Fiscalía detiene a integrantes de San Elías de Repechique

Integrantes de la comunidad de San Elías de Repechique denunciaron la detención ilegal de por lo menos 50 personas por elementos de la Fiscalía General del Estado quienes irrumpieron una reunión que se realizó ayer jueves en un taller de costura que se encuentra en disputa legal. 

La asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria emitido un comunicado sobre los hechos, mismo que a continuación se presenta de manera íntegra: 

El 13 de agosto del presente año se llevaba a cabo una reunión en la construcción del taller de costura en la comunidad de Bosques San Elías Repechique, municipio de Bocoyna (que históricamente ha demandado al Estado el reconocimiento legal de su territorio ancestral, derecho que fue reconocido por un juez federal en 2014), donde estaban aproximadamente 50 integrantes de la misma, así como personal de la Consultoría Técnica Comunitaria revisando un oficio enviado por las mismas autoridades.

A mitad de esta reunión, aproximadamente a las 2:00 pm, ingresaron los agentes ministerales a la reunión, preguntando por la persona encargada de la construcción, a lo que se les respondió que la responsabilidad de la construcción era de toda la comunidad, no de una persona en específico. Se discutió durante una hora aproximadamente, siendo el principal reclamo de los funcionarios el haber quitado el sello con el que arbitrariamente habían parado la obra, los integrantes respondieron que cuando se instaló el sello, lo hicieron sin presentar ninguna orden o papel de un juez. Los ministeriales reclamaron a la comunidad no haberse presentado al Instituto de Mediación a conciliar con las personas que se dicen propietarias, a pesar de que ese procedimiento es voluntario.

El territorio de la  comunidad fue vendido ilegalmente a quienes ahora se dicen propietarios y el litigio actualmente se ventila en los tribunales Federales.

Después de  la discusión, los policías ministeriales procedieron a detener a las personas que se encontraban en la reunión y caminaron hasta Creel durante dos horas, en su mayoría mujeres y niños, mientras eran seguidos por las camionetas de los agentes ministeriales. Luego de llegar a las oficinas del Ministerio Público de Creel, tuvieron que esperar afuera ya que las oficinas se encontraban cerradas, en la calle esperaron 2 horas a las autoridades correspondientes que dieron la orden de detención.

El ministerio público de Creel que llegó a la oficina a petición de la comunidad comentó que el caso ya no se encontraba dentro de su competencia, sino que se encontraba bajo la jurisdicción de las oficinas de Cuauhtémoc. Pidió a la gente a que se trasladara por sus medios a Cuauhtémoc, a otras 3 horas de camino con transporte, para que “arreglaran su situación”.

En el trámite penal establecido en contra de la comunidad por despojo no se le ha querido reconocer la representación legal, ni se le ha permitido tener acceso al expediente. Por su parte, los miembros de la comunidad solicitaron al Fiscal de Zona Occidente, Lic. Jesús Carrasco Chacón, que acudiera para hablar con la comunidad, pero se negó.

El diálogo terminó aproximadamente a las 6:30 pm, sin resultado y nos pudimos retirar.

Las autoridades emplazaron a la comunidad a desalojar el inmueble y a parar la construcción de inmediato en violación a sus derechos reconocidos en la Constitución, tratados internacionales  y protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por la gravedad de lo anteriormente descrito exigimos:

Respeto por parte de las autoridades a la posesión ancestral que tiene la comunidad de Bosques de San Elías Repechique sobre su territorio.

Respeto a su autonomía, autogestión y autodeterminación

Que la Fiscalía General del Estado apegue a derecho sus actuaciones y actúe de manera imparcial,  respetando  los derechos de los Pueblos indígenas

A las dependencias, los tres niveles de gobierno, que respeten el territorio ancestral de la comunidad  y se respete su proyecto de vida

Alto al hostigamiento en contra de la comunidad y sus asesores, responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chihuahua  y las personas que detentan las escrituras ante posibles represalias.