El Affaire Cienfuegos

El sonado escándalo por la detención del Gral. Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de los Ángeles, Cal. EU a su llegada de México en viaje particular acompañado por su familia, realizada por agentes policiales federales, a principios del mes de octubre pasado, por una solicitud expresa de la DEA (Agencia Anti-drogas de EU), hizo aflorar nuevamente el manido asunto de la injerencia de esta desprestigiada agencia norteamericana que por sí o en coordinación con otras agencias de inteligencia civil y militar de Norteamérica se arrogan la “Facultad” de intervenir o entrometerse en otros países (en este caso en México) sin que les preocupe violar su soberanía o invadir facultades exclusivas de sus similares en el país en que actúan ilegalmente y/o excediéndose en las actividades en que se les permite colaborar aportando información a los organismos de investigación nacionales, y lo que es peor sin enterar de sus actividades y resultados a sus autoridades (en este caso las mexicanas).

El General Cienfuegos fue detenido y encarcelado por orden de aprehensión generada en un juzgado de Nueva York por cuestiones de delitos de tráfico de drogas para internarlas en EU, conspiración y lavado de dinero; basadas en la denuncia e “investigaciones” de la DEA ¡en México! desde varios años atrás.

La condición del Gral. Cienfuegos como Ex-Secretario de la Defensa en el Gobierno del Presidente Peña Nieto y militar de alto rango en el ejército mexicano aun cuando no estuviera en activo, y el marginamiento y falta de información a las instancias correspondientes del gobierno mexicano no solo por cuanto a la detención, sino a las investigaciones de tiempo atrás, realizadas siendo titular de la SEDENA provocaron que su detención y encarcelamiento en EU se convirtiera en un acto inédito por el rango de este pero no único, en la ya larga historia de intervencionismo y violación a la soberanía nacional de México, que sistemáticamente cometen diversos organismos y dependencias de gobierno de EU, abusando de los convenios de Coordinación y Cooperación en el combate al Narcotráfico  y en materia de seguridad regional suscritos entre ambos gobiernos, amparándose como pretexto más que razón en la “Seguridad Nacional” del poderoso país vecino.

El Affaire Cienfuegos fue de tal magnitud que cimbró las relaciones bilaterales, ofendió gravemente a las fuerzas armadas mexicanas y despertó el sentimiento anti-yaqui anidado en la población mexicana por toda una historia de abuso e intervencionismo del Estado Norteamericano en perjuicios de todo orden contra México que hemos comentado ya en artículos anteriores  provocó una enérgica reacción del gobierno mexicano no prevista por la arrogancia de las agencias estadounidenses y que derivó a que hubieran de recular en sus acciones y convenir con nuestro gobierno después de un mes, el retiro de los cargos en EU contra el alto militar mexicano.

Así, el 17 de noviembre se dió la declaración conjunta de las Fiscalías Generales de México y EU, informando que el Departamento de Justicia de EU “desestima los cargos penales presentados por ese país (Léase “a pedido la DEA”) contra el Ex-secretario Cienfuegos, “para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo a las leyes mexicanas”.

Esta fue una sorpresiva decisión, después de que en Nueva York, un “GRAN JURADO” hizo la acusación solicitada por la DEA y derivo a que el General fuera regresado de inmediato a México.

Fué sin duda, un éxito diplomático del Gobierno de México, que el Secretario de Relaciones Exteriores precisó afirmando que “No lo vemos como un acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y muestras fuerzas armadas”.

Sobre este delicado asunto, podría decirse, entre los muchos comentarios que ha generado, que:

• Al margen de la posible investigación por la Fiscalía General de la República, quedó en evidencia que se trató de una grosera intención política de presionar y desacreditar a las fuerzas armadas mexicanas y al gobierno mexicano, que resultó contraproducente pues exhibió a la DEA como irrespetuosa de los convenios de colaboración en materia de Combate al Narcotráfico, Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero, así como en asuntos de Seguridad Regional (y Nacional para EU) y debilitó su presencia y actividad en nuestro país, y consecuentemente puso de manifiesto la necesidad de que se revisen esos convenios para que se delimiten y  acoten los márgenes de acción y colaboración de los Organismos Norteamericanos en nuestro país.
• Por sobre los punto de vista encontrados en el aprovechamiento político del tema, es claro que independientemente de cualquier sospecha sobre el desempeño del Ex secretario de la Defensa Nacional y la debilidad de las “supuestas investigaciones y cargos” alegados por la agencia norteamericana con una clara intencionalidad política, lo importante es que se frenó tajantemente la intervención y lesión a la soberanía y dignidad nacional que implicaba esta intentona que culminó en un fracaso.
• En el ejército mexicano como en todas las instituciones y órganos de gobierno y poderes del estado mexicano, hay personas buenas, eficientes, con estas y entregadas al desempeño de sus responsabilidades y funciones; así como también hay individuos corruptos y deshonestos. Pero las Fuerzas Armadas Nacionales tienen como sello y condición histórica su institucionalidad, lealtad a la patria y subordinación al “Poder Civil”.
• Si bien en el actual  Gobierno Federal se ha dado una creciente participación a las Fuerzas armadas (particularmente al Ejército) no solo en tareas de Seguridad, sino también de Aduanas, Realización de Obras Públicas y otras más, no puede de ninguna manera considerarse que haya un proceso de militarización o injerencia militar en la toma de decisiones y gobernanza exclusiva de las autoridades civiles.
• Es pertinente rememorar el comentario atribuido a un destacado alto mando militar del Siglo XX, en respuesta a la preocupación que le plantearon en alguna reunión un grupo de amigos políticos con relación a los problemas de inestabilidad y dificultades del gobierno en materia política y económica, cuando les dijo tajantemente: “no se preocupen, a ustedes los civiles los salva la sombra de Victoriano Huerta; ningún militar querría ser un nuevo Huerta”.
• La ascendencia y solvencia moral y profesional del General Cienfuegos dentro del Ejército mexicano por su trayectoria y cargos desempeñados y por ende su relación con los altos mandos militares, explica la indignación que su detención en EU provocó entre estos y los mandos superiores del propio Ejército, que no puede ni debiera interpretarse como una proyección de presiones al Gobierno en torno a este caso.
• Vale recordar que la sensibilidad social en México respecto a las intentonas tanto retóricas como de hechos de injerencia o presión de grupos de poder político y/o agencias y Dependencias de Gobierno de EU sobre nuestro país y su gobierno, está más que fundada no solo en la Historia de las Relaciones entre los dos países, sino en las acciones aparentemente inconexas del pasado reciente como son para solo mencionar dos:
• El secuestro (en 1990) del Dr. Humberto Álvarez  Machaín, supuesto médico del Cartel de Guadalajara (antecesor el del Cartel de Sinaloa), efectuado en la capital de Jalisco por agentes norteamericanos que en secreto lo trasladaron a EU donde se le juzgó acusado de torturar al asesinado agente de la DEA Enrique Camarena, y duró encarcelado hasta que finalmente fué liberado por falta de pruebas.
• El Operativo “Rápido y Furioso”, realizado por la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de  Fuego y Explosivos (ATF) del Gobierno Norteamericano entre 2006 y 2011 que desató la crisis del tráfico de armas de EU a México, que perdura hasta el presente.

La ATF permitió y patrocinó que 2,500 armas fuera “compradas y llevadas” a México ilegalmente. El operativo era supuestamente para rastrear esas armas e identificar a los responsables del tráfico de armas que “van a dar” a los grupos narcotraficantes mexicanos; pero la Agencia y Estadounidense “les perdió la pista”.

Estos son solo algunos datos de la Picaresca y persistente intromisión de Agencias de Seguridad de EU violatoria de la Soberanía de México.