Pagar por pagar la cuota

     Cuando hablamos de Democracia, inmediatamente pensamos en elecciones, urnas y hasta fraudes famosos. Pocas veces, o pocos grupos, nos cuestionamos sobre la participación de sectores de la población que históricamente no han sido justamente representados en las instituciones de Estado.

     “La democracia es un orden que se caracteriza porque las Leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger.” (Toro, 2000) este es el Principio Universal de Autofundación de la Democracia. En el que también se basa el Principio de Representación Política Democrática, enunciado por el INE en su Cuaderno de Divulgación de la Cultura Democrática, Principios y Valores de la Democracia del año 2019.

          En el caso de las mujeres mexicanas, quienes estamos, como todo ciudadano, sujetas a Leyes y normas en cuyo diseño e implementación no tenemos todavía una participación y voto proporcional al porcentaje de población que constituimos, la representación justa es todavía una tarea pendiente. Aunque pareciera que el problema se ha ido resolviendo de manera satisfactoria. Primero con el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas. Luego, con la participación creciente en las organizaciones políticas. En los últimos años, con las leyes de paridad que obligan a los partidos políticos a postular a los puestos de elección popular al 50% de candidatas y, mas recientemente, en los nombramientos de todos los organismos de Estado..

     Pero, como no es solo una cuestión de números sino de perspectiva,  la realidad es que,  aun cumpliendo las cuotas que marca la ley, no existe una reivindicación real del derecho a la participación política que tenemos las mexicanas porque, muchas veces, los lugares que se nos otorgan, por ejemplo en candidaturas, son los que los partidos políticos tienen calculados como “perdidos”. En otras circunstancias, son espacios aprovechados para colocar lo que en muchos circulos se conoce como mujeres florero. Es decir, mujeres cuya presencia no es garante del ejercicio del poder público. Mujeres cuyo objetivo es la simulación de que temenos la oportunidad de participar en política, que siguen instrucciones de quienes les “concedieron” el lugar, ya sea por ser familiares o amistades o, en el peor de los casos, a cambio de favores sexuales.

     Y ojalá que, por lo menos, se tratara de mujeres que, aún llegando por favores personales, cuentan con la preparación y/o la experiencia para asumir la responsabilidad que implica el servicio público. Desafortunadamente, son pocos los casos con este respaldo. La mayoría ni siquiera tiene una carrera o un desempeño laboral que avale su experiencia, lucha social, preparación académica o un bagaje de conocimiento que justifique la ocupación del cargo.

     Son mujeres oportunistas que impiden el avance de todo el sector femenino porque no trabajan en beneficio de la equidad de género ni de la reivindicación de los derechos y de la calidad de vida de las mujeres. Las que mas, llegan a incorporarlo a su discurso sin llevarlo a la practica en su gestion, porque no pueden, porque no tienen los conocimientos necesarios para identificar las problematicas, estrcuturar e implementar soluciones y presentar resultados. Lo peor, es que son conscientes de la situación y no les preocupa, estando en el desempeño de un cargo, prepararse para mejorar su gestion.

     De esa disposición a ser manipuladas y manipulados se aprovechan los responsables de elegir a las y los candidatos que postulan los partidos políticos. También sucede con los varones que llegan a cargos públicos sin el mínimo conocimiento de la responsabilidad que asumen. La diferencia es que los varones que sí están preparados tienen la oportunidad de competir por otros espacios. Para las mujeres, estas oportunidades -aunque cada vez la lucha social ha logrado abrir más- siguen siendo muy limitadas.

     Haríamos bien en recordar que los cargos de elección popular no son un patrimonio personal para regalar a los amigos, sino puestos de representación ciudadana, de administración de justicia o recursos públicos.  Tenemos que fomentar, entre todas y todos, la participación de las mujeres en la política de Estado. Pero, no se trata de que los dirigentes de las instituciones pongan a sus novias o a sus sobrinas a ocupar los lugares que las leyes de paridad nos otorgan a las mujeres para ocupar cargos públicos. Se trata de que contemos con oportunidades reales de participación y ¿por qué no decirlo? Que contemos con oportunidades de alcanzar metas con base en el esfuerzo, en la trayectoria y en la preparación para dichos cargos. Toda participación es legítima, pero es importante prepararse para estar en condiciones de cumplir con la responsabilidad que el Servicio Público implica.

     Todo cambio social lleva un proceso y es natural que los grupos que siempre han ostentado el poder, busquen atajos y mecanismos para conservarlo. De ese modo se explica el papel utilitario que le dan a las mujeres de las que se valen para seguir siendo los únicos que toman las decisiones que nos afectan a todas y a todos. Somos las propias mujeres a quienes nos toca empujar, conseguir aliados, señalar, tomar la palabra y los espacios que por justicia nos corresponden y muchos todavía se niegan a ceder.

     Los enormes retos que enfrentamos como sociedad, exigen personas competentes que sepan construir soluciones de largo plazo. Mentes con prinicpios democraticos arraigados que entiendan la importancia de la participación efectiva de todos los sectores y del consenso politico. No nos podemos dar mas el lujo de la simulación ni de permitir que se aferren al poder quienes han demostrado su aversión a los principios de justicia social.