Piden 180 días para reparar daño a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos

La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) propuso modificar la Ley General de Víctimas para que la reparación integral del daño pueda realizarse con una combinación de dinero y en especie, en un plazo no mayor a 180 días naturales.

Esta iniciativa de reformas al artículo 155 de dicho ordenamiento, turnada a la Comisión de Justicia, busca no postergar acciones que permitan, a quienes sufrieron un delito, superar las secuelas de ese hecho.

Explica que la Ley General de Víctimas establece mecanismos de reparación del daño para víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, y para dar cumplimiento a sus preceptos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones respectivas constituidas en los estados se encargan de efectuar la reparación en términos legales.

No obstante, los procedimientos ágiles que establece la Constitución no siempre lo son pues, por ejemplo, a casi 4 años de aquella terrible noche del 26 y 27 de septiembre, las víctimas del caso Iguala, “tanto los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, como los jugadores del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, no han conseguido la reparación integral del daño sufrido”.

Esas víctimas directas, indirectas y circunstanciales, han recorrido un largo camino buscando ser reconocidas como víctimas de violaciones de sus derechos humanos. “Han encontrado barreras en términos de acceso a recursos legales y para sortear los arduos caminos de la burocracia”.

Gaytán Hernández precisa que la Ley General de Víctimas establece plazos perentorios para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, además, de que la Comisión Ejecutiva tiene 90 días para determinar el monto de una compensación en forma subsidiaria.

“Sin embargo, no cuenta con un plazo establecido para efectuar la reparación integral del daño a las víctimas, por lo cual hay procesos aún inconclusos de personas víctimas que no han sido objeto de la reparación del daño que por derecho les corresponde”.

 

Ello retrasa el proceso de superación de las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, y las coloca en condiciones agravadas debido a situaciones derivadas del delito hecho que dio origen a la victimización, o sin herramientas emocionales, físicas, de salud o materiales que les permitan superarlo.

De ahí que plantea establecer en el artículo 155 que la reparación integral pueda pagarse con una combinación de moneda nacional y en especie o con la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva.

Además, que en cualquiera de las formas en que sea determinada la reparación integral, ésta deberá efectuarse en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva.

Por: Antonio Hernández

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El negocio de los uniformes... sí es negocio

Como se recordará, en días pasados el gobernador Javier Corral convocó a una reunión de gabinete, el la cuál estuvo incluso su representante en la Ciudad de México el dr. Agustín Basave, quien por cierto echó buenos bostezos en esa junta, donde la mayoría de los asistentes fueron captados jugando con su celular, chateando en el whatsapp mientras su jefe, el titular del ejecutivo daba instrucciones. 

También se recordará así mismo que uno de los puntos que se dio a conocer de manera pública fue que se había decidido que del presupuesto destinado a la manufactura de uniformes, el 30% fuera para empresas locales.

El dato no habría sido ni medianamente trascendente de no ser porque el propietario de una firma de uniformes con sede en Aguascalientes, vino a Chihuahua y por órdenes superiores ¿de quién? saque usted sus conclusiones, fue atendido por tres secretarios del gabinete, a quienes propuso encontrar a 40 artesanos locales que realizan hechura de uniformes... cosa curiosa porque en Chihuahua las empresas de este rubro están muy localizadas y no llegan ni a diez, a pesar de aquellas que son micro empresas.

El dato es sobresaliente porque el presupuesto para hacer uniformes es de 160 millones de pesos, lo que llamó la atención del sector empresarial de Chihuahua porque sonó muy extraño que se le diera una atención de esa manera a un tipo que, proviniendo de Aguascalientes, se llevaría al bolsillo más del 70% del presupuesto para uniformes, cuando de manera local y con la participación de empresas muy preparadas en el ramo, con gente que elaboran uniformes con gran calidad en ese tipo de proveeduría...

Así que un contrato millonario, que se gesta bajo esas circunstancias con la anfitrionía de tres secretarios de Estado a un empresario hidrocálido, llama bastante la atención y por supuesto a la suspicacia.

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