La SCJN invalida la Ley de Libre Convivencia por incumplir plazos

No se respetaron los tiempos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad el decreto por el que se expidió la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco, al considerar que se dieron “graves violaciones” al procedimiento legislativo sobre la norma.

El pleno del Alto Tribunal consideró, durante la sesión de ayer, que la aprobación del decreto se dio sin respetar los plazos establecidos para el proceso legislativo, pues la norma fue aprobada como urgente, sin que se satisficieran los requisitos para ello.

Lo anterior impidió que se llevara a cabo una “deliberación democrática”, con plena participación de todas las fuerzas políticas del Congreso local.

Los efectos de la resolución se notificarán a los diputados de Jalisco sin que se vean afectados los actos jurídicos que hayan sido celebrados por los particulares, en términos del ordenamiento invalidado, indicaron los ministros.

El objeto de esta ley era regular la libre convivencia, la cual, de acuerdo con el mismo ordenamiento, es un contrato civil que se constituye cuando dos o más personas físicas, mayores de edad, con capacidad de goce y ejercicio, se asocian con el objeto de otorgarse ayuda mutua. La relación económica patrimonial se regirá por el de separación de bienes previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco.

De esta forma, la Suprema Corte de Justicia resolvió las acciones de inconstitucionalidad 36/2013 y su acumulada 37/2013, promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) y diputados integrantes de la LX Legislatura del Congreso local.

En ellas, demandaron la invalidez del Decreto 24486/LX/13, por el que se expide la Ley de Libre Convivencia, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 1 de noviembre de 2013.

Prestaciones sociales

La Ley de Libre Convivencia señala que entre los convivientes se generan derechos sucesorios, mismos que estarán vigentes a partir del registro de la libre convivencia, aplicándose al efecto lo relativo a la sucesión legítima. Otro privilegio es el derecho de reclamar beneficios de pensiones y prestaciones sociales.

 

El Informador 

Por: Redacción

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Denuncia IP simulación federal

Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.

Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.

Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.


No entiende que no entiende

De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.

No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.

La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:

A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.

C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.

 

El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz


Justicia, solo si se la piden a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.


Coincidencias

Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".

López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?

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