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La Procuraduría de los Pobres no es cosa de risa

Soliloquio/José Luis Muñoz

De no implicar un peligro de dimensiones incalculables, la propuesta de Rosario Piedra de convertir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una Procuraduría de los Pobres invitaría a recibirla con carcajadas. Pero el asunto es demasiado serio. 

Veamos: 

Piedra afirma que ya está avanzando en el tema, enfocándose en una reforma constitucional, confiada en que la representación de su partido en el Poder Legislativo hará lo que se le ordene, como ya quedó probado con su desaseado y espurio nombramiento. Implicaría esta reforma, fundamentalmente, que el nuevo ente emitiera dictámenes de observancia obligatoria por las autoridades implicadas, en lugar de "Formular recomendaciones públicas no vinculatorias", como lo ordena la ley actual.

Esto convertiría a la presunta "procuraduría" en un tribunal que tendría autoridad judicial sobre todas las autoridades del país. No sólo es lo que vulgarmente se llama una "aberración jurídica", puesto que la República cuenta con sus poderes judiciales, el federal y los estatales, y no hay espacio constitucional para sobreponer a ellos una "procuraduría". 

Un abogado brillante me comenta: Pensemos en el accidente del AeroShow en Chihuahua En ese asunto hubo un montón de violaciones al derecho humano más fundamental (la vida) y a otros tantos (a la salud, a la reparación del daño, etc.) De ser obligatorias las resoluciones de la "Procuraduría de los Pobres", al mismo tiempo estarían investigando los mismos hechos la Fiscalía (por los homicidios, las lesiones) y la Comisión, por las conductas que desplegó la autoridad y que ocasionaron los hechos. Si las recomendaciones fueran vinculantes podría darse el caso de que tuvieras dos resoluciones contradictorias de un mismo asunto. 

Dar entrada en la Constitución a un "Frankestein" como el que pretende Piedra, equivaldría a desaparecer el Poder Judicial, o a estar creando uno alterno.

Pero independientemente de la inviabilidad de la ocurrencia, pensemos que la CNDH tiene actualmente competencia en todo el país para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos federales, pero puede atraer a su conocimiento cualquier asunto que en principio le toque conocer a las comisiones de las entidades federativas. Imaginemos un hipotético caso en el que un gobernador entra en conflicto con el presidente porque dice que infiltrados de él y de su partido intervinieron en una protesta en la que los policías estatales cometieron violaciones a los derechos humanos. En un gobierno como el actual, tan ambicioso de centralismo y con tan clara vocación autoritaria y vengativa,  una "procuraduría" así haría trizas el Estado de derecho en la nación y se convertiría en una guadaña presidencial.

Ya ni pensar en que además estaría encabezada, como la actual CNDH, por alguien con nula mentalidad jurídica. y rebosante y tergiversado fruncimiento ideológico. 

El otro flanco que de no ser algo terrible llamaría a carcajada, es el demagógico cuanto ridículo nombre: La Procuraduría de los Pobres. Una designación vestida con el mismo traje de otras payasadas. No me asombraría que Piedra desconozca lo que significa el concepto de Derechos Humanos,  inherentes al hombre, no a una categoría de hombres. La  descabellada idea es ante todo excluyente y discriminatoria, violatoria de la escencia misma de los derechos humanos, es decir, de la propia universalidad.

Universalidad, proporcionalidad, progresividad e indivisibilidad, son los cuatro principios de los Derechos Humanos y tampoco me sorprendería que Piedra no haya oído hablar de ellos jamás. 

De cualquier manera, y sin necesidad de haber entrado en detalle, resaltan las preguntas inmediatas:

¿Acaso sólo los pobres tendrían derechos humanos?. 

¿Quién definiría quiénes son pobres y quiénes no?

¿López?

Una justificación de Piedra para que las recomendaciones sean vinculantes es, según sus palabras, que "el hecho de no serlo le quita mucho tiempo y dinero a la CNDH y la distrae de su verdadera misión: atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos".  En el Artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( publicada el 29 de junio de 1992 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_250618.pdf), en ningún momento habla de que su misión sea "atender a las víctimas". Es una idea absolutamente falsa. Por eso no me extraña que desconozca por completo el tema. Seguramente desconoce también que el Estado Mexicano cuenta desde 2013 con una Ley General de Víctimas que prevé la existencia de Comisiones Ejecutivas, como la correspondiente federal, esa misma que con el recorte del 75% ordenado por López quedó en el limbo. (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf) Tan perdida anda Piedra que quizá cree que trabaja en esa y no en la CNDH.  

Algo más que me llamó especialmente la atención. En una entrevista que escuché, Piedra se rehusó a responder la pregunta de si en su experiencia al  frente de la CNDH alguna autoridad federal se ha negado a responder positivamente a alguna de sus recomendaciones. Sólo masculló una cantinfleada y si acaso se acercó a una "respuesta". Dijo: "estamos en eso".

Vale ahora recordar que el origen de la CNDH fue la figura del Ombudsman,- hoy propiamente llamada Ombudsperson, por equidad de género-  que significa el Defensor del Pueblo, entendiendo como "pueblo" a todos los gobernados. O sea, es una autoridad para defender a los gobernados de los abusos u omisiones de sus gobiernos.

En la "mañanera" de ayer, el presidente López manifestó que le gustó la idea de Piedra.

Más aún, creo que pudiéramos presumir la sospecha fundada de que la ocurrencia fue suya y Piedra sólo toca la flauta. Muy mal, por cierto.

 

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A Collado sólo queda que repare daño de 13.7 mdp en perjuicio de Chihuahua 

El abogado Juan Collado estaría a punto de cancelar 4 procesos judiciales en su contra, y sólo quedaría que repare el daño de su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos, en perjuicio de Gobierno de Chihuahua.

Se dio a conocer que el pasado jueves se declaró como prescrita la tercera causa penal en su contra por una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos.

Este sería el tercer proceso iniciado que se le cancela.

El 4 de abril un juez de Chihuahua dio un plazo de 30 días para que repare un daño de 13.7 millones de pesos.

Juan Collado fue detenido en 2019 se le acusó de presuntos delitos de: defraudación fiscal de 36 millones 786 mil 881 pesos; de maniobras ilegales para impedir el desbloqueo de 76.5 millones de euros en Andorra; delincuencia organizada y lavado de 24 millones de pesos en compra venta de un edificio; la Fiscalía de Chihuahua lo acusó de simular un contrato de consultoría legal por  13 millones 780 mil pesos, de enero de 2013 a marzo de 2014.

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