Con lópez, más corrupción

    Con una economía profundamente lastimada, con la inseguridad y la violencia incrementadas a niveles históricos y ocupando destacadas posiciones en el top-5 en número de muertos por la pandemia y el primer lugar mundial en personal médico fallecido por contagio de Covid-19, a lópez sólo le queda por presumir el combate a la corrupción.

    Lo festeja como el gran éxito de su gestión.

    Pero una cosa es el festejo del fingido "combate" y otra la realidad inocultable, manifiesta en resultados.
    
    Las estadísticas desmienten rotundamente que la corrupción haya disminuido.

    No sólo no se ha frenado la corrupción durante el gobierno de lópez, sino se ha incrementado.

    Así lo reportan las entidades más prestigiadas a nivel mundial y nacional. 

    Veamos:

    The World Justice Project es una organización internacional de la sociedad civil, sin fines de lucro, que declara tener la misión de "trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo". Anualmente elabora un reporte denominado Índice de Estado de Derecho, o Índice de Imperio de la Ley, en  128 países. Es la fuente principal de información independiente y de primera mano sobre el Estado de Derecho en el mundo. 

    Uno de los bloques de este estudio se enfoca específicamente en la "ausencia de corrupción en los gobiernos". Este factor toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos,
influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. 

    Se analiza la corrupción en los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en la Policía y el Ejército.
 
    En el indice 2020, México se posicionó por segundo año consecutivo entre los 10 peor evaluados, ocupando la posición 121 de 128 países. Su calificación del 1 al 10, en donde 10 es el mejor calificado, fue de 27 puntos. 

    En 2019 obtuvo 29 puntos, por lo que en el último año cayó dos puntos, es decir, el nivel  de corrupción empeoró en esa proporción.

    En 2017 y 2018, los últimos del gobierno de Peña, México había obtenido 31 puntos, por lo que al segundo año del gobierno de lópez nuestro país ha caído 4 puntos.

    O lo que es lo mismo, la corrupción ha crecido un 4 por ciento.

    Desde luego, 4 puntos abajo del último y penúltimo años de Peña no son para presumir, sino para ocultar la cara bajo la alfombra por un mínimo de vergüenza.

    En la tabla general, México comparte calificación de 27 puntos con Kenia, Madagascar y Bolivia, por lo que igual podía ocupar la posición 124 en lugar de la 121, de 128.

    Abajo de ellos sólo están Uganda, con 26 puntos; Camerún, también con 26; Camboya con 24 y la República del Congo con 16.

    Los primeros 5 sitios como los gobiernos con mayor ausencia de corrupción los ocupan Dinamarca con 95 puntos, Noruega con 94, Singapur con 91, Suecia también con 91 y 
Finlandia con 89.

    Respecto a nuestros vecinos, Estados Unidos ocupa la posición 19 con 74 puntos (empatado con Francia) y Guatemala la posición 108 con 34 puntos, es decir, 7 puntos arriba de México.
 
    Otro factor que mide World Justice Project es el Estado de Derecho en las naciones. Este índice se calcula a partir de más de 130,000 encuestas a población general y 4,000 cuestionarios a expertos en justicia.
  
    El Estado de Derecho es profundamente importante, ya que afecta a todas las personas en su vida cotidiana, y no es sólo tema de los abogados y los jueces. De hecho, todos los sectores de la sociedad son responsables de sostenerlo. 

    Un simple ejemplo es el relativo al ambiente empresarial. Imagine a una persona que busca invertir en cualquier parte del mundo. Es probable que piense dos veces antes de invertir en un país afligido por la corrupción, derechos de propiedad inútiles o la aplicación inefectiva de los contratos. Entre otras cosas, un Estado de Derecho débil socava el comercio legítimo y ahuyenta a inversionistas locales y extranjeros.

    Parece retrato hablado.

    En este índice México ocupa la posición 104 entre 128 países, con 44 puntos. En el último año, medido de agosto a julio, nuestro país perdió un punto y cayó 3 posiciones.

    Entre los 30 países de América Latina y el Caribe, México ocupa el lugar número 26, en cuanto a Estado de Derecho, una posición abajo de Guatemala y seguido por Honduras.

    Los dos primeros lugares en este índice también los ocupan Dinamarca con 90 puntos y  Noruega con 89;  Finlandia aparece en tercer lugar con 87 puntos.

    Estados Unidos ocupa la posición 21, con 72 puntos, y Canadá el número 9 con 81 puntos.

    Respecto al incremento de la corrupción en México desde la llegada de lópez al gobierno, la medición del INEGI en el primer año, 2019, ya lo confirmaba.

    Aunque la percepción manifiesta de la ciudadanía sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento en 2019, la verdad es que la prevalencia de los hechos se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019.

    Es decir, la percepción manifiesta de la ciudadanía revela el número de ciudadanos engañados por el discurso de lópez, en oposición a lo que realmente está sucediendo:

    La tasa de casos pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019.

    Esta información contenida en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental contempla actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los mexicanos con un brutal incremento en millones y miles de pesos.

    Porque no sólo aumentaron los casos de corrupción, sino también fueron "mordidas" más caras.

    El valor de estos "hechos reportados de corrupción" se disparó en 64.1 por ciento de 2017 a 2019.
    
    En 2019 la suma ilícita de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, frente a 7 mil 780 millones en 2017.

    El promedio por "cochupo" o persona afectada  fue de 3 mil 822 pesos en 2019, frente a los 2 mil 450 de 2017.

    Van los casos desde una "propina" al de la CFE para que reconecte la luz, hasta jugosos permisos otorgados a grandes consorcios desde los niveles más altos del gobierno.

    Aun con esos vergonzosos números, la Secretaría de la Función Pública festinó a principios de 2020 que México ascendió del lugar 138 al 130 en el ranking del IPC de Transparencia Internacional, al obtener un punto más, de 28 a 29, en una escala del 1 al 100.

    La Secretaría calificó el resultado como "excelente" y afirmó que "estos buenos resultados son reflejo de la implementación de una nueva estrategia basada en el enfoque de la corrupción estructural".

    Uno de los elementos que destacó como "clave" para avanzar un punto fue el que, según ella, lo constituyen "las declaraciones patrimoniales transparentes del gabinete legal y ampliado al 100%".

    Este resultado y su festinación sucedieron unos días antes de que la secretaria Eréndira Sandoval fuera exhibida como propietaria de varios inmuebles que no enlistó en su declaración obligatoria.

    La falta cometida por Eréndira ha sido castigada en otros casos semejantes, pero en el suyo no tuvo ninguna consecuencia legal.  

    Al calor de la campaña de propaganda desplegada por lópez con motivo de la extradición de Emilio Lozoya, la empresa Simo Consulting realizó una encuesta para el diario El País que reveló que el 64.7% de la población considera que las políticas de lópez están sirviendo para reducir la corrupción en México.

    Una prueba de que la campaña de simulación ha fructificado.

    Sin embargo, no se puede tapar todo el sol con un dedo.

    Ante la pregunta, ¿usted cree que el gobierno persigue de la misma forma todos los casos de corrupción sin importar la inclinación política de los acusados?, las respuestas fueron rotundas:

    Un 29.2% respondió que Sí y un 60.6% que No lo cree.

    La parcialidad en la impartición de justicia es una de las formas más graves de corrupción y simplemente no es justicia, es corrupción pura.

    Y si tomamos en cuenta que la estrategia es barrer de arriba para abajo, todo indica que la escoba se quedó atorada en el escalón de la Secretaría de la Función Pública.