Tips en Cascada, 24 de febrero 2018


+ Se complica el escenario para Anaya 
+ Indirecta de JC al Congreso sobre LPC
+ El juego político sobre las auditorías 

La competencia presidencial en México pudiera dar un giro sin precedentes, por las investigaciones que se realizan al joven maravilla, pues cuando Ricardo Anaya niega conocer al empresario Manuel Barreiro señalado de presunto lavado de dinero, se destapa que es amigo no sólo de su familia, sino también de la de su esposa Carolina Martínez, según obra en un video en redes sociales en el que se da a conocer  que pese a la negativa de Anaya Cortés de supuesto lavado de dinero con Manuel Barreiro por 50 millones de  pesos, resulta que Barreiro Castañeda podría ser prestanombres del aspirante presidencial  y está casado con Ana Paula Ugalde Herrera quien es amiga de Mariela Anaya y Carolina Martínez, hermana y esposa de Ricardo Anaya, según muestran fotografías en redes sociales y que en 2015 la esposa de Barreiro inauguró una boutique a la que acudieron la hermana y esposa de Anaya, aún hay más, el cuñado de Barreiro Álvaro Ugalde Herrera trabajó para Ricardo Anaya en el gobierno de Francisco Garrido y el suegro de Anaya fue invitado al bautizo del hijo de Manuel Barreiro. Barreiro Castañeda ha sido mencionado por empresarios sobre la supuesta relación con lavado de dinero en empresas de lotes, bodegas y naves industriales en Querétaro, con recursos que recorrieron paraísos Fiscales y terminaron en empresas fantasmas que ahora motivan investigaciones en pleno proceso electoral…¿qué tal?
Exhibición del diputado Israel Fierro Terrazas era la intención de la dirigencia estatal de Encuentro Social respecto a su voto junto con el PAN en contra de la transparencia de los gastos de la Caravana por la Dignidad, pues al parecer el haber entregado el extrañamiento a través de oficialía de partes del poder legislativo no era necesario para abordar un asunto de carácter interno que debió como tal resolverse al interior los órganos de justicia ante la cual se supo que el legislador si presentó la respuesta en donde reprocha que el partido se extralimitó en las formas en que se le cuestionó su voto. Pero nada de reconocer esta curiosa “empatía política” que ha mostrado ya de tiempo atrás el legislador para con la bancada albiazul, relación por la cual se le conoce e identifica como “el diputado 17”… 
Se supo que el PAN en el Congreso del Estado no ha invitado al diputado de Encuentro Social, Israel Fierro a sumarse a sus filas como un miembro más en el Congreso del Estado a manera de represalia en contra de la dirigencia del PES, pues ha ocurrido en pasadas legislaturas que por berrinches algunos legisladores terminan por renunciar a la representación del partido que los impulsó, más no a la militancia que son cuestiones distintas, por lo que el legislador de Delicias continuará representando hasta el final de la legislatura al partido en mención y hasta hará acto de presencia en la marcha por el día internacional de la familia que se tiene contemplada el 4 de marzo próximo.
Hablando de formas, tal parece que muchos tomaron como un chascarrillo el comentario del gobernador Javier Corral hacia el legislador Jesús Villarreal Macías, líder de la fracción mayoritaria del Congreso del Estado por aquello de que tomara nota que ya han pasado 317 días, casi el año, en el que propuso la Ley de Participación Ciudadana para el Estado y no ha sido dictaminada y aunque la expresión causó risa en varios de los presentes, fue evidente el peso político del mandatario sobre la vida interna del poder legislativo y de la fracción panista, pues aunque esto no deja al Estado muy bien posicionado a nivel nacional con aquello del empoderamiento ciudadano en el marco del gobierno abierto, tal parece que la mejor manera hubiera sido enviar un oficio a la comisión correspondiente para interpelar el porqué de la tardanza y trabajar de manera coordinada en sacar adelante esta propuesta de ley.
No tarda  Jesús Villarreal Macías en negociar que la Ley de Participación Ciudadana pase a comisiones unidas porque al parecer en la comisión encargada de su estudio, el único panista como integrante al que se le ha dado el derecho a la reelección es al legislador Gustavo Alfaro Ontiveros, pues de los demás legisladores se encuentran aquellos que por el momento y la víspera electoral no están muy a favor del PAN gobierno como son Rocío Sáenz a quien se le ha negado información en materia de salud que ha solicitado, la diputada Martha Rea y Pérez de Nueva Alianza representante del magisterio a quien al gobierno no sólo le adeuda sueldos y prestaciones sino que además no ha accedido a varias peticiones como la destitución del secretario Pablo Cuarón, y Héctor Vega Nevares del PT con quien aunque su partido va en alianza con Morena de igual manera ha sido crítico en las políticas de salud del gobierno estatal.
Son un total de 50 iniciativas que ha enviado el ejecutivo del Estado al Congreso local, sin embargo de las  que quedan pendientes la desincorporación de diversos inmuebles del régimen de dominio público del Estado para venta, que por cierto al parecer sigue en estudio por algunas contradicciones, algo así como lo que ocurre con la que envió para reforma la ley orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional, la del Servicio Profesional de Carrera y estructura orgánica de la Fiscalía, inscripción de prestadores de seguridad privada y las sanciones que crea la policía comercial y bancaria, entre otras más que sumarían cerca de 10 en estado pendiente de dictamen y no sólo la de participación ciudadana que ahora fue reclamo a la legislatura por parte del gobernador del Estado.
Lo que no se ha dicho es quién ha sido designado para el cargo que desde mayo del año pasado dejó acéfalo Carlos Angulo para irse de candidato del PAN a la alcaldía que terminó en manos de  Ramón Galindo cercano al gobernador Javier Corral y que le compensaron al ex legislador con la candidatura por la diputación federal del PAN, ya que Angulo Parra al declinar en favor de Javier Corral a la gubernatura fue integrado como parte del gabinete encargado en la política estatal de gobierno abierto que el día de ayer tuvo referencia en Chihuahua con la instalación del secretariado técnico que rindió protesta ante el mandatario estatal.
Al parecer la denuncia que presentó la diputada Isela Torres del PRI en contra de la Auditoría Superior del Estado por supuestamente omitir la fiscalización a once organismos entre ellas varias Secretarias Estatales, fue más un acto electoral y de reflectores para la oposición, pues fue el Congreso del Estado quien autorizó el Plan Anual de Auditoría en el que no se revisa secretaría por secretaría sino que estas se incluyen dentro de la cuenta anual del gobierno del Estado, algo que provocó que se respondiera con la misma intriga como se cuestionó sobre el interés de pretender separar secretaría por secretaría cuando la cuenta pública del Estado tiene hasta el último de este mes para ser entregada ante el congreso del Estado y a su vez sea turnado a la ASE para iniciar con el proceso técnico de fiscalización.
Lo que no se ha dicho por el Poder Legislativo de Chihuahua es que la reducción que se le negó a la Auditoría Superior del Estado para este 2017 provocó que de 39 auditorías de gabinete se redujeran a un total de 7, es decir que ahora la fiscalización en campo se realiza en sólo 7 entes fiscalizables entre ellos los principales ayuntamientos y no como anteriormente se acostumbraba para dar mayor claridad  en la revisión y supervisión en físico, lo que podría generar que el mismo Congreso Estatal haya abonado en la opacidad pues el aumento era necesario, Armando Valenzuela les advirtió y ahora con menos dinero y el mismo personal se está realizando el trabajo como en 2017, pero ahora con la diferencia de que ésta reducción de 30 auditorías de gabinete han servido como plan de austeridad para sostener el faltante que los legisladores negaron para el trabajo fiscal en Chihuahua, a menos de que haya sido plan con maña, ya que ahora los entes a revisar corresponden a las actuales administraciones municipales y la estatal.
Aparentemente los casos de corrupción no trascienden hasta el gobernador Javier Corral pues cuando se le cuestionó sobre el desvío de recursos por parte de un ex funcionario de Educación, se le tuvo que explicar en primera instancia quién, cómo, cuándo y dónde se efectuó el acto para que luego pudiera dar respuesta al hecho, con el refrendo de todo su apoyo a las decisiones que tome la Secretaria Stefany Olmos Loya, titular de la Función Pública y encargada de vigilar el comportamiento de las entidades estatales así como de sancionarlas de ser el caso… quien sabe si filtro lo ponen sus allegados o el detalle es en otra parte, lo cierto es que tratándose de casos de ésta índole que podrían significar incluso el reposicionamiento de su gestión al exhibir que en su mandato ninguna persona quedará impune, el manejo y flujo de la información aparentemente no es vertical, es decir, hacia arriba.
El caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach cumplió 11 meses, y sus familiares sin justicia pues desde su asesinato el pasado 23 de marzo la Fiscalía General del Estado únicamente puede presumir la detención de un presunto responsable, a quien se le considera como el encargado de coordinar y supervisar que el crimen se llevara a cabo, sin embargo, de los autores intelectuales aparentemente no se tiene nada.
Tampoco se ha podido determinar la responsabilidad de más personas -militantes de un conocido partido- en el asesinato pese a que el Ministerio Público señaló varios nombres en la audiencia de vinculación a proceso de “El Larry” que, con tal de deslindarse de quitarse de encima a unos sicarios, prefirieron grabar a la oriunda de Chínipas y entregar el audio a líderes de un grupo delictivo, mismos que dieron la orden de terminar con la vida de la periodista. Aparentemente se va a cumplir el año de su homicidio y la Fiscalía General del Estado seguirá sin sentenciar a ninguno de los involucrados pues el único detenido tendrá audiencia en un mes y medio para determinar si la investigación complementaria concluye o se alarga el plazo de la misma.
Justicia selectiva le llaman algunos.
Viernes caótico para la entidad pues en un sólo día al menos 5 diferentes manifestaciones se suscitaron siendo 3 de ellas en Palacio de Gobierno: integrantes de la UNTA exigieron 40 toneladas de frijol para familias de escasos recursos, miembros del sindicato ferrocarrilero protestaron por el bloqueo en las vías que mantienen los productores de leche en la región de Delicias, mismos que exigen que se eleve el precio de compra en el litro, Resistencia Ciudadana pidió frenar el decomiso de autos chuecos y la devolución de 14 automotores confiscados en diciembre pasado, así como también varias familias que pedían al gobierno de María Eugenia Campos les permita seguir trabajando en el programa de destilichadero en las colonias, y productores de frijol en la caseta a Cuauhtémoc que buscan mejorar el precio de compra, a estos últimos es al quienes peor les fue pues a 20 de ellos se los llevó la Policía Estatal por supuesta obstrucción del paso libre en la carretera… Dura Lex, Sed Lex… 
El desalojo de los productores de frijol fue condenado como un acto de represión y violencia por parte del Estado en contra de personas indefensas que únicamente buscan asegurar las ganancias de sus cosechas, situación que podría haberse dado también con el paro que mantenían los lecheros en las vías del tren pues según se dijo por las autoridades, al ser propiedad de la Federación, la PGR habría podido solicitar a la Fiscalía General intervenir en el plantón y terminar con él. Sin embargo, no hubo necesidad de la fuerza federal pues los productores acordaron retirarse con el compromiso de que el Estado los acompañara de nueva cuenta a la Ciudad de México a fin de dialogar con funcionarios federales, aunque posiblemente no les quedaba de otra a los lecheros pues ese mismo viernes el gobernador señaló que mientras existiera el bloqueo no habría apoyo del Estado.
Arturo Limón, director del Campus Chihuahua en Upnech cedió a la auditoría que busca llevar a cabo la Función Pública, sin embargo, sigue en negociaciones con el Secretario Pablo Cuarón Galindo pues no cesa la intención de lograr la salida de Victoria Chavira Rodríguez de la rectoría de quien por cierto señalan que beneficia a una escuela privada de la cual es propietaria con recursos de la Universidad.
A Pablo Cuarón no le quedó de otra más que afirmar que así como se auditará el trabajo del profesor Limón, también se hará lo mismo con la rectora a fin de corroborar la veracidad de las acusaciones por desvío –otra raya más al tigre de la Educación- sin embargo las cosas no van tan parejo pues mientras el director tendrá que separarse de su cargo el tiempo que dure la auditoría, Victoria Chavira muy probablemente seguiría en el ejercicio de sus funciones.
El Secretario de Educación no se explica cómo es que docentes de la Sección 42 del Snte pueden vivir meses sin sueldo y con adeudos de hasta 12 meses, mientas que apenas se busca arreglar la situación. Dicen que a más tardar en la próxima quincena se ponen al corriente con los adeudos, ¿será que al menos uno de los problemas que reinan en Educación tendrá por fin solución?
Una burla consideró el gobernador Javier Corral Jurado en torno a las declaraciones de la diputada priísta Isela Torres al señalar un subejercicio de 11 mil millones de pesos durante el 2017, dice que las cosas no están para dejar ir lo que uno tiene y por el contrario, hasta pleito salió con la Federación cuando se le dijo a Chihuahua que no se realizaría el pago de 900 millones de pesos que le correspondían a la entidad. 
Lo que no puede negar al mandatario, señalan, es que al menos 15 millones 500 mil pesos sí se le fueron de las manos ya que la Dirección de Turismo no los ejerció ni de una, ni de otra forma… aún así dicen que no hace falta un director en el área pues el Subsecretario Jesús Mesta Fitzmaurice puede con dos cargos a la vez, así que prisa lo que se dice prisa por conseguir Director para Turismo no hay.

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