tiene acceso a la justicia [3].

En este contexto, la acciones de promoción y difusión cobran especial relevancia. Igualmente, la capacitación dirigida a las personas encargadas de cumplir la ley, operadoras jurídicas, juzgadoras, etc., continúa siendo una herramienta indispensable para complementar esta transición.

Así también resulta fundamental no perder de vista en estos procesos de transversalización e institucionalización de los enfoques diferencial y de género, los aportes del activismo. Esto considerando las precauciones que sobre el particular han efectuado académicas como Verónica Schild [4] y Jules Falquet [5] -por mencionar algunas- respecto la oenegización e institucionalización de las demandas de género y feministas en la agenda estatal, quienes advierten sobre los riesgos de ver afectado su potencial transformador al ajustarse a poderes que persiguen algo diferente al objeto de las luchas feministas, principalmente las encabezadas por las mujeres negras e indígenas.

No obstante lo anterior, lo cierto es que la aspiración hacia un derecho que responda a las particularidades de cada persona es indispensable para garantizar a todas y todos sus derechos humanos, de tal manera que las diferencias sean consideradas no para darnos un trato desigual, sino para asegurarnos un acceso efectivo, respetuoso del principio de igualdad y no discriminación.

 

Fuentes

[1] Zaffaroni, Eugenio Raúl (1992) La mujer y el poder punitivo. Disponible en http://www.cubc.mx/biblioteca/libros/Zaffaroni%20-%20Mujer%20y%20poder%20punitivo.pdf

[2] Amparo en Revisión 1147/2008, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 28 de enero de 2009.

[3] Juárez, Mario Santiago & Andión, Ximena (2012) Guía de estudio de la materia “El principio de igualdad y no discriminación y la Perspectiva de Género”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

[4] Schild, Verónica (2016), “Feminismo y neoliberalismo en América Latina” en New Left Review, No. 96, segunda época, página 75. Disponible en: https://newleftreview.es/issues/96/articles/veronica-schild-feminismo-y-neoliberalismo-en-america-latina.pdf

[5]Falquet, Jules (2017), Pax neoliberalia. Perspectivas feministas sobre la reorganización de violencia contra las mujeres. Buenos Aires, Editorial Madre Selva. Disponible en: http://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2017/12/Davis-Son-obsoletas-las-prisiones-final.pdf

Tips al momento

Denuncia IP simulación federal

Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.

Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.

Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.


No entiende que no entiende

De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.

No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.

La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:

A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.

C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.

 

El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz


Justicia, solo si se la piden a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.


Coincidencias

Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".

López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?

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