Este domingo la consulta popular realizada en Baja California vuelve a poner en la mesa de la discusión unas votaciones que a todas luces violan las condiciones mínimas que acreditan un ejercicio verdaderamente democrático. Parece una tomadura de pelo no ya la votación misma, sino los comentarios de Jaime Bonilla una vez que se supo el resultado. Los ciudadanos que concurrieron a las urnas no llegaron al 10%, de manera que poco puede decirse acerca de la voluntad popular de los bajacalifornianos y, mucho menos, sobre su opinión acerca de ampliar el mandato del actual gobernador. Sin embargo, a Jaime Bonilla le pareció que el apoyo del 85% de ese 10% de votantes era suficiente para legitimar su aspiración a la ampliación de mandato de 2 a 5 años. Desde luego, López Obrador dictó que el pueblo había hablado. Prefirió no decir que había hablado el pueblo que había hablado, es decir, casi nadie. Pero ese nadie es suficientemente representativo para que la 4T avance torciendo la democracia, tergiversando la voluntad popular, simulando una participación que no tuvo lugar. Con un 10% de participación, con unas preguntas a modo, con un aparato al servicio del interés inmediato del gobernador y su amigo el presidente, sólo la usurpación puede adjudicarse una victoria. Para el gobierno de Baja California todo vale, también para su gobernador. Lorenzo Córdova, Presidente del Instituto Nacional Electoral, declaró sin ambages que fue una consulta antidemocrática. Es decir, la voz del pueblo no fue la del pueblo, sino la de esa porción que actúa al compás del titiritero. El fraude está a la vista pero ni a Jaime Bonilla ni a Andrés Manuel López Obrador parecen importar la torpeza de sus tejemanejes. Pedirle al presidente de México que respete las instituciones es inútil, pero parece que también lo es para para el actual gobernador de Baja California.
Ninguno entiende que está al servicio de los ciudadanos y no de sus intereses particulares. Exceso tras exceso han extraviado el sentido de la realidad. Cada día desmantelan lo poco que ya queda del estado de derecho, del respeto a las leyes, de la contención del buen gobernante. Piensan que nada tiene consecuencias, que su cargo no tiene fecha de término, que la demagogia es sucedánea de la verdad. Desprecian al ciudadano, ningunean al pueblo, someten a las instituciones. Siempre en nombre de un pueblo cada vez más desaparecido y atónito ante las mañas de uno y otro.
Insensibles y ensimismados, cada vez están más alejados de sus representados. Jaime Bonilla tiene mucha tarea por hacer en su Estado. No le importa. Lo único que le ocupa es su ampliación de mandato. ¿Para qué? Seguramente para desatender por más tiempo lo que ha abandonado hasta ahora. Los atropellos de Bonilla son permitidos y alentados desde la presidencia de la República. Tras su mandato Baja California deberá reconstruir sus instituciones. La actuación de este gobernador es una alerta para actuaciones semejantes de otros políticos asociados con MORENA. Nos dijeron cuando llegaron que ahora sí llegaba la democracia. Lo que nos encontramos es una perversión del sistema con objeto de acaparar más poder únicamente para detentarlo. Lo sucedido con Jaime Bonilla es una seria advertencia de lo que viene.