Consideraciones sobre la debatida “Reforma Educativa” (III)

Jacinto Gómez Pasillas

 

Planteaba en colaboración anterior como una interrogante ¿Qué leyes y reglamentos debieran derogarse  y / o sustituirse o modificarse?

En 2016 en un artículo con motivo de la celebración cívica del 5 de febrero,  comenté, por los constantes cambios que se le han hecho  a lo largo de la historia contemporánea, entre otras consideraciones; que “la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos se ha convertido en un documento pesado y complejo en su aplicación e interpretación, llevándola incluso de Norma Fundamental a Norma Reglamentaria en buena parte de su articulado”.

Esta tendencia ha sido criticada por un prestigioso jurista, el cual dice con un dejo de ironía “L os mexicanos queremos poner todo en la constitución….”

Esto en relación a las modificaciones hechas al artículo  3° constitucional; que en todo caso debían haber sido incorporadas por su carácter reglamentario a las leyes y disposiciones que inmediatamente después se promovieron y aprobaron en el afán de una Reforma Educativa ah-hoc a los fines políticos del gobierno que está por  fenecer, y con las que inició esta reforma fallida.

Afirmó lo anterior para coincidir con la intención declarada del equipo del Presidente Electo de México, de reformar el artículo 3° de la constitución para considerar la Educación Superior como una obligación del Estado. Esto  es acorde a la necesidad de integrar todos los niveles educativos, a los urgentes  planes de atención y solución a la creciente Inequidad Educativa, Desigualdad Social y estancamiento de la Permeabilidad Social, en todas sus causas y manifestaciones. Esta adición al texto constitucional del artículo 3°, debe necesariamente acompañarse con la modificación de fracciones e incisos del mismo y   la supresión de diversos párrafos que se le incorporaron para validar jurídicamente el carácter represivo y controlador de las facultades del gobierno a través de la autoridad educativa.

En términos generales al artículo 3° constitucional habría que hacerle una adición a su 1er. Párrafo para incorporar el nivel de Educación Superior.

 Igualmente habría que hacer modificaciones y supresión parcial de textos en las fracciones: III; V; IX  y sus incisos a, b, y c.

 Derivado de lo anterior debería considerarse como urgente:

  • La revisión y adecuación (mediante supresión y/o modificación) de algunos artículos, fracciones, incisos y párrafos de los mismos, en los diferentes capítulos de la “LEY GENERAL DE EDUCACIÓN”.
  • LA DEROGACIÓN de la LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (vigente desde el 11 de septiembre 2013); y la creación de una nueva normatividadreglamentaria de las condiciones generales del trabajo; de las obligaciones y derechos de los Trabajadores de la Educación (Docentes, Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Directivos y demás); de la relación laboral de las autoridades educativas con las representaciones legales (sindicales) de los propios trabajadores; y en general de la relación entre autoridades, Padres de familia alumnos y comunidades.

 

  • La derogación inmediata del ”PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA” y la recuperación de los Lineamientos Generales y Específicos de Carrera Magisterial, así como de “ Carrera Administrativa”; mediante un nuevo documento reglamentario que mejore y adicione el marco regulador de las promociones y estímulos correspondientes al magisterio en sus diversos niveles y áreas del servicio educativo, en base al acuerdo y participación corresponsable y proactiva del magisterio como individuos y como gremio a través de sus legítimas representaciones.
  • DEROGACIÓN DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, y sustitución por una nueva reglamentación que considere y se base en una evaluación integral e incluyente, que considere entre otras premisas fundamentales:
  • La evaluación educativa como un proceso dinámico, de corresponsabilidad y coparticipación de sus actores principales (autoridades y trinomio educativo).
  • La evaluación educativa como un proceso general que considere y evalúe no solo a los individuos y colectivos responsables de la actividad docente, sino que incorpore la valoración y peso de los factores del entorno social, económico y cultural que inciden y afectan la eficiencia del trabajo docente y el aprovechamientoescolar.
  • La evaluación educativa, como un proceso devaloración que con base en parámetros y objetivos nacionales, sea diferenciado por regiones, que tome en cuenta las condiciones de mayor o menor desigualdad social y/o inequidad educativa que inciden en la eficiencia del desempeño docente y el aprovechamiento escolar, así como las condiciones de accesibilidad a la tecnología, la comunicación, entre otros factores del entorno social en que se ubican las escuelas. Adicionalmente, que dentro de las diferencias regionales, reconozca e incorpore la valoración de las diferentes condiciones de desarrollo entre medios urbanos, suburbanos, rururbanos y rurales.
  • La evaluación del desempeño docente, como un proceso no solo de autoridad, si no de corresponsabilidad de los maestros como sujetos a una evaluación que considere (igual que con los alumnos) la autoevaluación y la evaluación colegiada, así como la comprobación y revisión (en su caso) transparente y objetiva de resultados.
  • La revisión, ajuste y modificación (según c/caso) de normas y reglamentaciones específicas para el servicio educativo (administrativas y de docencia) como:

 

“NORMAS DE INGRESO, PROMOCION Y ESTIMULOS EN ESCUELAS NORMALES”.

“NORMAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS, ACREDITACIÓN, REGULARIZACIÓN,PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EDUCANDOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA”.

 

Planteaba también otra interrogante ¿Qué con la equidad educativa y la influencia de los factores de desigualdad social en la calidad de la educación?

Las escuelas deben ser vistas y atendidas, no como meros centros de enseñanza escolarizada o áulica; deben ser consideradas no solo retóricamente sino en los hechos de la acción oficial, como “ comunidades educativas” en las cuales Maestros y Padres de Familia interactúan de manera sistemática en beneficio de los alumnos como beneficiarios dentro del “ trinomio educativo”, abriendo las puertas y motivando la participación solidaria y colaborativa de la comunidad social ( sobre todo del entorno escolar).

La realidad del sistema educativo en México ha sido y es de una profunda inequidad en las escuelas de todos los niveles, más o menos aguda según las grandes diferencias de desarrollo e integración económica, social y cultural de las diferentes regiones del país (básicamente Norte, Centro, Sur y Sureste).  Esta desigualdad educativa (en todos sus aspectos) va asociada y es parte y consecuencia de la desigualdad social como una lacerante realidad que lastra y dificultad el progreso y mejoramiento general de la población y hace nugatorios los esfuerzos y avances de gobiernos y sociedad para la incorporación a ese progreso y mejores niveles de vida a los segmentos mayoritarios de población económicamente débiles y socialmente marginados y que incluso ha derivado a la pauperización creciente de las llamadas “ clases medias populares o bajas”.

Atacar de manera acelerada la inequidad educativa debiera ser una suma de acciones debidamente planificadas como una estrategia que forme parte de las políticas del estado, de ataque a la desigualdad social y a la pobreza en general (no sólo la extrema) como su principal manifestación y que constituye de siempre un cáncer atávico de la sociedad mexicana.

No se puede pensar en una verdadera “equidad educativa”  para las comunidades escolares y su entorno comunal si las acciones oficiales para lograrla no se plantean como parte de un todo, en que se desarrollen de manera integral y concertada las políticas del gobierno (para todos sus niveles) con la participación corresponsable de los sectores económicos, productivos y las asociaciones y agrupaciones de la sociedad en su sentido más amplio y representativo, con metas claras y precisas de corto, mediano y largo plazo; que tengan procedimientos de evaluación de avances y resultados, transparentes, sencillos y verificables.

Sí la equidad educativa “ es una de las bases fundamentales para la evaluación de la calidad del servicio educativo y de un incremento efectivo de los índices de aprovechamiento escolar, abatimiento del ausentismo y la deserción, cobertura de los servicios, aumento de las tasas de eficiencia terminal en las escuelas (sobre todo de Educación Secundaria y Media Superior); no podemos pensar en que se logren resultados significativos sin que se avance en el abatimiento de los factores de pobreza general (incluida la alimentaria) subempleo, desempleo, aislamiento, exclusión y discriminación consecuente; que afectan desafortunadamente a los diversos segmentos de población escolar a lo largo y ancho del país, ubicados en las zonas urbanas precarias y periféricas, así como en las suburbanas, rururbanas y rurales.

Por las fallas de los gobiernos en todo esto y por la falta de verdaderas políticas de estado en educación (como en otros aspectos de la acción gubernamental); se explica los relativos y magros resultados de los sucesivos regímenes sexenales de por lo menos los últimos 36 años, por cuanto a desarrollo económico eficaz para lograr niveles de integración y permeabilidad social que nos saquen del subdesarrollo.

Los sucesivos gobiernos afirman periódicamente con datos estadísticos “contundentes” que se logró sacar de la “pobreza extrema” a miles y miles de mexicanos, es decir pasaron de ser “ extremadamente pobres” a simplemente pobres, como si fuera un gran logro al cual habría que oponer la dura realidad reflejada en las mismas estadísticas, de que entre el 40% a 45 % o más de la población se mantiene en niveles variables de pobreza, y más inquietante aún, que segmentos amplios de clases medias bajas reflejan en su economía familiar niveles -por decirlo así-  de cuasi –pobreza.

Son –por decir lo menos- alarmantes los cálculos de expertos estudiosos de la economía nacional los cuales afirman que en la actualidad para que en una familia pobre o casi –pobre tengan posibilidad de ascender a un nivel socio-económico más elevado que les permita su plena incorporación a las clases medias, requerirán de 4 a 5 generaciones como mínimo, pudiendo ser hasta 9 a 10 generaciones. Esto se refleja obviamente en el estancamiento o ralentización de la movilidad social como una vía esencial de progreso para la población mexicana en general.

Un mal reflejó de la preocupante desigualdad y pobreza que padece nuestro país, lo vemos en un texto del economista Alberto Aziz Naciff , que destaca la cifras que dio el rector de la UNAM al presentar un informe de la CEPAL: “ en 2017 los recursos de los 10 mexicanos más ricos equivalen al total de ingresos del 50% de los más pobres, casi 60 millones de personas.

Jacinto Gómez Pasillas

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