El diputado Omar Bazán propuso reformar la Ley de Juicio Político y de Declaración de Procedencia, al encontrar una indebida restricción en los requisitos de procedibilidad que anulan cualquier posibilidad de que la denuncia ciudadana, establecida en el artículo 178 de la Constitución local, sea admitida por la Comisión Jurisdiccional.
Denuncia que la ley impone una carga procesal excesiva a los denunciantes, dada la imposibilidad de aportar pruebas ante el rechazo por parte de los funcionarios públicos denunciados, de entregar los medios de prueba que se encuentran en su poder.
"Constituye una grave incongruencia procesal, toda vez que la Comisión Jurisdiccional deberá decretar el desechamiento de la denuncia, siempre y cuando se acrediten las causales de desechamiento que se encuentren establecidas, de manera expresa, en la legislación procesal aplicable de manera supletoria"
Asimismo propone incluir los recientes criterios jurisprudenciales relativos a la aplicación de la legislación supletoria en los procedimientos sancionatorios administrativos promovidos en contra de funcionarios públicos.