Pese a sobrepoblación, descartan traslado de reos en Cereso de Juárez
El Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel descartó que como parte del operativo de contención en el Cereso 3 de Juárez se tenga previsto el traslado de internos a otros reclusorios.
Explicó que de momento el objetivo principal es detener las actividades ilícitas que se generan al interior del Cereso y posteriormente, vendrán las medidas que sean necesarias.
No obstante, reconoció que el principal problema al interior de los Ceresos es la sobrepoblación de internos que disminuye el alcance de controles de seguridad, al acceso a los servicios y genera hacinamiento.
Tan sólo en el reclusorio de Ciudad Juárez, cuya capacidad es para 2 mil 700 internos, actualmente alberga a 3 mil 100 individuos mientras que en el Cereso de Aquiles Serdán, las instalaciones fueron diseñadas para un máximo de mil 700 reclusos y a la fecha hay 2 mil 750.
Tanto en el Cereso de Juárez como en el de Aquiles Serdán existen personas que que enfrentan delitos únicamente del orden federal y que debieron cumplir su sentencia en un reclusorio federal.
César Peniche detalló que en Juárez, existen alrededor de 200 personas que pugnan una pena por delitos federales en el reclusorio estatal mientras que en Chihuahua, son alrededor de 350 a 400 los internos que debieran trasladarse a un Cefereso.
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A Collado sólo queda que repare daño de 13.7 mdp en perjuicio de Chihuahua
El abogado Juan Collado estaría a punto de cancelar 4 procesos judiciales en su contra, y sólo quedaría que repare el daño de su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos, en perjuicio de Gobierno de Chihuahua.
Se dio a conocer que el pasado jueves se declaró como prescrita la tercera causa penal en su contra por una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos.
Este sería el tercer proceso iniciado que se le cancela.
El 4 de abril un juez de Chihuahua dio un plazo de 30 días para que repare un daño de 13.7 millones de pesos.
Juan Collado fue detenido en 2019 se le acusó de presuntos delitos de: defraudación fiscal de 36 millones 786 mil 881 pesos; de maniobras ilegales para impedir el desbloqueo de 76.5 millones de euros en Andorra; delincuencia organizada y lavado de 24 millones de pesos en compra venta de un edificio; la Fiscalía de Chihuahua lo acusó de simular un contrato de consultoría legal por 13 millones 780 mil pesos, de enero de 2013 a marzo de 2014.
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