¿Se debe de aprobar o no la Ley de Seguridad Interior?

Por Alejandro Leyva Martínez

@AlejandroLeyvaM

Las fuerzas armadas además de servir para la defensa del país han sido empleadas como apoyo a la población civil en caso de desastres naturales y de forma creciente han sido empleadas como último recurso para combatir la crisis de inseguridad que ha afectado al país en los últimos lustros.  Al más puro estilo mexicano las fuerzas armadas se les ha encomendado labores de seguridad pública sin estar expresamente facultadas para ello en la Constitución Federal ni en sus leyes secundarias, lo que ha ocasionado tensiones innecesarias entre los mandos castrenses y las autoridades civiles al mando de ellas.  

México a lo largo del siglo XX tuvo varios presidentes que fueron militares, pero desde la llegada a la Presidencia de la República de Miguel Alemán en 1946 las fuerzas armadas han dejado de ser el escalón para el poder político.  A diferencia de otros países latinoamericanos México no sufrió en la segunda mitad del siglo XX golpes de estado, donde los militares depusieran a las autoridades civiles.  Las fuerzas armadas mexicanas se han mantenido dentro de los cauces institucionales, sin embargo, el tener a los militares mexicanos haciendo labores para los cuales no están expresamente facultados solo es una receta segura para generar problemas al país.  Durante el sexenio de Felipe Calderón el rol de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia se vio incrementado de manera sustancial, pero sin que hubiera un marco legal que normara las nuevas funciones que se les estaba encomendando, lo cual dejaba en estado de indefensión legal a los propios militares y de pasada erosionaba al resto de las instituciones de este país.   El modelo de combatir a la delincuencia usando a las fuerzas armadas principal recurso se continuó en la actual administración federal.  Vaya, hasta el propio AMLO propone en su proyecto de gobierno seguir utilizando a las fuerzas armadas en estas labores.   

En días pasados se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que tiene por objeto normar el actuar de las fuerzas armadas en labores de combate a la delincuencia.  Dicha minuta ya fue enviada al Senado de la República para ser discutida y en su caso aprobada.  Esta ley está en discusión desde hace varios años y tiene como fin darle un marco legal a la salida de las fuerzas armadas de los cuarteles para combatir al crimen.  Lo más probable es que en las próximas semanas, antes del receso legislativo de fin de año, sea aprobado este dictamen para por fin después de muchos años y mucha tinta y saliva gastados en el tema, las fuerzas armadas tengan un marco legal que regule claramente lo que han venido haciendo desde hace lustros.

Han surgido varios detractores de esta ley que acusan que lo que se pretende es militarizar al país de cara a las elecciones del 2018, o quienes como Javier Corral dicen que le restan capacidades a los estados y municipios para fortalecer sus propias policías.  Es curioso que Javier Corral opine en este tema.  El como diputado federal entre 2009 y 2012 fue presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados donde la iniciativa de ley fue congelada por los prejuicios del propio Corral.  Ahora Corral se queja de las supuestas fallas de esta ley, cuando él tuvo la oportunidad de redactar una ley que diera forma legal a la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin los fallos que según él contiene el dictamen aprobado recientemente.  Por un lado, Corral pide el apoyo y la presencia de las fuerzas federales para combatir la inseguridad en el Estado, lo que en base a la realidad de los recursos disponibles a la Federación forzosamente implica al Ejército y a la Marina, pero por otro lado critica los esfuerzos legislativos para darles a los militares un marco legal a su actuar de tal manera que puedan hacer la labor encomendada de la mejor manera posible.  Eso en pocas palabras se llama incongruencia.  A estas alturas no debiera extrañarnos lo que hace Javier.  Sigue enganchado en la lógica de la declaración irresponsable.  Todavía piensa que sigue siendo legislador, no entiende que ocupa un cargo de carácter ejecutivo, y cómo dijo Don Téofilito… ni lo va a entender…

Hay que decir las cosas tal cual y como son.

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