Cultura de la legalidad, política pública olvidada

Trabajar para garantizar la seguridad de los pueblos es una tarea constante, implica acciones transversales por parte de los Gobiernos y una estrecha relación con los ciudadanos; no podemos entender una política pública en seguridad sin estos dos elementos.
Hablar de seguridad es analizar cuatro áreas específicas de atención como lo son: prevención, investigación de los delitos, administración de justicia y centros de reinserción social; abre de referirme al primer eje de atención, la Prevención; en este apartado encontramos las acciones del Gobierno cuyo esfuerzo va destinado a evitar que los delitos se cometan; para ello, se despliegan acciones de promoción cultural, obras públicas que sirvan como igualador social, uso de los medios de comunicación para dar a conocer lo bueno y lo malo de las conductas sociales, acceso de las personas a la salud y a la educación, entre otras.
La cultura de la legalidad se encuentra en este primer apartado; reza un principio derecho que: el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento; de tal suerte que nadie está exento de los derechos y las obligaciones que las normas jurídicas nos imponen; por ello, el tener un contacto mínimo con las disposiciones legales que regulan nuestro entorno es elemental para garantizar una convivencia armónica en la sociedad.
La inseguridad que se ha vivido en Chihuahua, en mayor o menor escala, en los últimos 10 años, llevo a implementar acciones que permitieran visibilizar la necesidad de adentrarnos a un movimiento promotor de una mejor cultura de la legalidad entre los ciudadanos; así a finales de 2010 la legislatura número 63 aprobó la Ley de Cultura de Legalidad para el Estado de Chihuahua, norma jurídica que buscaba iniciar una serie de acciones que permitieran la comunicación y relación entre los diferentes poderes del Estado y los ciudadanos, mediante la creación de órganos colectivos que buscaran mecanismos de promoción de los principios elementales de convivencia en Chihuahua.
De 2010 a 2016 hablar de cultura de la legalidad se convirtió en una constante, reitero se trataba de visibilizar un problema, la sociedad no tiene un conocimiento claro de la Ley, ni las consecuencias que trae su incumplimiento; así mismo, era necesario iniciar un proceso de diálogo con los jóvenes que se estaban convirtiendo en la carne de cañón de las organizaciones delincuenciales; se crearon diversos mecanismos de conjunción de esfuerzos, los comités escolares de cultura de la legalidad desde la secundaria hasta universidad, así como en los centros laborales del Gobierno; se instaló el Consejo Estatal de Cultural de la Legalidad, ente que aglutinaba al sector público, social y privado para intercambiar ideas y desarrollar proyectos de promoción de una adecuada convivencia social; se desarrollaron una serie de paneles con invitados de alto reconocimiento por su trabajo en favor de la seguridad como lo son: Leo Lucca Orlando, exalcalde de Palermo; Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y actual senador de Colombia; Antonio Mazzitelli de la Organizacón de las Naciones Unidas; se llevaron a cabo tres cumbres para sociabilizar los temas entre la comunidad; se lograron acuerdos con los medios de comunicación para que existieran acciones conjuntas de promoción de diversos tópicos relacionados con la cultura de la Legalidad.
En fin, se llevaron a cabo esfuerzos desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública con participación ciudadana para ir construyendo una ciudadanía más informada en el tema y, con ello, más actuante en la exigencia de respeto a la Ley; con temas simples, pero  importantes, como lo son el respetar los límites de velocidad; no conducir bajo los influjos del alcohol; respetar las filas en los trámites; respetar los horarios de atención en oficinas públicas; ser puntuales en los horarios laborales y escolares; dar preferencia a los adultos mayores; no tirar basura en la calle; organizarse vecinalmente para atender los problemas de la colonia; respetar a los maestros y los maestros respetar la integridad de los alumnos; el cuidado a los adolescentes; la promoción de los derechos humanos; hablar de los valores que una sociedad acepta como validos; ser tolerantes; no discriminar; en fin acciones variadas que solo implican una cosa: Voluntad.
Aquí en la voluntad es donde el problema radica, hoy no existe un programa sobre el tema, el Consejo Estatal de Cultura de la Legalidad no esta instalado; no tenemos políticas públicas transversales sobre el tema;  se han dejado de lado las políticas públicas que permitían visibilizar el problema; me queda muy claro que la corrupción es un antivalor, que es una acción ilegal, pero no es la única; aquí radica el error del Gobierno, la acción gubernamental es monotemática, la acción en la seguridad monotemática, la acción en la justicia monotemática; descuidando temas como la cultura de la legalidad y me atrevo a decir que también se descuida la promoción de los derechos humanos de las personas.
Entiendo que al ser una política publica implementada en el Gobierno estatal anterior, no existe el ánimo, ni la voluntad política de promocionarla; pero ¿Por qué no cambiarle de nombre? ¿Por qué no hablar de Cultura Ciudadana? ¿Por qué no hablar de un programa de respeto a la Ley? ¿Por qué no implementar una política pública de legalidad gubernamental y social? en cada una de estas ideas entra el combate a la corrupción; no se debe ser omiso, hay que retomar el tema, hay que retomar las ideas, hay que promover hasta el cansancio que lo mejor en una sociedad es vivir dentro del marco de la Ley, lo contrario es mantener la incertidumbre, la ilegalidad, la complicidad, la corrupción, la delincuencia; y, en la omisión, también se tienen responsabilidades.

Tips al momento

Cerrará López Obrador con el mayor déficit fiscal en cuatro sexenios

De acuerdo con Yolanda Morales, en su colaboración para el periódico El Economista, el actual gobierno tendrá el 2024 el mayor déficit fiscal en un año electoral y el más alto en al menos cuatro sexenios, según informa con base a datos del Fondo Monetario Internacional.

Destaca que la actual administración Federal tendrá un déficit de 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al considerarlo el más alto, cuando menos, desde el año 2000, al señalar, que el antecedente más cercano de un déficit mayor al 4 por ciento, lo tenía Enrique Peña Nieto, en el 2014, cuando llegó al 4.54 por ciento del PIB.

Según expone en su texto, luego de que se mantuvo como uno de los gobiernos más prudentes en el manejo de cuentas fiscales durante la pandemia, el actual, terminará con el déficit fiscal más alto.

Con Felipe Calderón, según lo expone, el mayor déficit presupuestario fue en 2019 y alcanzó el 4.3 por ciento del PIB; mientras que con Vicente Fox, en 2003, llegó al 2.36 por ciento del Producto Interno Bruto.

Lo anterior, señala, que de acuerdo a un reporte del Fondo Monetario Internacional, en el último año, la deuda del gobierno, promediará 55.6 por ciento del PIB, menor a 58.5 por ciento del Producto Interno Bruto que representó en 2020, en plena pandemia.

Señala que los expertos del FMI proyectan que la deuda general del gobierno mexicano se mantendrá estable durante 2025 y 2026. no obstante, tenderá al alza en 2027 para alcanzar, según expuso, un máximo del 56.1 por ciento del PIB para el 2029, aumento que atribuye al pago de intereses. Así los pronósticos.


IEE en turismo político 

Varios vieron inconveniente la presencia de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto en un evento del  Plan Estratégico de Juárez y esto debido a que en este mismo encuentro hubo actores políticos de los que dicen, sólo salen a hacer ruido en cada proceso electoral.

La inconformidad de esta asistencia de la consejera del IEE llegó a grado de señalar que el proceso electoral ya inició y que si bien todo lo esta manejando el INE, al menos el IEE debería revolver un poco de trabajo al glamour y al turismo político.

A esto añaden que mientras el personal, la magistrada y magistrados del Tribunal Estatal Electoral se encuentran encerrados las 24 horas tratando de sacar adelante las impugnaciones por las inconformidades en el registro de candidaturas, por su parte los consejeros y consejeras del IEE disfrutan del tiempo electoral.

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Destaca que la actual administración Federal tendrá un déficit de 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al considerarlo el más alto, cuando menos, desde el año 2000, al señalar, que el antecedente más cercano de un déficit mayor al 4 por ciento, lo tenía Enrique Peña Nieto, en el 2014, cuando llegó al 4.54 por ciento del PIB.

Según expone en su texto, luego de que se mantuvo como uno de los gobiernos más prudentes en el manejo de cuentas fiscales durante la pandemia, el actual, terminará con el déficit fiscal más alto.

Con Felipe Calderón, según lo expone, el mayor déficit presupuestario fue en 2019 y alcanzó el 4.3 por ciento del PIB; mientras que con Vicente Fox, en 2003, llegó al 2.36 por ciento del Producto Interno Bruto.

Lo anterior, señala, que de acuerdo a un reporte del Fondo Monetario Internacional, en el último año, la deuda del gobierno, promediará 55.6 por ciento del PIB, menor a 58.5 por ciento del Producto Interno Bruto que representó en 2020, en plena pandemia.

Señala que los expertos del FMI proyectan que la deuda general del gobierno mexicano se mantendrá estable durante 2025 y 2026. no obstante, tenderá al alza en 2027 para alcanzar, según expuso, un máximo del 56.1 por ciento del PIB para el 2029, aumento que atribuye al pago de intereses. Así los pronósticos.


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A esto añaden que mientras el personal, la magistrada y magistrados del Tribunal Estatal Electoral se encuentran encerrados las 24 horas tratando de sacar adelante las impugnaciones por las inconformidades en el registro de candidaturas, por su parte los consejeros y consejeras del IEE disfrutan del tiempo electoral.

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