Revista Science denuncia despidos injustificados en Conacyt
La prestigiada revista Science dedicó algunas de sus páginas al tema de los despidos injustificados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un problema generado desde antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder.
Firmado por Rodrigo Pérez Ortega e Inés Gutiérrez Jaber, el texto se centra en lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en el programa Cátedras Conacyt, lanzado hace siete años para paliar la fuga de cerebros de jóvenes investigadores mexicanos.
Según los autores, el Conacyt dejó de pagar a los investigadores, los despidió sin una explicación razonable o los obligó a firmar sus renuncias, hecho que calificaron de “falta de humanidad”.
“Creo que en el fondo hay una intención de desaparecer el programa Cátedras”, aseguró a la revista un filólogo que fue despedido del programa.
A la bióloga Adriana Gómez Bonilla no le fue mejor. En marzo de 2018 fue presionada para que renunciara, con el argumento de evaluaciones deficientes que, a juicio de la afectada, fueron inexactas.
Ella y otros investigadores despedidos decidieron demandar al Conacyt. Hasta junio del año pasado, el organismo enfrentaba ya 145 demandas activas por despido injustificado, por un monto de 8.2 millones de pesos en daños, según un documento interno revisado por Science.
En febrero último, unos 200 investigadores de Cátedras formaron un sindicato con la esperanza de negociar un contrato que protegería sus puestos de trabajo y mejoraría las condiciones laborales.
Cuestionada al respecto, la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, negó que la agencia haya despedido injustamente a empleados. "No", no es verdad”, atajó, y no quiso abundar más sobre el tema, a pesar de las solicitudes gestionadas.
Actualmente el programa Cátedras se encuentra acéfalo, aunque fuentes apuntan a Diego Axel López Peláez, subdirector de evaluación y seguimiento, como quien toma las decisiones. Éste tampoco respondió a múltiples solicitudes.
El Conacyt lanzó el programa Cátedras en 2014, para suplir la falta de puestos de tiempo completo en universidades e institutos de investigación del país. El objetivo era contratar al menos 3 mil investigadores en 2018.
“Este es un programa innovador”, dice Rosalba Ramírez García, investigadora en Educación del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que ha estudiado el programa Cátedras desde sus inicios.
Los investigadores fueron emparejados con instituciones que proporcionaron espacios de trabajo e infraestructura para realizar investigaciones, mientras que el Conacyt los empleó y pagó sus salarios durante 10 años. Los puestos fueron codiciados como una de las pocas oportunidades para una carrera científica en México.
A raíz de Cátedras, “muchos investigadores mexicanos han optado por quedarse y hacer ciencia en el país”, y muchos regresaron del exterior para ser parte de ella, abunda un arqueólogo que fue despedido del programa.
“Lo que han aportado estos jóvenes investigadores es de enorme valor”, añade Ramírez García en el texto publicado por Science.
Entre 2015 y 2018, el 78% de los investigadores de Cátedras obtuvieron membresía en el prestigioso Sistema Nacional de Investigadores de México, señala a su vez la nutricionista biomédica Ana Lucrecia Elías López, una exinvestigadora de Cátedras que lucha por reincorporarse al programa luego de ser obligada a renunciar.
Esto "es una señal de productividad", apunta.
Pero, aun así, el programa ha tenido problemas. Los investigadores no forman parte del personal de las instituciones de acogida, lo que crea conflictos burocráticos que pueden obstaculizar su trabajo. Las finanzas también han sido un desafío, principalmente debido a la financiación insuficiente: en 2018 el programa estaba sólo a la mitad de su objetivo de 3 mil investigadores.
Las tensiones se dispararon en el mandato de Álvarez-Buylla Roces, que comenzó en diciembre de 2018, y ha estado marcado por una ruptura significativa entre el Conacyt y la comunidad científica.
En febrero de 2019, la funcionaria se refirió a los investigadores de Cátedras como "aprovechadores de la nómina", lo que provocó indignación. Al mes siguiente, Álvarez-Buylla Roces prometió 99 nuevos lugares para el programa, pero sólo dos meses después dijo que no habría nuevas vacantes mientras el Conacyt evaluaba la viabilidad económica del programa y consideraba reestructurarlo.
Según información divulgada en respuesta a una solicitud de transparencia del gobierno y documentos del Conacyt, al menos 425 investigadores han abandonado el programa desde su lanzamiento, la mayoría a partir de 2019; ahora apoya a mil 284 investigadores.
Las fuentes aseguran que las medidas de austeridad del gobierno pueden estar detrás de las supuestas intenciones de Conacyt de terminar el programa. Pero también es común en la política mexicana que la administración actual borre o reemplace los programas de la administración anterior, de acuerdo con Ramírez García.
En 2020, el presupuesto del programa aumentó 23%, a 68 millones de pesos, sin embargo, el Conacyt no ha ofrecido nuevas vacantes desde 2018 y los despidos se han disparado.
Los investigadores despedidos por el programa informan experiencias similares. Primero, dicen, los funcionarios del Conacyt intentaron obligarlos a renunciar con la promesa de una indemnización. Si se negaban, la agencia dejaba de pagarles.
El ingeniero aeronáutico Oliver Huerta, por ejemplo, se incorporó al programa en 2014 y trabajó durante cinco años en el Instituto Tecnológico de Estudios Avanzados de Ecatepec. En 2019 notó que su correo electrónico institucional había sido bloqueado, justo cuando necesitaba presentar un informe anual requerido. Huerta se puso en contacto con López Peláez, quien dijo que tenían que reunirse en persona.
En la sede del Conacyt en la Ciudad de México, López Peláez y un abogado invitaron a Huerta a firmar su renuncia. Él se negó. Unas semanas después, el Conacyt dejó de pagarle y los directores de su institución anfitriona le dijeron que lo habían dado de baja del programa Cátedras. Presentó una demanda en diciembre de 2019, pero no ha habido mucho progreso. "Estamos colgando en una nube", sostiene.
Para algunas de las personas retiradas del programa, incluido el arqueólogo, estar embarazada o tener un recién nacido parece haber sido un desencadenante. Hay un “patrón de absoluto desconocimiento en materia de género”, abunda Claudia Patricia Juan Pineda, abogada que representa a más de 20 exinvestigadores de Cátedras.
"Parece que quedar embarazada es como un crimen". En el caso de la arqueóloga, unos meses después de que notificara a las autoridades sobre su embarazo de alto riesgo, intentó cargar su informe anual, pero la plataforma en línea no funcionó. Inmediatamente se puso en contacto con López Peláez, quien le dijo por teléfono que estaba despedida. Unos días después, Conacyt dejó de pagarle y deshabilitó su correo electrónico institucional. “Hay una falta de humanidad que está completamente impregnada en Conacyt”, apunta.
La geóloga María Jazmín Chávez Álvarez, exinvestigadora de Cátedras, afirma que cuando le pidieron que renunciara, en 2018, la entonces directora de Cátedras, Lorena Archundia, dijo: “Mira, de esta manera puedes dejar de preocuparte y luego puedes concentrarte en tu hija”.
“Eso realmente me molestó”, dice, porque nunca mencionó su embarazo y maternidad. Ella se negó a firmar el formulario y Conacyt dejó de pagarle. Archundia no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Ana Lucrecia Elías López, quien se vio obligado a renunciar en 2019, presentó una denuncia el año pasado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acusando a Álvarez-Buylla Roces de despedir indebidamente a investigadoras durante la pandemia, incluidas algunas con niños pequeños o con embarazos complicados. Planea presentar una demanda penal contra Conacyt.
Algunos investigadores de Cátedras esperan que el nuevo sindicato, Siintacatedras, pueda asegurar un mayor apoyo a la investigación y seguridad laboral.
“Estamos convencidos de que una vez que iniciemos un diálogo con el Conacyt, podremos entender el gran potencial que tiene este programa”, dice el secretario general de Siintacatedras, Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, agroecólogo político del Colegio de la Frontera Sur.
El Conacyt aún no ha respondido a la invitación para negociar, pero está legalmente obligado a sentarse con los líderes sindicales y firmar un contrato antes del 7 de julio.
Otros están menos interesados en reparar puentes. Eso incluye a Adriana Gómez Bonilla, quien ahora tiene un puesto de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Si gana su demanda contra el Conacyt, la agencia deberá pagarle el doble de la cantidad de las subvenciones estándar del Conacyt para proyectos de ciencias básicas. “Imagínense cuánta ciencia podrían financiar con eso”, dice. "Pero, en cambio, lo están gastando en demandas que podrían haberse evitado".
Tomado de Vanguardia
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Campaña en redes sociales contra el Director de Ciencias de la Cultura Física y otros actores
En redes sociales, circula un video, en el que denuncian supuestos actos de apoyo del director de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACh, en favor del candidato del octavo distrito Alejandro Domínguez, así como a las aspiraciones de Marco Bonilla, quien busca reelegirse como alcalde. Detrás de esa campaña señalan a Morena, Marco Quezada y a Miguel Latorre.
En el video se dice, que actual director de Educación Física, Carlos Javier Ortiz Rodríguez, utiliza los recursos de las inscripciones para promover esas dos campañas políticas, pues pertenece al grupo de Alejandro Domínguez y César Duarte, relación por la que llegó a ese puesto, como una concesión otorgada al tricolor, sin haber participado en la terna, lo que consideran un atropello a la comunidad estudiantil.
Señalan que, en esa Facultad, hay corrupción, según dicen desde el estudiantado, así como despilfarro, atropellos y diversos señalamientos, además de otras supuestas irregularidades que se abordan en el video, como es el caso del secretario administrativo, Ricardo Santana quien además es dirigente partidista y también se le mantiene en nómina , así como al hijo del candidato por el octavo distrito, Jesús Alejandro Domínguez, según lo manifiestan.
A esos señalamientos que se hacen, en un rápido recuento, podrían agregarse, las manifestaciones y la serie de amparos interpuestos en la Facultad de Derecho durante el actual tetramestre que termina en la UACh, argumentando la gratuidad de la educación; así como la más reciente protesta en la de Contaduría y Administración, cuando los alumnos de esa unidad tomaron la dirección porque invalidaron a dos planillas estudiantiles y quedó la auspiciada por la directora Cristina Cabrera, quien ya se destapó por cierto, como aspirante a la rectoría a pesar de que faltan casi 5 años para el relevo, por eso le dicen “La paciente”.
También hay que recordar que Educación Física junto con Zootecnia, dentro del rectorado de Luis Rivera Campos, fueron las 2 facultades en las que no pudieron designar director y que impusieron a gente a quien se consideraba que no tenía el perfil adecuado, en especial en la primera de estas; en una situación a la que también habría que relacionar, al titular de la Dirección de Deportes Actividades Físicas y Recreativas de la UACH y esposo de la presidenta del TSJ, Óscar Erives, de quien se dice, que al igual que Ortiz Rodríguez, también trae su desorden muy particular.
Carlos Alpízar operó en contra de solicitud de información por parte de Bryan Carlos LeBarón Jones
La asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, informó este día, que la Secretaría de la Defensa Nacional habría solicitado resoluciones favorables en temas de su interés a Carlos Antonio Alpízar Salazar, el exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura federal y considerado mano derecha del exministro y expresidente del Poder Judicial, Arturo Zaldívar.
De acuerdo a la investigación efectuada por Mexicanos contra la Corrupción y que está disponible en sus redes sociales, Carlos Alpízar ha sido señalado en denuncias presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal, por presiones en contra de jueces y magistrados, para obtener fallos favorables en amparos, sentencias y vinculaciones a proceso, que eran de interés del Gobierno Federal.
El organismo no gubernamental, destaca que en dos ocasiones entre junio y diciembre del 2021, la unidad de asuntos jurídicos de la Sedena envió dos oficios, en los que solicitó la intervención de Carlos Alpízar.
Según se dijo, la Sedena, solicitó la intervención para que se negara el amparo a Moisés Manzur Cysneros quien trataba recuperar el 33 por ciento de la superficie, del predio Rancho Las Mesas, que un juez de control, había declarado en abandono a favor de la Federación.
En otro asunto solicitó, que también se revocara la admisión de una demanda de amparo promovida por Bryan Carlos LeBarón Jones, quién señaló que tanto la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República, fueron omisas al no garantizar el derecho a la información, al no atender debidamente una solicitud, a través de la que se buscaba conocer el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos.
Ese expediente fue difundido por la FGR, con un buen número de secciones testadas, lo que impedía conocerlo adecuadamente, según la consideración. Lo anterior como parte de los encargos que el Gobierno Federal confiaba al operador del ministro Arturo Zaldívar, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se influyera en los juzgadores.
Empresas y municipios podrán acceder a apoyo de 1.5mdp por proyectos de cuidado del agua
Se emitió convocatoria de Incentivos Económicos para Eficientar el Manejo del Agua dirigido a Proyectos Ejecutivos relativos a la Disponibilidad y Usos del Agua; Mejoramiento de su Calidad; Conservación y la de los Ecosistemas Vitales Vinculados.
El apoyo está dirigido a Personas Morales y Municipios del sector rural del Estado de Chihuahua, que quieran eficientar el uso del recurso hídrico, para el diseño y la implementación efectiva de políticas públicas socialmente aceptables, y la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la definición e implementación de las políticas públicas de gestión del agua.
El monto del apoyo máximo es de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto.
Se seleccionará como persona beneficiaria a aquella que cumpla con el objetivo, los criterios, requisitos generales y específicos del Programa Presupuestario, hasta agotar la disponibilidad presupuestaria, notificándosele en su caso, la procedencia del apoyo.
Las solicitudes podrán presentarse en el Departamento de Uso Sustentable de Agua tercer piso de la Secretaría de Desarrollo Rural, ubicada en Ave. División del Norte No. 2504, Col. Altavista, C.P.31200, Chihuahua, Chih.
Para mayor información respecto a esta convocatoria, la persona interesada podrá dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua, o bien llamar al teléfono 614 429 33 00 ext. 12514, 12536, 12552 y 12573 y a los correos electrónicos karlaivonne.hernandez@chihuahua.gob.mx luisalan.garcia@chihuahua.gob.mx
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