Resolverá pleno del Congreso recursos contra improcedencia de juicio político del Fiscal

La diputación permanente del Congreso del Estado habrá de convocar a un período extraordinario de sesiones en donde se someterán a votación de los 33 diputados los recursos interpuestos por las defensas de Marcelo González Tachiquin y Jesús Manuel Esparza Flores.

Tal y como lo señala la propia ley de juicio político,  la diputación permanente tuvo que convocar al pleno del Congreso del Estado, es decir a los 33 diputados para que decidan mediante el voto si se confirma la improcedencia de juicio político contra el fiscal general del estado César Augusto Peniche y tres abogados de control.

El presidente del Congreso del estado René Frías Bencomo en días pasados dijo que la Diputación Permanente era quién resolvería sobre los recursos que interpusieron las defensas de González Tachiquin y Esparza Flores, sin embargo hoy se ha determinado convocar el pleno.

El Artículo 35 de la Ley de Juicio Político señala:

Las declaraciones y resoluciones definitivas del Pleno del Congreso del Estado son inatacables. Las que emitan la Presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente, la Junta de Coordinación Política y la Comisión Jurisdiccional será recurribles, con efecto devolutivo, ante el Pleno del Congreso, dentro de los siguientes cinco días a que sean notificadas a la parte interesada, siempre y cuando pongan fin al procedimiento.

El recurso será presentado ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, quien lo turnará, al día siguiente de recibirlo, a la Presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda. Esta, a su vez, convocará a sesión al Pleno del Congreso, mismo que deberá reunirse dentro de los tres días siguientes para resolver sobre el mismo. Deberá citarse a esta sesión plenaria a la persona recurrente y su contraparte.

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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua 

La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.

Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.

"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.

Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.

 


Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez

El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.

El  04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.

El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble

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