El diputado Omar Bazán propuso reformar la Ley de Juicio Político y de Declaración de Procedencia, al encontrar una indebida restricción en los requisitos de procedibilidad que anulan cualquier posibilidad de que la denuncia ciudadana, establecida en el artículo 178 de la Constitución local, sea admitida por la Comisión Jurisdiccional.
Denuncia que la ley impone una carga procesal excesiva a los denunciantes, dada la imposibilidad de aportar pruebas ante el rechazo por parte de los funcionarios públicos denunciados, de entregar los medios de prueba que se encuentran en su poder.
"Constituye una grave incongruencia procesal, toda vez que la Comisión Jurisdiccional deberá decretar el desechamiento de la denuncia, siempre y cuando se acrediten las causales de desechamiento que se encuentren establecidas, de manera expresa, en la legislación procesal aplicable de manera supletoria"
Asimismo propone incluir los recientes criterios jurisprudenciales relativos a la aplicación de la legislación supletoria en los procedimientos sancionatorios administrativos promovidos en contra de funcionarios públicos.
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Aumentar sanción contra la corrupción generaría confianza
La encuesta Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad señala que la mayoría de ciudadanos confía en que la corrupción se puede eliminar y permitiría recuperar la confianza de la población con la probabilidad de aumentar la sanción.
La corrupción impactar en la pérdida de riqueza, por ciudadano es de 4 por ciento del producto interno bruto per cápita por país, aunado a que la impunidad en casos de corrupción es de 99 por ciento.
Por cada 100 actos de corrupción, 23 son denunciados, pero sólo uno tiene algún tipo de consecuencia.
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