Juez y Fiscalía no quieren investigar denuncia penal contra magistrados del Tribunal Anticorrupción: Chávez

El abogado, Gamaliel Chávez Rentería, informó que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado  no le está dando entrada a la denuncia que presentó en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Alejandro Tavares, Gregorio Morales y Mayra Arróniz, además de otros  funcionarios del Poder Judicial y del Congreso del Estado, por lo que recurrió al amparo federal para que el juez de control obligue a que se inicie la investigación.

Gamaliel Chávez Rentería indicó que en estos momentos se cuentan con  denuncias de carácter penal y administrativa por presunto tráfico de influencias, ejercicio ilegal del servicio público, conflicto de intereses y vulneración de principios en contra de la elección de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Alejandro Tavares, Gregorio Morales y Mayra Arróniz, así como de los integrantes de la Comisión de Selección, en contra de los diputados Jesús Villarreal y Jorge Soto, del Consejero Jurídico, Jorge Espinoza y de los magistrados Pablo Héctor González, Leo David Alvarado y Rafael Quintana Ruiz-.

“Por lo pronto está una denuncia penal y una denuncia administrativa, la queja administrativa está pendiente de resolverse, la denuncia penal no se le está dando entrada por parte del Ministerio Público ni por parte de los jueces de control, estoy acudiendo en reiteradas ocasiones al juez de control para que obligue al ministerio público investigar”, dijo.

Denunció que “no quieren investigar ni la fiscalía anticorrupción de Gema Chávez y los jueces de control y así es,  me tienen batallando y estoy en los recursos tanto amparo de apelación sin detenernos”, acotó el quejoso al informar que promovió amparo en tribunales federales para que juez de control obligue a la Fiscalía a dar seguimiento a la demanda penal.

Por: Antonio Hernández

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Secuestro en vivo

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A las pocas horas la respuesta de los conocidos y autoridades derivado en su liberación.

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Casi defrauda el Ichisal

El Ichisal tuvo que realizar el pago total y reparaciones del daño para regularizar su situación fiscal a la deuda que los usuarios y el mismo gobierno le deben.

De acuerdo al Código Nacional de procedimientos penales vigente la defraudación amerita prisión preventiva oficiosa y por ello mejor pagar los platos rotos.

Se pide que especialmente las dependencias de gobierno paguen al Ichisal las obligaciones tributarias.


LeBarón, la masacre y el litio de los grupos criminales

El crimen de los miembros de la familia LeBaron y Langford atrajo el interés del FBI y del gobierno federal, no sólo por la tragedia, sino además porque al parecer el crimen organizado ha mutado a la explotación del litio.

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