Propone Coparmex Convención Nacional Hacendaria

La Coparmex plantó que se realice una Convención Nacional Hacendaria en la que participen los tres niveles de gobierno, organismos y la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar la adecuada división de competencias, la transferencia de facultades y la asignación eficiente de recursos.

El presidente de Coparmex Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, señaló que es preferible que la Federación negocie con los gobiernos estatales el destino de los impuestos, a que éstos se salgan del pacto y se genere una división e impacto negativo a la economía mexicana.

Este nuevo pacto fiscal, dijo, deberá ser fortalecido por la colaboración entre los tres niveles de gobierno y contar con mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto y por ende, mayor estabilidad en las finanzas públicas, apuntó.

Lo que se propone, subrayó, es una Convención Nacional Hacendaria enfocada en cuatro dimensiones:

Determinar una nueva fórmula del egreso mejorando el reparto del gasto federalizado a través de nuevos criterios de distribución y añadiendo un sentido de justicia a la repartición de los recursos fiscales.

"Estamos de acuerdo con una federalización y no centralización de recursos", aclaró el líder patronal.

Promover la recaudación local. Por las condiciones tan distintas que hay entre los estados, cualquier reforma de Coordinación Fiscal será asimétrica y deberá cumplir con los principios de solidaridad. Sin embargo, se debe incentivar a los estados con menos recaudación local a que lo hagan, teniendo como meta dejar de sobrevivir a costa del sustento de la Federación.

Alcanzar una nueva legislación fiscal, que considere los impuestos directos (ISR) y los indirectos (IVA y IEPS), enfocada a elevar los ingresos de la recaudación mediante el incremento a la base de contribuyentes.
 

Inclusión de mejores mecanismos para fiscalizar los recursos subnacionales. Establecer controles para asignar, monitorear, vigilar y hacer transparente la aplicación de los recursos por parte de estados y municipios para evitar que se destinen a propósitos distintos a los que les fueron etiquetados.