Programas Ninis

    Los programas sociales de lópez no sólo son la estrella del nuevo presupuesto, también son el renglón más poroso y apto para la corrupción de todo el gasto del Gobierno Federal.

    Son programas ninis.

    Ni Reglas, ni Transparencia, ni Auditorías, ni Evaluaciones.

    Nini-ninis.

    Tanto en el presupuesto de 2020 como en el que se cocina para 2021, los programas aparecen en el anexo 25, un apartado destinado a aquellos programas sujetos a reglas de operación; sin embargo, siguen marcados con la Clave Presupuestaria U, que los identifica como No sujetos a reglas de operación, sino que "en su caso, se otorgan mediante convenios".

    Así los clasifica la nomenclatura del Presupuesto de Egresos de la Federación.
 
    Es evidentemente una trampa clasificatoria.

    Significa que lo más que tendrán los programas de lópez son "lineamientos", que no es lo mismo que Reglas de Operación.

    Esto permite cuantificar a los beneficiarios según los padrones oficiales, pero carece de mecanismos evaluatorios y de verificación.

    En el primer año del gobierno de lópez, 2019, dichos programas carecieron de todo tipo de reglas y ni siquiera se sujetaron a lineamiento alguno.

    Nacieron con la Opacidad Ideal para programas asistenciales y electoreros de una intención perversa.

    La presión pública, la de la oposición en el Congreso, la de académicos y de asociaciones de la sociedad civil, llevaron a que en 2020 el oficialismo aceptara incluir los programas en el anexo 25, pero de manera irregular se sustituyeron "reglas" por  "lineamientos".

    Desde su inicio y hasta hoy, distintos analistas autónomos han encontrado una constante de irregularidades en los programas de lópez. 

    En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se registró un padrón con crecimiento de manera anormal, empresas beneficiarias que no han sido localizadas, subejercicio del gasto, diputados morenistas registrados como centros de trabajo, y abundantes datos incompletos o poco transparentes.

    Un análisis del padrón que observó el crecimiento de beneficiarios, reveló un patrón estadístico muy ilustrativo: todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, se registró el mismo número de jóvenes. Todos los días la misma cantidad de nuevos beneficiarios.

    ¡Mastícate esa!

    Una revisión a 5 mil 439 centros de trabajo, todos localizados en la Ciudad de México, arrojó que en 4 mil 676 no había información, eran inexistentes o no fueron localizados.

    Sólo en 413 centros de trabajo sí se tuvo constancia de que tuvieran becarios en activo.

    Tal vez el sí del párrafo anterior resulte innecesario, pero quise remarcarlo.

    De los 5,439 centros de trabajo revisados hubo 2,881 de los que no se encontró ninguna información, 843 fueron personas físicas con datos incompletos y 646 empresas identificadas no pudieron ser localizadas, ya que, al visitarlas, se encontraron, en algunos casos, terrenos baldíos. En 136, equivalentes al 18%, afirmaron que tuvieron becarios, pero ya no, mientras que 214 centros de trabajo, es decir, el 28%, informaron que aunque solicitaron becarios no los recibieron.

    En los centros de trabajos con becarios hay 1,923 beneficiarios: de esa cifra, 1,508 fueron encontrados, mientras que 415 no pudieron ser localizados al momento del estudio, por diversos motivos, incluyendo según los empleadores, que “sólo vienen cuando quieren”.

    Sin embargo, oficialmente todos cobraron.

     El padrón fue cerrado por la Secretaría de Trabajo con únicamente 900 mil jóvenes inscritos, pese que había 1 millón 269 mil 337 vacantes. Es decir, quedaron 369 mil 337 lugares sin ocupar.

    A pesar de la diferencia entre los aprobados en el presupuesto y los realmente inscritos, los recursos no aplicados nunca fueron regresados a la Secretaría de Hacienda, por lo que se desconoce su destino o paradero.

    Es evidente que sin reglas no habrá los elementos suficientes para poder evaluar a la población objetivo, el mecanismo de selección de los beneficiarios, los parámetros para su operación, sus metas, resultados y la forma de gastar los recursos.

    Si estos programas se quedan nuevamente sin reglas de operación no caen en la ilegalidad, porque hay vacíos en la reglamentación al respecto que permiten a la administración federal decidir en forma discrecional si un programa es modalidad S (obligado a reglas) o U (No sujetos a reglas).  

    María Luisa Albores, quien fue secretaria del Bienestar desde el inicio del gobierno de lópez hasta el pasado 2 de septiembre, comentó que en el caso de la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad no se exige a los beneficiarios un certificado que dé fe de su condición discapacitante. 

    "Estamos tratando de establecer una norma, que no se tiene hasta el momento", dijo.

    Una persona puede declararse discapacitado sin parecerlo y simplemente firma una carta y ya está: es beneficiario. 

    Por supuesto, con una aportación voluntaria de por medio, de preferencia sin vídeo. 
    
    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) alertó esta semana que 11 programas prioritarios del gobierno de lópez no son claros en el problema que desean atender y muestran deficiencias en sus resultados.

    Prendió el Coneval "focos rojos y amarillos" esta semana debido a la falta de claridad en el problema público que se desea atender, ausencia de metas y deficiencia en resultados.

    De acuerdo con el análisis, el gobierno identifica a los grupos sociales a los que quiere apoyar a través de sus 17 programas sociales "prioritarios", pero en la mitad de éstos no explica "la problemática que les quieren resolver" y no cuentan con mediciones ni con  Enfoque de Resultados.

    Medir y Resolver es lo que menos importa. Están pensados para otro propósito.

    Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la agrupación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, alerta que las observaciones del Coneval deberán incluirse en el análisis del presupuesto 2021, sobre todo porque es “grave” que se inviertan recursos en programas que no se sabe bien cuál es el objetivo que persiguen.

    “Gastar sin resultados es malo siempre, y es más malo en momentos de crisis y de recorte presupuestal; el riesgo es grande de gastar sin resultados porque entonces la única explicación es que el objetivo es otro, quizá sólo político”. 

    Dicho fue por José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval.

    A ver cómo le va al Coneval en el presupuesto.

    Alfredo Elizondo, coordinador de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), consideró que “dado que el Paquete Económico se ve bastante apretado y donde seguramente veremos los programas prioritarios, pues no se trata de seguirlos implementando con los mismos errores o deficiencias, sino que es indispensable que se corrijan”.

    Pero seguramente no se trata de errores, sino de intenciones específicas, definidas y planeadas.

    A nadie extraña que se preste a corrupción.

    Ya sabemos que la Función Pública es sólo tapadera.

    Los números con frecuencia dicen lo que las mentiras pretenden ocultar:

    Existen 97 denuncias contra delegados y exdelegados del Bienestar en los estados, por acusaciones de promoción con fines electorales para 2021, anomalías en el manejo de los programas y uso de recursos para otros fines.

    En comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 24 de octubre de 2019, la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, señaló: “Estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo (...) Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora”.

    Esta semana, a través de transparencia. fue requerida por el periódico El Universal la información sobre las 97 denuncias, incluidas aquellas 12. 

    Ninguna tiene sanción.

    Hasta el momento el marcador es 97 a Cero. 

    Se informó que 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos. Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública negaron la información por estimarla de carácter confidencial.

    Es un tema de importancia capital que estaremos siguiendo en el proceso de discusión y aprobación del nuevos presupuesto.

    Como dato complementario, debe usted saber que anexa a la de lópez en Palacio Nacional está instalada  la oficina donde se toman decisiones sobre los mapas distritales, respecto a las zonas territoriales en las que se refuerza la aplicación de los programas sociales.

    Es el cuarto de guerra electoral de lópez. 

    Y recordemos que el primero de este mes designó lópez a Javier May Rodríguez como nuevo secretario del Bienestar, en donde se ubican la mayoría de los programas. Es un hombre clave, de su primer círculo desde hace décadas en el área electoral.

    La Secretaría del Bienestar es la segunda más beneficiada en el presupuesto, después de la SEP, que tiene la nómina más grande del país.

    Las reglas deben tener especial dedicatoria al nombre y apellido de Javier May en el año de renovación de la Cámara de Diputados, año en el que lópez se juega el todo... por el poco. 

    Y el país su última oportunidad.