Tips en Cascada, 19 de agosto 2017

+  ¿Discriminación o violencia al Estado Laico?

+ Pasa reforma electoral,  resta aprobación de municipios.

+ Solo bajo presión, presupuesto a Juárez para justicia

Debido a que no han localizado al sacerdote jesuita, Javier Ávila, para notificarle de la audiencia que se celebrará el día 8 de septiembre con motivo de la queja que presentó Rodolfo Leyva en su contra por el nombramiento que se le hizo por parte del Congreso, copartícipe el Estado como comisionado de atención a víctimas, que señala que violenta el estado laico, se decidió llevarle oficio a la oficina pública, es decir a la sede de la comisión ejecutiva, esto a unas horas que Irma Villanueva anunció que tienen ya preparada la defensa, sin embargo hay que recordar que la queja no es en contra de la comisión ejecutiva sino contra su compañero comisionado, el ejecutivo y el legislativo.
Habrá que revisar si no hay desvío de recursos públicos en la defensa del Estado hacia el sacerdote jesuita sobre todo cuando se le trata de convencer que permanezca en el cargo  y le muestran  apoyo funcionarios trasladándose hasta Creel y en los espacios de publicidad del gobierno como fueron las capsulas informativas, donde por cierto se le señala que destituirlo es un acto discriminatorio cuando la constitución establece la laicidad que no es otra cosa que una garantía de la no intromisión del Estado en las cuestiones religiosas, así que nomás falta ver que un dirigente de partido asuma el cargo de presidente del órgano electoral.
Será interesante la respuesta  que se le dé por parte del Estado al juez federal a la luz de la Constitución en la defensa de Javier Ávila, cuando se argumenta que es una discriminación religiosa, cuando se le niega el interés jurídico a Rodolfo Leyva, que se argumenta que no es funcionario público y demás defensa que se le pudiera ofrecer, pero que no sea con el código de los empleados sino en la realidad administrativa que implica la relación de la comisión ejecutiva con el gobierno estatal, el manejo de los recursos públicos y las facultades jurídicas de información privada  que manejan los comisionados de atención a víctimas y que los ciudadanos comunes que no son funcionarios no pueden conocer.
Los  diputados de Morena, Leticia Ortega y Pedro Torres, fueron los principales actores que motivaron a los “Kumamotos” de Chihuahua para presionar al PAN como mayoría a incluir dentro de la reforma electoral a sabiendas de que no prosperaría y con el único fin de que el costo político a futuro sea que los diputados panistas sean los principales señalados como opositores de la reducción de los recursos públicos a los partidos políticos.
El doble discurso de Morena en Chihuahua es que  en Guadalajara es el principal opositor de que se modifique el financiamiento a los partidos políticos, pues de acuerdo a la controversia constitucional que se promovió por la reducción que se les hizo del erario se ve acompañada de los partidos Nueva Alianza y el Verde Ecologista de México, así que  no tienen cara para abanderar  un tema con baños de pureza cuando  ante la misma Corte se aferran a seguir mantenidos por el pueblo.
La sesión del Congreso del Estado se adelantó a las 9 horas del viernes y el motivo tuvo que ver con el lograr que este sábado se pueda publicar en el periódico oficial del Estado la conclusión de los trabajos que se desahogaron como son el tema de la reorientación de los 55 millones de pesos del poder judicial, pero ante todo lo relacionado a la reforma electoral para estar en condiciones de que una vez publicados los trabajos sean a la brevedad circulados a los 67 ayuntamientos del Estado para que sesionen la próxima semana, lograr la declaratoria oficial y su publicación antes del último día de agosto.
El diputado del PAN, Gustavo Alfaro puso en tela de duda la generalidad que la Constitución Política de México hace con respecto a los ministros de culto impedidos para ocupar cargos públicos, pues aunque tiene fama de predicador ante la ciudadanía  y de capellán facultado para oficiar  misa, evocó a una ley reglamentaria  al asegurar que no es ministro de culto por no estar censado ante la secretaría de gobernación y que mientras no esté como tal no le impide profesar como evangélico.
Esto pone en duda al mismo Javier Ávila en su registro ante la Segob y fama en el colectivo popular de ministro de culto, tanto que Gustavo Alfaro  no tuvo de otra que acceder  que se debe revisar la legalidad de su designación como comisionado de la atención a víctimas, pero claro en este caso si a la luz de la Constitución Política Mexicana, porque si está censado ante la secretaría de gobernación federal.
Mucha actividad fue la que demostró el abogado del Estado, Javier Corrales, al participar de la operación política del PAN y PRI para concretar la propuesta de reforma electoral, con el cambio de información con el líder de la fracción mayoritaria en el Congreso  luego que la fracción de Morena tronara en contra al denunciar la exclusión de varias de las iniciativas que promovieron y por las que se juró un acuerdo previo.
El coordinador de los diputados del PAN, Jesús Villareal y el dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monje ya amarraron la votación de los ayuntamientos necesarios para la aprobación y declaratoria de reforma electoral, tanto que se supo que una vez que se publique en el periódico oficial este sábado se turnará de manera inmediata a los cabildos para que estos sesionen la próxima semana y con esto tener el tiempo suficiente para la publicación antes del 31 de agosto.
Si no fuera por la diputada Adriana Fuentes Téllez no se logra que el Instituto de Servicios Previos a Juicio mantenga la importancia en Chihuahua como una herramienta necesaria para combatir la puerta giratoria que afecta los procesos judiciales, pues fue ella la que apeló a que se mantuviera un  presupuesto de 20 millones de pesos y no sólo eso sino que este organismo se divida en Juárez y Chihuahua, para evitar que siga habiendo un rezago y diferencia entre la zona de mayor población y la capital del estado.
Se les cumplió la exigencia  a base de presión que ejercieron los abogados juarenses para que se les destinaran casi 30 millones de pesos para las salas judiciales, el centro de convivencia, de mediación, entre otros organismos con los que cuenta la capital del Estado más allá de la ciudad judicial que fue obra del sexenio anterior, con lo cual de alguna manera se le hizo justicia, ya que quedó el compromiso de replantear el presupuesto de nueva cuenta en el próximo ejercicio fiscal.

Por: Eduardo León
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