Corrupción y transfuguismo

Jorge Camacho Peñaloza

@Camacho_Jorge

 

Los medios nacionales informaron de la detención de Manuel Marcelo González Tachiquín el martes 8 de enero, secretario particular y de Educación del ex gobernador César Duarte, acusado de participar en el desvío de recursos públicos que asciende a 23 millones de pesos.

No se trata de la judicialización de la vida política, sino de la aplicación de la justicia que habrá de pronunciarse en un sentido u otro. Muchos servidores públicos se amparan en la supuesta judicialización de los políticos para no asumir sus responsabilidades cuando ejercían sus cargos.

En realidad, no comprenden que los excesos y presuntos delitos cometidos desde sus investiduras no sólo desprestigian injustamente a todos los servidores públicos, sino que dividen y enfrentan a la sociedad. La falta de honestidad de aquellos a quienes se les encomienda el gobierno tiene incalculables repercusiones, siendo la menor de ellas el tiempo que, si se prueba su culpabilidad, pasen en prisión.

La sospecha y la desconfianza, la suspicacia y la reserva operan como desintegradores de un entramado social cada vez más disperso. Esta situación se vuelve en contra de los que detentan el poder, puesto que cualquier llamado a la ciudadanía lo reciben oídos sordos.

Los desmanes terminan por desautorizar a los cargos mismos: ya no es si esta persona hace bien o mal su trabajo, si es competente o incompetente en el cumplimiento de los deberes del cargo; sino que el Gobernador hace mal su trabajo porque es Gobernador, o tal Secretario es ineficaz no por llamarse de determinada manera sino por ser Secretario.

Lo preocupante es el desgaste de los puestos de autoridad cuya consecuencia es el desprestigio de la democracia. La irresponsabilidad en el cumplimiento de los cargos públicos debilita a los gobiernos estatales y locales frente a la federación, incapacitádolos para exigir lo que requieren sus ciudadanos. Lo sembrado es lo que ahora se está recogiendo.

            Sucede también que quienes presuntamente delinquieron en el ejercicio de sus cargos, sin garantía absoluta de impunidad, preparan su salida acercándose a partidos políticos distintos de aquellos con los que llegaron al cargo. Despliegan estrategias de aproximación y acercamiento a la oposición para que los integre en sus filas.

No pocas veces terminan formando parte del partido que los combatió o que combatieron. El transfuguismo es desastroso en una democracia. Permitirlo evidencia la ausencia de principios y convicciones, doctrinas e idearios, de los diferentes partidos.

Toda una puesta en escena en que la apariencia está siempre al servicio de los mismos: ayer en el PRD, hoy en el PRI, mañana en el PAN y pasado en MORENA. La complicidad de los partidos con estas prácticas está fuera de duda porque no han puesto un alto y todo indica que no lo pondrán, pues apenas hay excepciones a este modus operandi.

Con todo, el cortejo a otras opciones políticas por parte de quienes concluyen su desempeño en cargos públicos no deja de ser una maniobra para apuntalar su impunidad y blindarse fernte a la sociedad a la que se deben.

            Hay todo un aparato político que, igual que encubre los excesos de unos, vela por la inmunidad de otros al amparo de su militancia en otras alternativas políticas. La irresponsabilidad y el transfuguismo político están dejando a México sin democracia, es decir, sin una disidencia legítima y autorizada para ejercerla.

Ante estas circunstancias, el ciudadano, cada vez más desamparado, se revuelve en contra de unos “representantes” que sólo se representan a sí mismos, olvidando en el mismo momento de protestar el cargo a aquellos que los votaron. La crisis de nuestra democracia es una crisis moral, la decadencia de nuestra clase política se debe a la ausencia de ciudadanos en los partidos.

Jorge Camacho Peñaloza

@Camacho_Jorge

 

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Duarte y sus derechos políticos

El ex mandatario de Chihuahua César Duarte Jáquez habría solicitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su intervención para que sus derechos políticos, tras su reciente expulsión del Partido Revolucionario Institucional, sean respetados y el tricolor no le pueda expulsar de dicho organismo partidista.

Indalfer Infante será quien tenga en sus manos dicho asunto. El ballezano, quien acumula ya 21 órdenes de aprehensión en su contra, presentó su solicitud y se generó tras ello el expediente SUP-JDC-23/2019. Infante Gonzales es el magistrado quién presentará el proyecto de resolución y, en caso de que el ex gobernador de Chihuahua ganase el litigio, al PRI no le quedaría de otra que seguir cargando con el asunto.

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